Noticia semanales 22 noviembre, 2022

PorProf. Roger López

La Admisión de los Hechos después de receptadas las pruebas: ¡Si es posible!.

Abg. Roger López

Entonces, ¿es posible la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos al final o durante la recepción de pruebas en la fase de juicio oral?. En torno a este punto, considero necesaria la reinterpretación de la institución de Admisión de los Hechos a la luz de las garantías constitucionales del imputado

Ambas Salas del Tribunal Supremo de Justicia, la Constitucional y la Penal dijeron NO y, ello, por cuanto la oportunidad procesal para la concreción de la admisión de los hechos por parte del procesado es desde la audiencia preliminar —una vez admitida la acusación— hasta antes de la recepción de pruebas, en la fase de juicio (art. 375 del Código Orgánico Procesal Penal). Es decir, la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos durante la recepción de las pruebas, en la fase de juicio oral, es extemporánea. Además, el procedimiento especial por admisión de los hechos supone que el acusado reciba una rebaja de la cantidad de pena a cambio de que renuncie voluntariamente al derecho a un juicio y evite al Estado el costo del desarrollo de un proceso judicial, extremos que no se podrían alcanzar si se aplicara dicho procedimiento especial después de recibida la prueba, cuando el juicio oral ya se encuentra avanzado y no se le evita costo alguno al Estado.

A fin de promover el estudio e interés por las Ciencias Penalìsticas, la Sala de Casación Penal, en base a su más reciente Sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia N° 318° de fecha 25 de octubre de 2022, señaló que,  “aunque el juez de juicio advierta un cambio de calificación jurídica durante el desarrollo del juicio oral –público o privado-, será contrario a derecho que se le conceda al acusado una nueva oportunidad para admitir los hechos, por cuanto este derecho feneció justo antes de la recepción de las pruebas; por tanto, consentir tal situación crearía una situación jurídica inexistente que subvertiría el orden procesal y, consecuencialmente, generaría la afectación de principios fundamentales atinentes al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Leer más

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