1.- Fuentes del Derecho Penal.

La doctrina en general, y en particular, el Dr. ALBERTO ARTEAGA SANCHEZ, definen la Ciencia del Derecho Penal, como aquella que se encargarse de organizar, coordinar y sistematizar el grupo de normas que conforman el ordenamiento jurídico-penal. A los fines de regular la conducta inapropiada del individuo y así mantener el orden en la sociedad, esta ciencia se apoya para la creación de normas penales, en las fuentes del derecho, siendo la principal fuente la Ley, en ellas se establecerán cuáles son las sanciones o penas que serán aplicables a una determinada conducta por la realización de un delito o hecho ilícito cometido.
Otro concepto de La ciencia jurídico-penal: es la disciplina científica que tiene como objeto del estudio el análisis y la sistematización del conjunto de normas que configuran el ordenamiento jurídico penal. Su método de investigación es dogmático, por lo que se circunscribe al aspecto normativo del delito.

FUENTES DEL DERECHO PENAL
Para LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA, en su libro “LECCIONES DE DERECHO PENAL”, la Fuente Productora del Derecho Penal e define de la siguiente manera: “Bien sabido es que fuente se llama al lugar de donde surte o mana un líquido, y aplicada al derecho, se podría decir que es el origen de éste”.
Cuando el jurista toma esa expresión para llenarla de contenido, puede atribuirle significado doble: fuente de producción y fuente de conocimiento. La primera se refiere a la voluntad que dicta las normas jurídicas; la otra, a la manifestación misma de esa voluntad, a la forma que el derecho objetivo asume en la vida social.
Sólo el Estado produce derecho penal. Hoy ya no emana de la Iglesia, ni del pater-familias, ni de las sociedades, aunque cada una de esas agrupaciones, Iglesia, familia o sociedad, produzcan su derecho disciplinario, que, según hemos visto no es propiamente derecho penal, puesto que éste es público y sólo emana del Estado. Este autor indica que la Ley es la única fuente productora de nuestra norma punitiva.
A pesar que este escritor indica que la única fuente de derecho es la Ley, el mismo habla de la Costumbre, la Jurisprudencia, la Analogía y Principios Generales del Derecho y por último la Doctrina, de las cuales hace las siguientes consideraciones:
La Costumbre: citando a ROBERTO VON HIPPEL; COSTA; DORADO MONTERO y BELLONI, a pesar que entre ellos se contradicen, todos tienen como criterio que la COSTUMBRE es fuente de derecho por su naturaleza filosófica y política del NULLUM CRIMEN, NULLA PENA SINE LEGA. Significa (NINGÚN DELITO, NINGUNA PENA SIN LEY PREVIA).
Ahora bien, según Luis Jiménez de Asúa, la Costumbre Contra Legem (ir contra lo dispuesto en la Leyes) y la supletoria no son fuentes productoras de derecho penal, pero cita a otros autores como lo son: FRANZ VON LISZT, ERNESTO HAFTER, ADOLFO SCHOKE, entre otros, quienes manifiestan que la Costumbre sería, aunque en segundo grado, fuente productora de derecho penal.
La Jurisprudencia: para el autor Luis Jiménez de Asúa, la Jurisprudencia no es fuente de derecho, si no que en strito sensu (en sentido estricto) no es más que la doctrina sentada por el Tribunal de Casación en sentencias numerosas y conteste, en este mismo orden de ideas, cita a DORADO MONTERO, que fiel a sus ideales, afirmara no sólo que es fuente de derecho, así como también lo es la Costumbre, sino que vas más allá porque dice que toda decisión emanada de jueces o tribunales son fuente de derecho. Así las cosas, el referido autor niega que la jurisprudencia es fuente de derecho para lo cual cita a JOSÉ ANTONIO DEL CUETO, quien fue Presidente del Tribunal Supremo de la Habana y Decano de la Universidad, quien tomó la frase de un antiguo jurista español, y tituló unos de sus mejores discurso con este significativo epígrafe: LA LEY REINA Y LA JURISPRUDENCIA GOBIERNA.
Analogía y Principios Generales del Derecho: Para el autor Luis Jiménez de Asúa ni la Analogía, ni los Principios Generales del Derecho son fuentes de derecho, asimismo, señala que en Venezuela se hace referencia como fuente supletoria cuando no hubiese disposición precisa de la Ley. No es ésta una declaración meramente interpretativa, sino que se aplicará cuando la legislación lo diga, en materia de derecho privado, da a la analogía y a esos principios generales de derecho, valor de fuente.
La Doctrina: El autor Luis Jiménez de Asúa, manifiesta rotundamente que la doctrina no es fuente productora de nuestro derecho; no lo es de derecho alguno, aunque tenga un valor descollante en la creación de un nuestro derecho. Los Legisladores, cuando componen un nuevo Código Penal, tiene bien en cuenta lo que la doctrina de los autores ha dicho sobre los defectos del que se abroga y las necesidades penales del futuro. El autor habla que la doctrina científica, sin ser fuente productora de derecho, ha tomado exagerada importancia en la práctica de los Jueces.
Igualmente hay otros autores que tienen otros criterios con respecto a las fuentes del derecho, comenzamos por la definición como aquella de donde en sí misma emana el conocimiento y alcance de la expectativa punitiva del Estado y la Sociedad. Cuando se habla de fuente desde el punto de vista jurídico y específicamente aplicado al derecho penal, se alude al origen de éste de donde emana.
En sentido general, entendemos por fuente de producción del Derecho Penal a la autoridad del Estado o voluntad jurídica que, de acuerdo al orden Constitucional, dicta las normas de carácter penal. En los sistemas en los que impera el principio de legalidad penal es la Ley, sólo la ley penal puede ser la creadora del conocimiento y alcance social de su contención, por eso se dice que es fuente directa del Derecho penal.

  • En Venezuela la principal fuente de producción del Derecho Penal la encontramos en la Asamblea Nacional, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin embargo existen otras formas establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante las cuales se puede producir normas jurídicas de carácter y naturaleza penal y por lo tanto son fuentes de Derecho Penal, ello es: la habilitación presidencial, que en consecuencia podrían dictar leyes y normas jurídicas de carácter y naturaleza penal y por otra parte el referendo aprobatorio de leyes y tratados internacionales, así como la ratificación de tratados y acuerdos internacionales que contengan normas de carácter penal como fue la aprobación del Estatuto de Roma.
    La Fuente de Conocimiento del Derecho Penal: constituye la forma lógica, racional, gramatical e interpretativa que emana de la ley, su aplicación o interpretación. La forma que el Derecho Objetivo asume en la vida social. Se suele citar como fuentes de conocimiento en materia penal a la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. En la corriente que dirige el derecho penal formal o escrito (civil law), se excluye la costumbre y la analogía como fuente de derecho penal. En el derecho consuetudinario, (common law), el precedente judicial, adquiere forma de costumbre y analogía por lo cual es considerado fuente de Derecho Penal.
    La jurisprudencia: es la interpretación que hacen los jueces de la ley en aplicación a casos concretos sometidos a su competencia, en Venezuela la jurisprudencia solo tendrá sentido general y carácter vinculante cuanto es dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación a la interpretación de principios o normas Constitucionales. Sin embargo, en término general, la jurisprudencia es fuente interpretativa del derecho penal, ella sirve para distinguir los criterios de interpretación de las normas penal, establecida por los tribunales de justicia, cualquiera sea su clase o la jurisdicción a la que pertenezcan.
    En el sentido más estricto, la jurisprudencia es el criterio constante y uniforme de aplicar el derecho, mostrado en las decisiones judiciales que dictan los Tribunales, determinando su importancia en razón a la jerarquía, es decir, tendrán las importancia la jurisprudencia dictada por las Cortes de Apelación en Jurisdicción Penal, así como la Sala de Casación Penal y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ese orden, motivado a la labor de control en la aplicación del derecho.
    La Doctrina: la doctrina jurídica penal, es la idea de derecho que sustentan los juristas o estudiosos de derechos, expuestas en trabajos de investigación o libros. Si bien no originan derecho directamente, es innegable que en mayor o menor medida influyen en la creación del ordenamiento jurídico.
    Los Principios Generales del Derecho: son los enunciados normativos más generales que, a pesar de no haber sido integrados formalmente en los ordenamientos jurídicos particulares, recogen de manera abstracta el contenido de un grupo de ellos. Son conceptos o proposiciones de naturaleza axiológica o técnica que informan la estructura, la forma de operación y el contenido mismo de las normas, grupos normativos, conjuntos normativos y del propio Derecho Penal.
    Estos principios son utilizados por los jueces, los legisladores, los creadores de doctrina y por los juristas en general, sea para integrar el ejercicio práctico de derechos o para interpretar normas jurídicas cuya aplicación resulta dudosa.
    Los principios Generales del Derecho tienen tres funciones que inciden de forma importante en la aplicación de las normas del ordenamiento penal, estas son: la función creativa, la función interpretativa, y la función integradora.
    La función creativa establece que antes de promulgar la norma jurídica, el legislador debe conocer los principios para inspirarse en ellos y poder positivar su contenido.
    La función interpretativa implica que, al interpretar las normas el operador debe inspirarse en los principios, para garantizar una cabal interpretación.
    La función integradora significa que quien va a colmar un vacío legal, debe inspirarse en los principios para que el Derecho se convierta en un sistema hermético.
    Estas funciones no actúan independientemente, sino que en la aplicación del Derecho operan auxiliándose una a otra, así cada interpretación de una norma, basada en los principios, es una nueva creación. Para colmar una laguna legal es necesario interpretar el Derecho ya existente según los principios; por último, las lagunas legales en el derecho positivo no existen debido a la posibilidad que tienen los miembros judiciales para interpretar una norma ya creada y adaptarla según los principios generales, lo que garantiza una seguridad jurídica sólida frente a la positivización del Derecho.
    El Jurisconsulto Ulpiano nos deja tres principios de derecho:
    · Vivir honestamente: ( Honeste vivere):
    · No dañar al otro: ( Alterum non laedere)
    · Dar a cada uno lo suyo: (Suum cuique tribuere)
    El valor de la fuente indirecta en el Derecho Penal: Esta fuente adquieren un valor interpretativo, que permite entender el alcance gramatical, axiológico, contextual, histórico o formal de la norma de derecho penal. Es de carácter alternativo y no vinculante a excepción de la interpretación que haga la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuando vincula la norma penal a principios, derechos o garantías de orden Constitucional, ya que este tipo de sentencias, tendrán carácter vinculante y efecto general.
    Por último, entre los Principios Generales de Derecho para nosotros el más importante es el Principio de legalidad en el Derecho Penal Venezolano, consagrado en el numeral 6 del artículo 49 de la Constitución de la República y en el artículo 1 del Código Penal venezolano.
    Según Cabanella Guillermo (2003), El principio de legalidad penal se instituye desde “el primer instante del ser, de la existencia de la vida, razón, fundamento, origen”. De esta forma afirma, que es el máximo consagra la legitimidad y legalidad del Derecho Penal, que su contenido está representado en el aforismo latino que señala: “Nullum crimen, nula poena sine praevia lege”.
    El Principio de Legalidad, constituye la más importante base para la concepción del Derecho Penal Moderno, establece que la principal fuente del derecho penal es la ley, la cual debe cumplir con tres requisitos:
    Debe ser escrita y por tanto estar a disposición en la forma gráfica que permita la comprensión amplia de su alcance y razón.
    Debe ser previa a la determinación del hecho sancionado.
    Debe ser estricta, en cuanto a no contener vacíos o ambigüedades que permitan distorsionar la inteligencia de su comprensión y aplicación.
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