3.- Otras causas de Justificación.

Legítima Defensa. requisitos exigidos por el Legislador venezolano.- El ordinal 4° del artículo 65 del Código Penal venezolano vigente establece lo siguiente: “no es punible el que obra constreñido por la necesidad de salvaguardar su persona, o la de otro, de un peligro grave e inminente, al cual no haya dado voluntariamente causa y que no pueda evitar de otro modo”.

Los requisitos del estado de necesidad son tres. 1. Un peligro grave, actual o inminente: peligro actual es que este aquí y ahora. Peligro inminente es aquel que ya se va a dar, implica un alto grado de probabilidad y no una mera posibilidad. 2. Que el agente no haya provocado dolosamente el peligro: los actos dolosos del agente excluyen del estado de necesidad, pero sus actos culposos lo dejan subsistente. 3. Imposibilidad de evitar el mal (peligro) por un medio que no sea el sacrificio de un bien jurídico ajeno: si podemos evitar el mal que nos amenaza (o amenaza a otra persona) sin apelar al sacrificio de un bien jurídico ajeno y sin embargo, atacamos lo intereses del prójimo, jurídicamente protegidos, no nos amparara el estado de necesidad. Ejemplo: una persona se pierde en el bosque y, para no morir de hambre, se ve obligado a consumir alimentos ajenos que se encuentran en una cabaña, en este caso, procede la eximente porque el agente solo podía evitar el mal que lo amenazaba mediante el empleo de esas provisiones. Por el contrario el estado de necesidad no cubre a quien en situación de miseria, roba los alimentos que hubiere podido obtener en un instituto benéfico, ya que el agente pudo salvarse sin lesionar los intereses de otro, jurídicamente protegidos.

Los actos legítimos y las causas supralegales de justificación. El cumplimiento de un deber. El ejercicio de un derecho. El ejercicio de la autoridad, oficio o cargo. La omisión justificada.

Las causas supralegales de justificación.- Estas se encuentran consagradas en el ordinal 1° del artículo 65 del Código Penal venezolano vigente, en los términos siguientes: no es punible “el que obra en cumplimiento de un beber o en ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, sin traspasar los limites legales”. El cumplimento de un deber: es la causa que exime de responsabilidad penal a la persona que, en el ejercicio de su profesión u oficio o de una orden recibida de su superior jerárquico y creyendo que se trata de una actuación lícita, realiza un hecho delictivo. Ejemplo: el supuesto en el que un agente policial, cumpliendo con el deber de pelear una contienda y existiendo riesgo grave para su vida o la de terceras personas, usa las armas provocando lesiones a uno de los implicados en la revuelta. En este caso, el agente no es responsable de un delito de lesiones porque actuaba en cumplimiento de un deber e hizo uso de un medio necesario y proporcional a la entidad de la contienda.
El fundamento de la eximente es evidente, ya que quien obra en cumplimiento de los deberes o en ejercicio de las facultades que menciona el precepto lo hace conforme a Derecho y, en inevitable conclusión, no se comporta antijurídicamente. Esta circunstancia de exención consagra y confirma el sistema de la antijuridicidad general, ya que si, como decía ARISTÓTELES, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, es obvio que una única acción no puede reputarse lícita e ilícita a la vez y que, por tanto, lo que sea lícito desde el punto de vista civil, mercantil, administrativo, etc., ha de serlo también para el Derecho Penal. La eximente se refiere, como la antijuridicidad sobre la que versa, tanto al Derecho Público como al Derecho Privado constituyendo una clara afirmación de la necesaria unidad del entero Ordenamiento Jurídico. Las situaciones básicas en las que encuentra aplicación esta modalidad de la eximente del art. 65 C.P., son:
1) Que se trate de un deber jurídico
2) Que se trate de un deber impuesto a los particulares

El ejercicio de un derecho: se da cuando se causa algún daño a al obrar en forma legítima, siempre y cuando exista la necesidad racional del medio empleado. Un daño realizado en el ejercicio de un derecho, se causa en virtud de ejercer una profesión, un deporte, una relación familiar etc. El médico que amputa un brazo a fin de evitar que no avance la gangrena, causa una mutilación (lesión), pero su conducta (plenamente tipificable), no es antijurídica, puesto que actúa en el ejercicio de un derecho. Lo mismo se aplica al abogado y el actuario que toma un bien inmueble ajeno en virtud de una orden de embargo, no cometiendo en este caso ningún ilícito.

El ejercicio legítimo de un oficio o cargo: Quizás el supuesto más conflictivo. De modo general los supuestos más conflictivos son las conductas típicas realizadas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. Y son los supuestos más conflictivos por dos cuestiones:

1.- Porque en el ejercicio de sus funciones públicas y siempre dentro de los límites de la Constitución y del Derecho en general, esta categoría de funcionarios puede hacer uso legítimo de la fuerza pudiendo producir lesiones de bienes jurídicos penalmente protegidos.
2.- Porque dentro de esos límites que condicionan la legitimidad del recurso a la violencia, estos funcionarios, en algunas ocasiones, tienen una serie de poderes discrecionales que son de difícil precisión.

Puesto así el tema, la pregunta sería en qué supuestos se podrá justificar el uso de la violencia por parte de la autoridad y sus agentes. Esa necesidad puede surgir en supuestos de agresiones ilegitimas a la autoridad, pero también en cualquier supuesto en el que esos agentes deban intervenir para prevenir determinados delitos.

El ejercicio de la autoridad: Una familia sin autoridad camina a la deriva, como un niño sin guía, y una familia donde no se obedece está desarticulada y no puede haber una verdadera planificación para el futuro. Un pueblo sin autoridad se aproxima al anarquismo y una sociedad que no obedece es un colectivo que anda como oveja descarriada. La obediencia es un valor que nace, crece y se desarrolla en los procesos educativos, fundamentalmente en la familia, en la escuela y en el colegio. La autoridad no es imposición, es dirigir y orientar a los grupos humanos. Es muy importante en la educación de niños y jóvenes no imponer los caminos a recorrer, sino enseñar a caminar por los senderos de la vida.

La omisión justificada: prevista en el artículo 73 del Código Penal, no es punible el que incurra en alguna omisión hallándose impedido por causa legítima o insuperable. Se presenta dos fases: a) omisión por causa legítima y b) omisión por causa insuperable.

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