3.5.- Teoría unitaria.

La teoría unitaria tiene como fin reunir la totalidad de los supuestos de hecho en donde puede intervenir la voluntad del titular del bien jurídico (el consentimiento, asentimiento, acuerdo, etc.) como excluyente de la propia tipicidad de la conducta. Esta teoría halla su fundamentación en un concepto liberal de lo que se debe entender por bien jurídico, en donde se interpretan los bienes jurídicos individuales como ámbitos de autodeterminación. De esta forma, al concurrir la voluntad del titular se excluye el desvalor del resultado, y con ello la misma tipicidad de la conducta.

Roxin sostiene que el fundamento legal de la eficacia del consentimiento excluyente de la tipicidad no hace falta deducirlo del Derecho consuetudinario, ni de la adecuación social de la conducta, sino del artículo 2,I de la Ley Fundamental de Bonn, que garantiza la libertad de acción, cuyo ejercicio, por parte del que consiente, hace imposible la lesión del bien jurídico y, con ello, la tipicidad de la conducta. Este autor objeta a la teoría diferenciadora, en primera medida, la ausencia del conflicto de intereses, como ya se había mencionado (que constituye la base de la justificación), y, por otra, la falta de una limitación clara entre los casos de consentimiento y de acuerdo. A partir del concepto de bien jurídico manejado por Roxin, y profundizando en la limitación en ciertos bienes jurídicos, en concreto la “vida y la salud”, como lo afirma Maiwald, la legislación positiva alemana no se opone a una tal interpretación del bien jurídico (según la cual, en los tipos que protegen los bienes jurídicos individuales, más allá de la voluntad del titular, falta todo sustrato para una relación de valor), sino que la existencia de dichos tipos solo demostraría que no se están protegiendo bienes jurídicos puramente individuales.

En la doctrina española, autores como Bustos Ramírez y De la Gándara Vallejo, entre otros, se han mostrado partidarios de una consideración unitaria de la eficacia del consentimiento del titular del bien jurídico, al estimar que, por excluir dicho consentimiento la propia lesión del bien jurídico, en todos los casos este excluye la tipicidad de la conducta. Esta última autora parte de un concepto de bien jurídico individual similar al planteado y expuesto por Roxin, en el sentido de admitir que el verdadero objeto de protección de las normas penales que tutelan bienes jurídicos individuales es el dominio autónomo del titular sobre una esfera o ámbito de organización que le corresponde, y no la integridad per se de esa esfera.
La razón de ser de la anterior afirmación es que los bienes jurídicos mencionados son amparados en cuanto contribuyen al desarrollo personal del individuo, de manera que la libertad de disposición del titular está integrada en esta clase de bienes jurídicos.

Lo anterior, debido a que el valor social que justifica la protección jurídica es el aseguramiento de las condiciones mínimas de la libertad del individuo. Podría pensarse, de aquel sector de la doctrina que sostiene el consentimiento como una causa de justificación, debido al fin de mantener una postura indirecta, desde el punto de vista ideológico de la doctrina penal, en admitir la plena libertad del ciudadano para poder disponer de determinados bienes jurídicos, libertad propia de un Estado con una marcada tendencia paternalista en las relaciones Estado-individuo.

Ir a la barra de herramientas