4.- Conclusiones.

Se concluye de esta manera haciendo énfasis en la defensa de la teoría unitaria, porque se origina en el acogimiento de una concepción liberal del bien jurídico, en donde se le concibe, en cuanto bien jurídico individual, como un ámbito de autodeterminación referido a distintos bienes, intereses o sustratos materiales o inmateriales. Para esta concepción, el acuerdo provoca que el bien jurídico individual afectado sea extraído del campo de protección de la norma penal, mediante el acto de disposición del sujeto legitimado.

En España, De la Gándara Vallejo señala que, desde el punto de vista del bien jurídico, el consentimiento del titular es un instituto que despliega siempre su eficacia a nivel de tipicidad objetiva y por lo tanto hace desaparecer el indicio de antijuridicidad que el tipo supone. Por ende, para esta autora existen suficientes argumentos para afirmar: “… la naturaleza unitaria del consentimiento en el carácter de cuerpo extraño que éste tiene dentro de las causas de justificación, pues se está trasladando a la justificación una conducta que no ha lesionado el bien jurídico, y ello es reflejo de una reticencia ideológica de la doctrina penal en admitir la plena libertad del ciudadano para disponer de determinados bienes, lo que es considerado como una actitud paternalista del Estado que intenta evitar que el individuo haga un uso irracional o racional de su libertad, y ello resulta incompatible con el propio sistema dogmático que conduce a una concepción naturalista del bien jurídico, en donde se estaría equiparando bienes jurídicos con su sustrato material o lo que es lo mismo concederle [sic] al Estado la facultad para que en cada caso en particular evalúe los motivos que llevan al individuo a permitir que un tercero lesione sus bienes jurídicos dentro del marco de una causal de justificación”.

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