Drogas: ¿Lesa Humanidad?

Drogas: ¿Lesa Humanidad?

 

En sentencia N° 071 del 08 de marzo 2022, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ratificó una vez más su criterio reiterado que, los delitos relacionados al tráfico de drogas deben calificar como de Lesa Humanidad.

MÁXIMA.- En lo que atañe a la legislación penal venezolana, sobre la prescripción, es necesario advertir que, los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes son imprescriptibles, específicamente, los artículos 29 y 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hacen referencia a la imprescriptibilidad de los delitos de tráfico de droga, por ser los mismos tipificados como de lesa humanidad.

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COMENTARIOS.

Por Roger López: A la fecha de publicación de este Post, en el pais no existe ley interna que tipifique, ni hay tratado internacional (incluyendo el Estatuto de Roma) que califique los delitos de droga como de Lesa Humanidad.

Sí, es verdad. Los delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas son imprescriptibles, pero, ¿Cuál es la razón? Realmente y conforme a nuestro texto constitucional, ¿son de Lesa Humanidad? Veamos.

Tesis Sustantivista acogida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que justifica la prisión preventiva y compromete el principio de afirmación de libertad. Son diametralmente opuestos a la tesis procesalista objetivos distintos a asegurar las finalidades del proceso y la comparecencia del acusado al juicio, tales como disminuir la inseguridad, contrarrestar la posibilidad de reiteración delictiva o aplacar la alarma social producida por el delito, los cuales no constituyen fines instrumentales sino fines sustantivos o propios de las penas.

El criterio sustantivista se pone de manifiesto en aquellos sistemas de juzgamiento penal cuando la prisión preventiva juega un papel exitoso en la investigación, convirtiendo el principio de afirmación de libertad en una excepción. De acuerdo a esta tesis, la legislación es la que regula su procedencia como la denegatoria de la excarcelación, tomando en cuenta para ello, la cuantía de la pena en expectativa, el tipo de delito imputado, la extensión del daño causado, las circunstancias personales (derecho penal de autor), la repercusión social del hecho (especialmente, respecto a los anuncios que hacen nuestras autoridades a traves de las redes sociales Instagrams, Twitter…) y la reincidencia. En efecto, para Olmedo (1966), “la prisión preventiva tiene como finalidad evitar que se persista en el delito o su reiteración, o bien satisfacer la necesidad de defensa social contra la peligrosidad del sospechoso” (p. 329).

Esta concepción de la prisión preventiva, tal como lo indica Sergi (2001), “ha encontrado una fuerte recepción legislativa y jurisprudencial, y aún no se ha podido desterrar por completo” (p. 115).

Así, se observa que el Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido y mantenido el criterio -peligrosamente inquisitivo- de calificar los delitos de drogas como de lesa humanidad, para justificar el enjuiciamiento bajo medida de privación de libertad, ya que atentan contra los derechos humanos y por tanto, salvo excepciones, no le son aplicables ninguna fórmula alternativa de cumplimiento de pena, ni algún otro beneficio, referido a la ejecución de la pena (Régimen de Progresividad en la Ejecución de la Pena, es decir Régimen Abierto, Destacamento de Trabajo, Libertad Condicional y Redención de la Pena para el Trabajo y el Estudio).

Dicho criterio, tiene su génesis en la decisión adoptada por la Sala de Casación Penal en fecha 28 de marzo de 2000, seguida de sendas decisiones dictadas por la Sala Constitucional en fechas 02 de abril y 12 de septiembre de 2001, a las que se han sumado otras de fechas posteriores.

En ese sentido y sin mayor análisis jurídico, la Sala Constitucional estableció  que los delitos previstos en la Losep son “… denominados de lesa humanidad por el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”, lo cual, como bien lo señala mi gran amigo, el Magistrado Emérito Jorge Rosell “no es una interpretación errónea de dicha disposición, sino que es una falsedad, pues el artículo 29 en ninguna de sus partes “denomina” a dichos delitos como de lesa humanidad” (2003, pág. 33 y sig.). Entonces, hoy día, abril 2022, a pesar de la falsedad de sus supuestos, se pretende que dicha doctrina sea vinculante. Esta errada interpretación respecto al delito de tráfico de drogas, es criterio reiterado y permanente sostenido en sentencias subsiguientes como las del 12 de septiembre de 2001 (Expediente 01-1016), 29 de noviembre de 2001 (Expediente 01-1116), 13 de julio de 2005 (Expediente 05-0618), y la que en este espacio estamos comentando.  Clic para ver los aspectos más relevantes de estos fallos

En relación a esta desafortunada doctrina jurisprudencial, los delitos de drogas si bien deben ser perseguidos y evitar la impunidad, a mi juicio, no encuadran en la conducta típica de los delitos de lesa humanidad, por cuanto, el artículo 29 constitucional no lo califica como tal y el artículo 271 ejusdem, tampoco señala a los delitos de droga como crímenes de lesa humanidad, sino que complementa lo que no previó el artículo 29, es decir, que es imprescriptible, que no debe negarse la extradición de sus autores y la confiscación de bienes provenientes de esa actividad.

Por tanto, las consecuencias derivadas del citado artículo 29, no le son aplicables a los delitos de droga en el sentido de quedar excluidos de beneficios procesales que puedan conllevar a su impunidad. En tal sentido, Rosell (2003), señala que:

Aseverar que algunos de los dos artículos transcritos considera a los delitos de droga como crímenes de lesa humanidad es una falsedad, peor aún, es una actitud que confunde al incauto o al lector desprevenido, pues como el artículo 29 crea la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, así como de otras especies delictivas, pero sin mencionar para nada los delitos de droga, y luego el artículo 271 específicamente declara también la imprescriptibilidad de los delitos de droga, pero sin calificarlo como crímenes de lesa humanidad, se procede con una intencionada confusión de los textos transcritos, al llegar a la falsa conclusión de que los delitos de drogas son considerados por la Constitución como crímenes de lesa humanidad, por lo que debe negársele a sus autores los beneficios previstos para la ejecución de la pena, interpretación a todas luces arbitraria. (p. 34).

De modo semejante, el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ERCPI, 1998) no define los delitos de drogas como crímenes de lesa humanidad, y a pesar de que representantes de los Estados que participaron en la Conferencia de Roma discutieron su posible inclusión como tales, finalmente “no llegaron a un consenso al respecto, sobre todo porque era evidente el diverso tratamiento o respuesta que se le da a este tipo de criminalidad en la normativa interna de los diferentes países” (Ferreira y Malaguera, 2002, p. 13). Ambos autores, Francisco Ferreira con quien mantengo lazos académicos y el Dr. Malaguera a quien Dios lo tiene en su gloria, señalan que por tratarse de materia de Derecho Penal Internacional, para calificar un hecho del hombre como un crimen de lesa humanidad, es fundamental el acuerdo de la Comunidad Internacional, “de manera que a un Estado, individual y unilateralmente, inclusive a través de sus tribunales, le está vedado legislar para la Comunidad Internacional, creando tipos penales con tal carácter, esto es, de lesa humanidad”.

Se colige entonces, que en materia relacionada con los delitos de drogas, el Tribunal Supremo de Justicia acoge la tesis sustantivista para negar la excarcelación de sus autores, contrariando el derecho internacional (art. 7 del ERCPI, 1998) e interpretando erradamente el contenido de los artículos 29 y 271 del texto fundamental, al calificarlos como crimen de lesa humanidad, dando así, un salto agigantado en contra de la tesis procesalista y del principio de afirmación de libertad en el proceso penal venezolano, al dictarse una serie de fallos que tienden a favorecer el dictado automático de la prisión preventiva basado en el monto de la pena y a reemplazarlo por el criterio de que la prisión preventiva sólo se puede decretar cuando existen peligros procesales acreditados en la causa.

Para finalizar estas notas, dice Rosell (obra citada), lo siguiente: “Si sumamos esta ilegal negativa a conceder estos beneficios debido a la declaratoria sin base legal de que tales hechos son crímenes de lesa humanidad, a la feroz “cacería de brujas” que se despliega desde la Sala Penal hacia el segmento débil de la población, penando con prisión de 10 a 20 años a quien posea gramos de droga (con frecuencia algo más de 2 gramos, como el asunto decidido Exp. 98-2542, en el cual se impuso 15 años de prisión a quien poseía 2 gramos con 270 miligramos de liga con cocaína de una pureza 20,11 por ciento, con el voto salvado de mi parte), nos conseguiremos con un cuadro dramático, por el cual casi la cuarta parte de la población penitenciaria del país está detenida por “delitos de droga”, pero con condenas a penas desproporcionadas para “mulas” o consumidores. En algunos países del “primer mundo” existen “nuevas medidas en vigor, como en Gran Bretaña, de ‘incautar y amonestar’ en lugar de arrestar” (Encartado de Times en el diario El Nacional, 2-11-02, portada). La actitud de una cruzada propia de la Inquisición, en vez de modernos enfrentamientos ante la droga, es lo que caracteriza a la política judicial venezolana en relación a esta área, encabezada por el prejuicioso criterio de la Sala Penal (Rosell, 2003: 48). Este criterio compartido por las Salas Penal y Constitucional causa tanto estupor en quienes se han detenido a examinarlo, que el propio Fiscal General de la República, en fecha 25 de septiembre de 2001, realizó una consulta ante la Sala Constitucional (Expediente 01-1116), y de su pregunta se deduce su disidencia ante la orden de la Sala:  ¿Supone que, a partir de la presente decisión judicial, cuando se someta a juicio a un imputado por un hecho punible de esta naturaleza (droga), el Ministerio Público debe advertir al Tribunal de la causa, que no procede la concesión de ningún beneficio tanto en el proceso como en la ejecución de la sentencia condenatoria, por ser un delito de lesa humanidad, aun cuando no exista ley que lo reglamente o Tratado, Pacto o Acuerdo Internacional, que así lo establezca? Lo que el Fiscal General le está diciendo a la Sala Constitucional es: “Los delitos de droga no deben ser considerados como crímenes de lesa humanidad, pues no existe ley interna que así los tipifique, ni hay tratado internacional (incluyendo el Estatuto de Roma) que califique los delitos de droga de esta manera. Sin embargo la Sala Constitucional, aun cuando declara improcedente la solicitud de aclaratoria, le manda un mensaje al Fiscal General al concluir que:

No obstante, la Sala estima pertinente referir que sobre el particular, ya se pronunció en el fallo Nº 1712 del 12 de septiembre de 2001”, es decir: debe negarse cualquier beneficio procesal en las causas de delitos de droga por las equívocas razones antes examinadas”.

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ferreira, F y Malaguera, J. (2002). Los Crímenes de Lesa Humanidad y el Delito de Tráfico de Drogas Ilícitas. Ponencia presentada en el Primer Seminario Internacional de Estudios Penales y Criminológicos. Mérida: Editorial Cejucs

Olmedo, C. (1966). Tratado de derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Editorial Ediar.

Rosell, J. (2003). Temas Actuales de derecho Procesal Penal. Ponencia presentada en las VI Jornadas de Derecho Procesal Penal. Caracas: Publicaciones UCAB.

Sergi, N. (2001).  Límites Temporales a la Prisión Preventiva. Buenos Aires: Editores del Puerto S.R.L.

 

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Sobre el autor

Prof. Roger López administrator

Ex-asesor Jurídico del Magistrado Presidente del Circuito Judicial Penal Militar. Corte Marcial, Caracas. Abogado Mención Magna Cum Laude. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas. Especialista en Ejercicio de la Función Fiscal Mención Honorífica Suma Cum Laude. Egresado del Programa de Formación Para el Ingreso a la carrera Fiscal ( Escuela Nacional de Fiscales del MP). Investigador y Conferencista. Litigante. Consultor Penal. Docente pre y postgrado. Telfs.: +58 (0412)973.30.05/(0414)320.11.86 roger@actualidadpenal.net

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