Amparo contra Amparo. SSC 275° del 21/abril/2016
MÁXIMA.- Ha sido doctrina pacífica y reiterada de esta Sala que, la interposición de la demanda de “amparo contra amparo” resulta posible únicamente cuando se denuncien violaciones de derechos fundamentales que se deriven directamente de actuaciones u omisiones del Juzgado constitucional, y que las mismas hubiesen ocasionado agravios constitucionales distintos a los denunciados en el proceso originario (vid., entre otras, ss. S.C. números 341/00; 438/00 y 1000/00); es decir, que los elementos que configuren la nueva lesión de derechos o garantías fundamentales sean fáctica y jurídicamente diferentes de los que fueron sometidos a revisión en la decisión de la pretensión de amparo primeramente decidida y que hayan surgido como consecuencia del curso del procedimiento de amparo (Cf. s.S.C. N° 1269 del 26 de julio de 2011).
MÁXIMA.- El ejercicio del amparo contra amparo resultaría posible únicamente en el caso de agravios constitucionales no juzgados o que se deriven directamente del curso del proceso de amparo o de la sentencia dictada por el juez constitucional de última instancia, por ello, los elementos que configuran la nueva vulneración del orden constitucional deben ser distintos a los que ya fueron sometidos a revisión a través de la acción de amparo constitucional.
MÁXIMA.- Sólo puede proceder excepcionalmente tal figura –amparo contra amparo- sí se han agotado los mecanismos ordinarios contra el amparo primigenio, en el caso concreto el recurso de apelación contra la decisión de amparo que se señala como lesiva en el nuevo amparo. Si bien las denuncias formuladas por la parte accionante no resultaron juzgadas en el amparo primigenio y a pesar de que las mismas derivan directamente del proceso de amparo que dio origen a la presente acción, no se observa el agotamiento de la vía ordinaria, pues la parte accionante tenía la vía de la apelación como recurso idóneo para el restablecimiento de la situación jurídica infringida, lo que a tenor de lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, hace que la presente acción de amparo resulte inadmisible.
Postulante al cargo de Fiscal General de la República (Marzo, 2026). Ex-asesor Jurídico del Magistrado Presidente del Circuito Judicial Penal Militar. Corte Marcial, Caracas (2017). Abogado Mención Magna Cum Laude. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas. Especialista en Ejercicio de la Función Fiscal Mención Honorífica Suma Cum Laude. Egresado del Programa de Formación Para el Ingreso a la carrera Fiscal (Escuela Nacional de Fiscales del MP). Investigador y Conferencista. Litigante. Consultor Penal. Docente pre y postgrado. Telfs.: +58 (0412)973.30.05/(0414)320.11.86 roger@actualidadpenal.net
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Derecho Adjetivo y Sustantivo Penal
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