El “Solo dicho de los funcionarios actuantes” y la “Defensoría Pública”.

PorProf. Roger López

El solo dicho de los funcionarios actuantes, Voto salvado

El “Solo dicho de los funcionarios actuantes” y la “Defensoría Pública”.

HECHOS.- El recurso de apelación interpuesto por la Defensoría pública fue “desestimado” por la Sala, en virtud que, “…ha sido reiterado el criterio de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto a que los recurrentes no pueden por vía del recurso de casación, procurar que se analicen incidencias propias de primera instancia, por lo cual les está impedido atacar conjuntamente las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones y por el Tribunal de Juicio, ya que la procedencia de este recurso extraordinario y sólo dimana contra los fallos dictados por las Cortes…”.

Interesa aquí dos aspectos trascendentales para el proceso penal. El primero, referido por la disidente, Magistrada Úrsula Mujica, (con quien me une gran amistad, alta estima y respeto por su altísimo nivel moral y profesional), a la calidad y eficiencia a la que se debe el Defensor Público en su actuar procesal, lo cual, está demás señalar, que el mismo se hace extensivo a todas las partes (Defensores Públicos o Privados, Ministerio Público y Jueces); la segunda, al sólo dicho de los funcionarios actuantes, a lo cual haré mis propios comentarios.

SSCP comentada N° 517 del 20/12/2013. “El solo dicho de los funcionarios actuantes”

MÁXIMA.- Esta Sala debió haber advertido que en el escrito recursivo presentado por el recurrente, José Rafael Madera, Defensor Público Septuagésimo Octavo (78°) Provisorio con Competencia en Materia Penal a la Unidad de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, existe una incongruencia, entre lo que señala como una transcripción del Recurso de Apelación interpuesto y la decisión emanada por la Sala N°5 de la Corte Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área metropolitana de Caracas, con lo que se evidencia en el expediente.

MÁXIMA.- La Defensa Pública debe orientar su actuación a ofrecer un servicio de calidad y eficiencia, por tal razón, su mal proceder debió ser advertido por la mayoría de esta Sala en la presente decisión, y exhortar al ciudadano José Rafael Madera, Defensor Público Septuagésimo Octavo (78°) Provisorio con Competencia en Materia Penal a la Unidad de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, a que actué dentro del proceso penal con respecto y apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes, específicamente a la ley Orgánica de la Defensa Pública. Todo ello en resguardo al principio de prohibición de arbitrariedad establecido en el artículo 7 de la citada Constitución de la República, en concordancia con los artículos 26 (principio de la tutela judicial efectiva) y 49.8 eiusdem, que establece el derecho que tiene toda persona de solicitar la reparación de la situación judicial lesionada, por error judicial, retardo u omisión injustificada.

Consideraciones acerca del “Solo Dicho de los Funcionarios Actuantes”

Magistrada Úrsula María Mujica Colmenares.

Consta en el presente expediente, folio 21, de la pieza denominada “1-1”, la decisión emanada del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la cual al momento de fundamentar su decisión señaló lo siguiente:

“…Ahora bien este tribunal valoró el hecho de que el procedimiento no contó con testigos instrumentales, pero da pleno valor a la declaración de los efectivos militares ofrecidos, así como al de la experta ADCHEL TORO VIELMA, en virtud de las circunstancias en la que se lleva a cabo el procedimiento, ya que en el presente caso el hallazgo de la droga contenida en el bolso que portaba la acusada de autos no es producto de un trabajo de inteligencia o investigación previa, en donde a los efectos de evitar los excesos de los funcionarios aprehensores se les exige a los mismos, testigos como es el caso de los allanamientos, aquí instalado un punto de control en la zona por seguridad, para revisión de todos los vehículos que iban pasando, por ser una zona peligrosa, siendo el vehículo que abordaba la acusada de autos uno más, así como la hora en la que (sic) hallazgo se produce, lo que a juicio de quien aquí decide justifica la ausencia de testigos en el presente procedimiento, de cuya declaraciones se evidencia por la coincidencia, coherencia y concordancia en los detalles aportados por los efectivos militares en sus declaraciones, así como las respuestas dadas a las preguntas formuladas por las partes que la actuación fue practicada sin exceso y ajustada, frente a la flagrancia en la comisión del delito, valoración que da este Tribunal siguiendo lo señalado en la sentencia 1744 del fecha 09 de Agosto de 2007 de nuestra Sala Constitucional que entre otros aspectos señala:…”.(Subrayado y negrillas de la disidente)

De lo anteriormente transcrito, se observa que la ciudadana Yesenia Coromoto Vilvera Blanco, fue condenada por el delito de Tráfico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en la modalidad de transporte, únicamente con las declaraciones de funcionarios policiales, no siendo estas pruebas suficientes para condenar a la acusada de autos, pues a criterio de la disidente, es necesaria la presencia y declaración de testigos para establecer la culpabilidad y desvirtuar la condición de inocencia.

Al dictar una sentencia condenatoria, basada únicamente en las declaraciones de los funcionarios aprehensores violan los artículos 8, 10 y 13 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, en los cuales se desarrolla la presunción de inocencia y la finalidad del proceso, la verdad de los hechos y la justicia; por tal razón, los fallos dictados por los Tribunales de la República deberán ser motivados, garantizando así el derecho a la defensa, al debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Ha sido una práctica común en nuestro sistema penal, establecer la responsabilidad penal de los acusados en los delitos previstos en la Ley de Drogas, con las declaraciones rendidas por los funcionarios que actúan en el procedimiento de aprehensión; es importante destacar, que las experticias y las declaraciones de los expertos sólo sirven para demostrar el tipo de sustancia ilícita y las cantidades incautadas.

Los funcionarios aprehensores, solo dan fe de sus actuaciones, siendo indispensable para la inspección de cosas o personas, testigos que no aparecen en el procedimiento de autos, por lo cual estimo que no fue controlada efectivamente la constitucionalidad en el proceso de investigación.

 Además, en este tipo de procedimiento es necesario como garantía del aseguramiento de pruebas y del debido proceso, el cumplimiento de los requisitos establecidos de la cadena de custodia como actividad probatoria tal como lo tipifica el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal; de esta manera el manejo de las evidencias a través de la cadena de custodia garantiza la efectividad y eficacia en la administración de justicia.

La insuficiencia de medios probatorios para dictar una sentencia condenatoria, viola el principio “in dubio pro reo”, sustentado en el artículo 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, el cual consiste, que en caso de duda debe favorecerse al acusado, por lo tanto una sentencia condenatoria sólo puede dictarse cuando esté confirmada la hipótesis acusatoria, sin quebranto de la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

Este criterio ha sido expresado en otras oportunidades por la Sala de Casación Penal, en sentencias N° 3  de fecha de fecha 19 de enero de 2000, N° 225 de fecha 23 de junio de 2004, N° 345 del 28 de septiembre de 2004 y N° 167 del 21 de mayo de 2012, en efecto en esta última se explica lo siguiente:

“…Ahora bien, esta Sala ha establecido claramente en jurisprudencia reiterada que “…el solo dicho de los funcionarios policiales no es suficiente para inculpar al procesado, pues ello, sólo constituye un indicio de culpabilidad…”(…) Así mismo, esta Sala considera impretermitible advertir que para la práctica de inspecciones realizadas por funcionarios policiales es necesaria la presencia de testigos en el lugar, para disipar o suprimir la duda que implican ciertos hechos, en los que cabe pensar que, a cualquier ciudadano se le atribuya el ocultamiento de objetos o cosas, que no portaba realmente. Es por ello indispensable que los testigos declaren sobre lo percibido, y su testimonio aportará convicción de certeza, para mantener o desvirtuar la condición de inocencia del procesado…”.

  En el presente caso, esta Sala ha debido admitir la denuncia propuesta por motivo de violación constitucional, debido a que el error judicial repercute de forma transcendente en la conclusión fáctica y en el dispositivo de la recurrida por  violación directa de la Constitución de la República.

En tal sentido, de acuerdo a lo establecido en los artículos 26 y 49  de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 6 del Código Orgánico Procesal Penal, que  exige que toda sentencia debe ser razonada en Derecho, y si en esta tarea se observa un error que  conculca la Constitución, la Sala Penal tiene facultad para nulificar dicha decisión y ordenar un nuevo juicio oral y público o retrotraer el procedimiento a la fase procesal en que se produjo el error, tal como debió hacer la mayoría de esta Sala en el presente caso, pues conforme al artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia  prescribe, en desarrollo con el artículo 7 Constitucional (principio de prohibición de arbitrariedad), que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, toda vez que los errores de juzgamiento en cuestiones de hecho y probatoria tiene respaldo constitucional en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como parte del debido proceso, en el numeral 8 prescribe que: ´´Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados.”

En definitiva, concluyo que todo error judicial de procedimiento o juzgamiento transcendente que influyan en la conclusión fáctica y/o en el dispositivo de la sentencia recurrida, es violatorio de la CONSTITUCION de la República, y la Sala Penal tiene facultad, conforme al artículo 49.8 Constitucional, para ejercer sobre los mismos el control casacional y restablecer o reparar la situación jurídica infringida, emanada de dichos errores judiciales, por lo que deben admitirse los recursos que denuncien violaciones constitucionales, y convocar la audiencia pública prevista en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal, tal como debió hacer la mayoría de la Sala en este caso.

Mis comentarios.

Por Roger López.

EL proceso penal venezolano, se articula sobre la base de un sistema regido fundamentalmente por principios de corte acusatorio, lo que implica que, si bien existe un órgano que investiga, dirige, supervisa y ordena la investigación, y otro que juzga o decide, éste, el juzgador, también, aunque en su mínima expresión, puede participar en la búsqueda de la prueba (art.  342 del COPP).

En efecto, debo señalar que los tribunales de juicio, a quienes les corresponden valorar las pruebas conforme a la libre valoración de las pruebas o sistema de la sana crítica (art. 22 del COPP), deben ser cuidadosos al momento de valorar el testimonio de los funcionarios policiales, por cuanto la bondad que posee el sistema de enjuiciamiento venezolano a partir de la promulgación de la Ley Adjetiva Penal, le permite a través de la señalada fórmula de análisis probatorium, estimar o desestimar tales exposiciones, pues el modelo Constitucional en que se constituyó la República Bolivariana de Venezuela con la entrada de vigor de la Constitución de 1999, trajo consigo la institucionalización del proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia como valor fundamental del Estado, ante ello se debe renunciar a formulas preelaboradas para valorar las pruebas en un juicio, permitiéndole soberanamente al juzgador valorar libremente las pruebas con el deber de razonar debidamente el valor que les otorga.

El restarle validez a la exposición que haga un funcionario o un grupo de funcionarios en un debate oral, o considerársele en conjunto sólo un indicio que deba concatenarse con otro elemento probatorio para derivar de esa prueba testimonial la convicción necesaria para enervar la presunción de inocencia de una persona, es condenar dicha prueba a una valoración tarifada o tasada , lo cual no está previsto en nuestra legislación procesal penal actual, es decir, no tiene fundamento jurídico alguno tal afirmación. Aun más, es desconocer la autoridad que ostenta el funcionario policial.

En suma, soy del criterio que los tribunales no podrán a priori, considerar que el dicho de los funcionarios policiales rendido durante el juicio oral, es insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del individuo que es juzgado, pues, es a través de su examen directo, por medio de la inmediación, la publicidad y la oralidad que podría obtenerse el convencimiento o no sobre los hechos que narra.