Ciencia del DP. Acción /Omisión. Especialistas

PorUnica Equipo 4 Temas 4 y 5

Ciencia del DP. Acción /Omisión. Especialistas

Unica Equipo 4 Temas 4 y 5

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA ROSA
VICERRECTORADO DE POSTGRADO
ESPECIALIDAD EN CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLÓGICAS
CÁTEDRA: PENAL SUPERIOR I
PERIODO 2022-III

TEMA 4 Y 5.
La Ciencia del Derecho Penal
La Acción/Omisión

Prof. ROGER LÓPEZ INTEGRANTES:

Hernández Rosmery CI
Rondón Kenyer CI
Juleive Torres CI 17.513.532

Caracas, noviembre 2022

ÍNDICE GENERAL
Pp.
ÍNDICE GENERAL ……………………………………………………………… 02
INTRODUCCIÓN ………………………………………………………………… 03
La Ciencia del Derecho Penal. Fuentes del D.P. La ley. La Costumbre. La analogía. Equidad. Principios del Derecho. Doctrina y la Jurisprudencia………………………………………………………………………

05
La ley penal en el tiempo …………………………………………………………… 08
La ley penal en el espacio.…………………………………………………………….. 11
La Extradición……………………………………………………………………… 12
Primer elemento del Delito. La acción …………………………………………. 21
CONCLUSIÓN …………………………………………………………………….. 28
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFI-CAS……………..……………………………… 29

INTRODUCCIÓN
La ciencia del derecho penal debe está condicionada ya no a los parámetros penales del pasado sino a las exigencias del presente, si bien sabemos que la sociedad es cambiante, el derecho penal también lo es, buscando así esta una identidad de la sociedad, como lo son las fuentes del derecho penal, la ley, la costumbre, la analogía, equidad, así como los principios generales, su doctrina y la jurisprudencia.
Por lo tanto, cada persona tiene un rol dentro de la sociedad, el cual cada quien debe tener un comportamiento determinado frente a estos nuevos exigencias del presente, acerca de los peligros abstractos y que mejor para explicarlo que en el tráfico rodado, por el legislador ha comenzado a configurarlo como lo es en el falso juramento, como lo es en el manejo de vehículo en estado de embriaguez, o en el porte de armas, (aquí con ningún resultado pernicioso de su comportamiento), este capricho del legislador ha resultado a un de subjetivación en los que se crea un comportamiento típico por la cual se crea un peligro.
Es por ello, que el derecho penal no garantiza que no se vaya a cometer un injusto o no, sino de que garantice la expectativa de quien se comporta conforme a derecho no va a delinquir, y que esta vaya a ser “fiel al derecho”, que no se determine según el estado psíquico del sujeto, sino a un ciudadano o una persona y no de un individuo, hoy en día debemos hablar, me refiero al presente de la persona y a la lesión jurídica, no al hombre ni al dolo en sentido naturalista sino valorativista-normativista., por eso es importante el estudio de la teoría de la imputación objetiva como incorporación a un categoría dogmática a la teoría de la imputación valga la redundancia, algo que no destacaremos en este comentario, por solo hablar de “riesgo permitido” y no de imputación del resultado, como lo es el primer elemento del delito, la acción, la omisión punible, su estructura ontológica de la omisión, sus teorías de acción y las causas de exclusión.

La Ciencia del Derecho Penal
Es el conjunto sistemático de principios relativos al delito, a la pena y a las medidas de seguridad. es fundamentalmente una ciencia jurídica, pero al estudiar el delito no debe considerarlo como una entidad jurídica sino también como un fenómeno social y como una manifestación de personalidad del delincuente en el estudio de la pena no debe concebirla tan solo como una sanción encaminada a la restauración del delincuente en el estudio de la pena no debe concebirla tan solo como un sanción encaminada a la restauración del orden jurídico perturbado, sino también como una medida de defensa social contra las actividades delictuosas.
Está dividido en dos grandes ramas o tendencias:
Criminología: Estudia el delito como fenómeno social y biopsicológico, analizado sus causas y proponiendo remedios para evitarlo, prevenirlo o controlarlo. Con métodos sociológicos o antropológicos.
Jurídico-dogmática: Estudia el delito y sus consecuencias como un fenómeno jurídico regulado y previsto por normas jurídicas que hay que interpretar y aplicar. Con métodos técnicos-jurídicos o dogmáticos (interpretar y sistematizar las nomas jurídicas.
Principales Fuentes del Derecho. Ley
Se habla de leyes en sentido amplio y restringido Amplio
Las normas son dictadas por el Estado, que sean emitidas y que cumplan ciertas formalidades en cuanto a su proceso de formulación.
Restringido Son las formales, es decir, las que proceden del poder legislativo, siguiendo el procedimiento pautado en la Constitución Nacional para su elaboración (art. 202 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

Características de la Ley
Objetividad: Debe ser expresión de la voluntad general, de la voluntad legislativa, abstractamente consideradas, y no de la arbitrariedad de determinadas personas.
Permanencia: Debe ser dictada para todas aquellas personas que se encuentren en la situación prevista por el supuesto normativo.
Abstracción: No se dicta para la solución de un caso concreto singular, sino para la solución de una categoría de hechos de los cuales se abstraen los caracteres para constituir “tipos”.
Leyes Formales y Leyes en sentido Material
Teoría Unitaria Solo hay Leyes formales. Son las normas dictadas por el poder legislativo, siguiendo pautas regladas. Teoría Dualista Conjuntamente con las formales hay las llamadas leyes en sentido material. Aquellas con cierto grado de generalidad, elaboradas según pautas establecidas por un determinado sistema jurídico.
Principales Fuentes del Derecho.
Leyes Formales y Leyes en sentido Material Art y 203 CRBV
Principales Fuentes del Derecho. Costumbre
Repetición de acciones al interior de una sociedad que dada su reiteración, aceptación y permanencia van adquiriendo fuerza normativa, apareciendo como obligatorias. La costumbre no sólo es un modo espontáneo sino el más antiguo por el que ciertas normas se incorporan al Derecho. Costumbre Jurídica Debe incorporarse al sistema de normas que constituyen el derecho. A tal efecto, la costumbre requiere de la validación que le otorgue algunos de los procedimientos formales que cada sistema jurídico dicta con tal propósito.
Se han propuesto múltiples definiciones de la costumbre jurídica, y se concluye que en su mayoría subsisten dos ideas fundamentales: a) Repetición constante de una conducta b) Convicción de que responde a una necesidad jurídica.
Clases de costumbres jurídicas por su relación con la ley SECUMDUM LEGEM: Las costumbres según la ley, son aquellas que van en el mismo sentido del texto legal. PRAETER LEGEM: Las costumbres al margen de la ley, ni la siguen ni la contradicen, solo nos permiten llenar las lagunas o vacíos que puede haber en la legislación CONTRA LEGEM: Las costumbres contra la ley, de acuerdo con lo expuesto hasta el presente, no tienen valor en Venezuela.
Valor de la costumbre jurídica como fuente del derecho La costumbre jurídica constituye una fuente directa en los países regidos por el sistema anglosajón mientras que en los países que se adhieren al sistema romanista, se considera una fuente indirecta.
Costumbre Vs. ley La Costumbre procede de la conciencia. La Ley procede de la actividad del poder público. POR SU ORIGEN La costumbre es táctica porque se manifiesta por actos (usos) La Ley es expresa, porque se manifiesta por escrito en forma oficial. POR LA FORMA La Costumbre tiene adaptabilidad al medio social. La Ley tiene seguridad y adaptabilidad. POR LA REFERENCIA
Principales Fuentes del Derecho. Jurisprudencia
Es productora de leyes individualizadoras
La jurisprudencia en el Ordenamiento Jurídico Venezolano El legislador puede crear Derecho y el juez consultarla para tomar su decisión. Es fuente indirecta Articulo 335 CRBV Es productora de leyes individualizadoras
Principales Fuentes del Derecho. Doctrina
La opinión de los jurisconsultos (estudiosos del Derecho) del orden jurídico. Derecho Venezolano Tiene carácter de fuente material, por cuanto la labor del jurista ejerce influencia en la elaboración del contenido de las normas jurídicas, su contenido no es vinculante, es decir, no interfiere de manera obligatoria en la decisión tomada por el juez.

Principales Fuentes del Derecho. Tradición de Cultura

Los valores y principios sociales que influyen directamente en el Derecho JURISTA Dirigen la decisión que tomará el juez al momento de aplicar el Derecho.
Principales Fuentes del Derecho. Principios Generales del Derecho
Los fundamentos de conducta social en los cuales se basa el Derecho. Respeto de la personalidad humana. Las obligaciones asumidas deben ser respetadas, (pacta sunt servando). Vivir honestamente (honeste vivere). No dañar a otros (alterum non laedere). No existe delito sin norma que lo consagre (nulla poena sine lege).
Principales Fuentes del Derecho.
Principios Generales del Derecho “Aquellos que, por la vía de la generalización y abstracción progresivamente creciente, se extraen del ordenamiento jurídico positivo vigente, de acuerdo con los principios de justicia imperantes en un sitio y momento determinado”. Olaso
Principios que rigen el derecho penal venezolano
1.- Principio de legalidad: se exige que el delito se encuentre expresamente previsto en una ley formal, descrito con precisión de manera de garantizar la seguridad del ciudadano, quien de saber cuál es exactamente la conducta prohibida y así mismo, cuales con las consecuencias de la trasgresión o penalidades que siguen a su conducta lesiva a los bienes protegidos por la norma penal. Se encuentra consagrado en los artículos 49.6 CRBV; y art. 1 CP.
2.- Principio del bien jurídico: todo delito supone una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, en lo cual radica la esencia del hecho punible. Precisamente el derecho penal está destinado a proteger bienes y valores cuya protección se considera imprescindible para la existencia de la sociedad (artículo 2 crbv. bienes jurídicos supremos)
3.- Principio del hecho realizado: el delito debe de consistir en un comportamiento externo, concreto o individualizado, por el cual se sanciona a su autor. el derecho penal, no castiga a un sujeto por su personalidad, por sus tendencias, ni por sus pensamientos; sino, por lo que ha hecho concretamente.
4.- Principio de culpabilidad: por el hecho realizado debe ser posible la formulación de un juicio de reproche a su autor, a quien, de pertenecer el hecho, no solo materialmente, sino espiritualmente. sin culpabilidad no hay delito ni pena y la responsabilidad penal no puede descansar en la simple causación de un daño, sin referencia a la voluntad culpable del autor.
5.- Principio de la pena humanitaria: la pena debe guardar relación con la gravedad del hecho cometido y servir a los fines de la prevención general, y a los de la recuperación personal y social de quien ha delinquido (atender a la reinserción social de quien ha delinquido. art. 272 crbv).
La ley penal en el tiempo:
Validez temporal de la ley penal:
La Ley humana, en razón de su mismo origen, está sometida a limitaciones temporales. La Ley tiene un proceso de formación de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución, que culmina con su promulgación (art. 214 CRBV) y publicación (art. 215 CRBV) en la Gaceta Oficial; desde ese momento se hace obligatoria, a menos que la misma Ley indique una fecha posterior para su entrada en vigencia (art. 1º Cod. Civil); y se extingue, cuando:
a.- Cuando queda derogada por otra Ley; o,
b.- Se abroga por un Referendo (art. 218 CRBV); o,
c.- Cuando se cumple el término señalado en la misma Ley; o,
d.- Desaparecen las circunstancias que justificaron su nacimiento.
Sucesión de leyes:
Cuando una Ley que regula determinados hechos se extingue y otra la sustituye ocupando su lugar y quedando, por tanto, regulados esos hechos por otra Ley, se plantea la cuestión de la sucesión de leyes y de la ley que deba aplicarse a los hechos realizados bajo la Ley derogada.
En materia penal, se plantea el problema de la sucesión de Leyes con características propias de esta rama, señalando tres hipótesis que pueden darse:
a.- Cuando surgen nuevas incriminaciones, esto es, cuando un hecho no prohibido o no considerado como punible se tipifica como tal en la nueva Ley (LEY PENAL CREADORA) (SE APLICA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD).
b.- Cuando se eliminan incriminaciones, esto es, cuando se quita el carácter punible a un hecho, considerado como tal en la Ley precedente (LEY PENAL ABOLITIVA) (SE APLICA EL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD)
c.- Cuando se modifica el tratamiento penal de un hecho considerado como punible en la Ley anterior (LEY PENAL MODIFICATIVA) (SE APLICA EL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD O EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DEPENDIENDO DE QUE SI LE ES FAVORABLE O DESFAVORABLE AL REO> ART. 24 CRBV).
Debe señalarse que en los dos primeros casos enunciados se habla de Sucesión de Leyes y no sólo en el tercero, tomando en cuenta, como lo observa Bettiol, que cuando un hecho no es considerado como delito o penalmente ilícito, se entiende que se encuentra regulado por una norma general que se deduce de todas las normas particulares, según la cual tal hecho debe considerarse ilícito.
Es importante señalar que, en nuestro ordenamiento, el problema de la Sucesión de Leyes se rige, como regla general, por el Principio de Irretroactividad de la Ley, por cuando esta no puede aplicarse por hechos que ocurran después de su extinción (art. 24 CRBV).
Es decir, los hechos se regulan por la Ley vigente para el momento de su realización o lo que es lo mismo, la Ley sólo se aplica a los hechos ocurridos durante su vigencia
En nuestro Ordenamiento Penal, tiene plena vigencia el Principio de Irretroactividad de la Ley, que constituye una exigencia del Principio de Legalidad en la fórmula acogida por el artículo 1º del Código Penal Venezolano.

Ley más favorable:
Es importante señalar que, a pesar de lo expuesto en el punto anterior, en nuestro Ordenamiento se establecen excepciones al Principio General, admitiéndose la Retroactividad de la Ley nueva cuando sea más favorable al reo. De esta forma el artículo 24 de la Constitución Nacional, señala:
Artículo 24 C.R.B.V.
“…Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena…”
Y el artículo 2º del Código Penal, reza:
“…Las Leyes Penales tienen efecto Retroactivo en cuanto favorezcan al reo, aunque al publicarse hubiere ya sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo condena…”
Esto según lo afirma Maggiore, en conjunto, debe tenerse como màs favorable aquella disposición cuya aplicación al caso concreto lleve un resultado más favorable para el reo, en otras palabras, frente al caso concreto, debe aplicarse la Ley que trate con menor rigor al reo, para lo cual se impone las disposiciones que regulan el mismo hecho y atender, como lo apunta Antolisei, no solo a la duración y especie de la pena, sino también a las penas accesorias, a las circunstancias agravantes y atenuantes, a la calificación del hecho, a las causas de extinción del delito y de la pena, a los beneficios que pueden ser concedidos al reo, etc.
Por último, es importante destacar como se observa en la doctrina y en la jurisprudencia, que no podrá el Juez combinar varias Leyes y aplicarlas simultáneamente, creando así una tercera Ley, sino que debe en todo caso aplicar la que considere más favorable
La ley penal en el espacio:
Validez espacial de la ley penal:
La Ley Penal, así como tiene una eficacia limitada en el tiempo, la tiene también en el espacio, existiendo una serie de normas que fijan principios en este sentido y que determinan el ámbito espacial de la Ley Penal Venezolana, que pueda ser aplicada, no solo por hechos punibles cometidos dentro del territorio venezolano, sino también a hechos cometidos en el extranjero.
Este conjunto de normas de derecho interno que tienen repercusión internacional referidos a la validez espacial de la Ley Penal, forma parte de lo que la doctrina ha denominado Derecho Penal Internacional.
Principios aplicables en materia de validez espacial de la ley penal:
1.- Principio de la territorialidad:
De acuerdo con este Principio de la Ley Penal, se aplica dentro del Territorio del Estado que la ha dictado, a los hechos punibles cometidos en él, bien sea por nacionales o extranjeros. La eficacia pues, de la Ley Penal, estaría delimitada por el territorio del Estado. (Artículo 3 Código Penal).
Excepciones al principio de territorialidad: (artículo 4 del código penal)
2.- Principio de la personalidad o nacionalidad:
Según este Principio, por un hecho punible cometido en un determinado lugar se deberá aplicar a su autor la Ley de su propio Estado. De esta manera, como se ha dicho, la Ley de su Estado seguirá al individuo donde quiera que se encuentre, en forma de un estatuto personal.
3.- Principio real, de defensa o de protección:
De conformidad con este Principio, la Ley Penal aplicable a un hecho punible cometido en cualquier lugar sería la Ley del Estado cuyos intereses hayan sido lesionados por el hecho. (Artículo 4. ordinales: 1º, 2º, 3º, 6º, 11º, 12º, 16º del Código Penal)
4.- Principio de la universalidad o de la justicia mundial:
De acuerdo con este Principio, que encuentra su razón de ser en la Comunidad de intereses de orden Internacional que son afectados por los hechos punibles, cualquier Estado podrá aplicar su Ley Penal y sancionar los delitos cometidos por cualquier sujeto en cualquier lugar. (Artículo 4. ordinal 9º Código Penal).
La Extradición
Se entiende por extradición el acto por el cual un Estado, en el cual se encuentra un sujeto reclamado por la comisión de un delito, lo entrega a otro Estado que lo requiere por tener competencia para juzgarlo o para la ejecución de una pena impuesta.
La extradición es el procedimiento judicial penal-administrativo por el cual una persona acusada o condenada por un delito conforme a la ley de un Estado es detenida en otro Estado y devuelta al primero para ser enjuiciada o para que cumpla la pena ya impuesta.
Si bien existe una cooperación internacional muy activa para la represión de los delitos, continúa existiendo la regla de que un Estado está obligado a conceder la extradición de un delincuente extranjero, solamente si existe tratado internacional con el Estado requirente o Convención Internacional sobre extradición, de la que ambos Estados sean firmantes. Cuando no hay tratado o convención internacional, el Estado requerido está facultado para acordar la extradición, pero no está obligado a concederla. Sin embargo, la obligación señalada no es absoluta pues siempre el estado requerido conserva la facultad soberana de no conceder la ex-tradición si de acuerdo a su legislación interna no se cumplen los requisitos establecidos para tal efecto.
Hoy en día, se señala que la extradición es un acto de colaboración internacional en materia penal con el cual se refuerza la lucha contra el delito, con el fin de evitar la impunidad.
Las características del proceso de extradición
En una extradición puede intervenir un organismo gubernamental, los tribunales o ambas instituciones si fuese el caso. Existen dos tipos de extradición: la activa y la pasiva. En el primer caso se trata de la petición de entrega que hace un Estado solicitante de una persona para ser sometida a procedimientos jurídicos y penales, y las principios jurídicos de (I) doble incriminación, (II) legalidad, (III) reciprocidad, (IV) de no entrega a los nacionales, (V) de especialidad, (VI) de respeto a la pena y por último (VII) el «non bis in ídem»; mientras que en la extradición pasiva es la entrega formal que realiza un Estado de un individuo que ha sido solicitado por otro país a causa de los delitos cometidos y con la intención de llevar a cabo un proceso judicial.
A pesar de que cada convenio internacional propone medidas diferentes, por lo general en la mayoría de los tratados de esta naturaleza se requiere que el Estado solicitante demuestre con pruebas contundentes la existencia de la causa para enjuiciar al imputado, o que el delito se haya tipificado como tal en la legislación penal del país requerido.
Los países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA), incluidos Venezuela, adoptaron una convención interamericana sobre extradición. En este documento las naciones se obligan a entregar a otros países firmantes que lo soliciten, a las personas requeridas judicialmente para procesarlas, así como a las procesadas, las declaradas culpables o las condenadas a cumplir una pena de privación de libertad.
Para que proceda la extradición en este tratado se requiere que el delito haya sido cometido en el territorio del Estado requirente. La extradición se declara improcedente cuando la persona reclamada haya cumplido la condena, o que haya sido amnistiado, indultado o beneficiado con la gracia por el delito que motivó la solicitud de extradición. De igual manera ocurre cuando esté prescrita la acción penal o cuando las circunstancias del caso puedan inferir que la causa de la solicitud responde a actos persecutorios por razones religiosas, de raza o de nacionalidad.
Así mismo en cuanto al proceso el principio «non bis in ídem», en el sentido de que no se va a conceder la extradición si la persona reclamada está siendo enjuiciada por el mismo hecho en el país en cual fue detenido. Por último, es importante analizar si en el país requirente su sistema jurisdiccional y penitenciario garantizan los derechos humanos de los procesados.
Terminología:
El Estado que solicita la entrega se llama requirente y
El Estado a quien se le solicita se llama requerido
La Extradición Activa, es la que realiza el Estado requirente y
Extradición Pasiva es la denominación al Estado requerido.
Clasificación de la extradición.
1.- Necesaria u obligatoria: cuando entre uno y otro de dichos Estados está vigente un tratado de extradición, en el que, además, se ha incluido el delito que motiva la extradición, el Estado requerido está jurídicamente obligado a atender dicha solicitud; y
2.- Facultativa o potestativa: cuando entre el Estado requirente y el requerido no existe tratado de extradición o si aquél existe, pero en él no está comprendido el hecho delictivo que ha dado origen a la solicitud, el Estado requerido no está jurídicamente obligado a conceder la extradición, aun cuando puede acordarla en ejercicio de un acto de soberanía.
En Venezuela existe un procedimiento para la extradición activa, por ser el Estado que la solicita y otro procedimiento diferente cuando se trata de la extradición pasiva, por ser el Estado a quien se le solicita, así lo establece el Código Orgánico Procesal Penal en los artículos 391 al 399.
Fuentes de la extradición
En Venezuela esta materia está regulada por normas contenidas en los artículos 6, y 391 al 399 del Código Orgánico Procesal Penal. De igual forma, está contemplada en otras leyes especiales que conforman la ratificación de Tratados de Extradición suscritos por Venezuela con otros Estados y por los principios de Derecho Internacional, específicamente, por la costumbre internacional y la reciprocidad, respecto a otros Estados de los cuales no existe ningún acuerdo internacional.
No se puede considera como fuente exclusiva de la extradición los Tratados, ello no lo admite nuestro ordenamiento, al señalarse en el artículo 6 del Código Penal, que la extradición de un extranjero por delitos comunes se acordará por la autoridad competente, de acuerdo con los Tratados Internacionales en vigor suscritos por Venezuela, y a falta de estos, por las leyes venezolanas.
Por su parte, el artículo 391 del Código Orgánico Procesal Penal dispone que la extradición se rige por las normas contenidas en este instrumento legal y por los Tratados, Convenios y Acuerdos internacionales suscritos por la República a lo que se añade la mención de las normas internacionales aplicables, según el artículo 399 ejusdem.
Lamentablemente, el artículo citado del Código Orgánico Procesal Penal se quedó corto en el enunciado de las fuentes de la extradición, pues impone la misma referencia a los principios de Derecho Internacional y a la costumbre entre los Estados. Sin embargo, la mención de los Acuerdos y Convenios, haría procedente la entrega cuando, en ausencia de Tratado, se da un compromiso o convenio de reciprocidad que obliga a la entrega al Estado requirente en situación analógica, en razón de la cooperación internacional en la lucha contra el delito.
Principios que rigen la extradición según los tratados suscritos por Venezuela y la ley penal venezolana.
1.- principios relativos al hecho punible.
a) Principio de la doble incriminación: De acuerdo con este principio, el hecho que da lugar a la extradición debe ser constitutivo de delito tanto en la legislación del Estado requirente como en la legislación del Estado requerido. Tal principio se establece en el artículo 6 del Código Penal venezolano. Que señala que Venezuela no concederá la extradición de un extranjero por ningún hecho que no esté calificado como delito por la ley venezolana.
Además, el mencionado principio exige que los tipos por los que solicita la extradición sean similares en ambas legislaciones, lo que supone una identidad sustancial, sin que se tomen en cuenta las circunstancias modificativas del hecho o su denominación en cada una de las legislaciones.
b) Principio de la mínima gravedad del hecho: De acuerdo con este principio sólo se concede la extradición por delitos y no por faltas, así lo señala el artículo 6 del Código Penal y en relación a aquellos se suele establecer en los tratados la pena mínima que debe tener asignada el delito para que proceda la extradición.
Además, la extradición no sólo se concede por delitos consumados sino también en grado de tentativa o en grado de frustración, y a ello aluden la mayoría de los tratados. Asimismo, no sólo hace referencia a los autores del hecho punible, sino también a los partícipes y a los encubridores.
c) Principio de la especialidad: Según este principio el sujeto extraditado no puede ser juzgado por un delito distinto al que motivó la extradición, cometido con anterioridad a la solicitud.
Sin embargo, excepcionalmente, como lo prevén los mismos tratados, puede el sujeto ser juzgado por un hecho cometido con anterioridad a la extradición, siempre que consienta en ello el Estado requerido, o si el extraditado permanece libre en el Estado requirente durante un determinado lapso después de juzgado y absuelto por el delito que originó la extradición, o de cumplida la pena de privación de libertad impuesta.
Otro problema se plantea cuando el sujeto comete un nuevo delito en el Estado requerido. En este caso, si el hecho se comete con anterioridad a la solicitud, la entrega podrá diferirse hasta que el sujeto sea juzgado y cumpla la pena. Además, también podrá postergarse la entrega cuando el traslado ponga en peligro la vida de la persona, por razones de salud.
d) Principio de no entrega por delitos políticos: Este principio según lo establecido en el artículo 6 del Código Penal y en la mayoría de los tratados, se prohíbe la entrega de sujetos perseguidos por delitos políticos, lo cual se ve reforzado por el derecho de asilo consagrado también en nuestra legislación.
Cabe señalar en este punto que se han dado diversas razones por las cuales se justifica la protección al delincuente político y su no extradición. Fundamentalmente se han formulado consideraciones sobre el carácter altruista del delincuente político; sobre su relatividad en el tiempo y en el espacio y básicamente, sobre su importancia limitada al Estado en el cual busca refugiar al individuo.
En algunos tratados quedan abarcados por el principio de la no entrega, los delitos militares, los de carácter religioso, los delitos culposos y los contrarios a las leyes de prensa.
2.- principios relativos a la persona.
Nuestra legislación establece el principio de la no entrega de los nacionales, al señalar el artículo 6 del Código Penal, que “la extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela a solicitud de la parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana”.
La entrega del nacional sería atentar contra la dignidad nacional, exponer al ciudadano a una justicia no confiable, sacrificar el deber de protección del Estado con sus súbditos y un derecho de estos, y sustraerlo de sus jueces naturales. La Constitución de la República, defendiendo la soberanía, sin tomar en cuenta el valor de la solidaridad internacional y la eficacia de la lucha contra el delito, sobre todo en sus manifestaciones de crímenes que no conocen fronteras, como en el caso del tráfico de drogas, ha consagrado, en el artículo 69, que “se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”.
En cambio, en franca desigualad y dejando en el vacío la salvaguarda de otros derechos y garantías que no pueden ser desconocidos, la misma Constitución prescribe en su artículo 271, que “en ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos”.
3.- principios relativos a la acción penal, a la pena y al cumplimiento de otros requisitos procesales.
1. No se concederá la extradición si la acción penal o la pena han prescrito conforme a la ley del Estado requirente.
2. No se concederá la extradición por delitos que tengan asignada en la legislación del Estado requirente la pena de muerte o una pena perpetua, según el artículo 6 del Código Penal. Así, también se establece en la mayoría de los tratados, aunque se señala que podrá hacerlo, si el Estado requirente se compromete expresamente a no aplicar la cadena perpetua o la pena de muerte.
3. No se concederá la extradición si la persona reclamada ya ha sido juzgada y puesta en libertad, o ha cumplido la pena, o si está pendiente de juicio en el Estado requerido, por el mismo delito que motiva la extradición.
Consideramos que no puede considerarse como absoluta la prohibición que hace el transcrito artículo 271 de la Constitución, sino que debe interpretarse en congruencia con los principios que hemos mencionado.
El procedimiento en materia de extradición: El Código Orgánico Procesal Penal, en los artículo 391 y siguiente, regula el Procedimiento de Extradición, y fija las normas que deben observarse, tanto para el caso de la “extradición activa”, cuando Venezuela es el país requirente, que ejerce el derecho de solicitar la entrega de una persona procesada o condenada que ha buscado refugio en otro país; como para el caso de la “extradición pasiva”, cuando Venezuela es el país requerido y se cumple con la obligación de entregar a un país extranjero a una persona procesada o condenada que se encuentra en nuestro territorio.
Principio de legalidad, se exige que el delito se encuentre expresamente previsto en una ley formal, previa, descrito con contornos precisos, de manera de garantizar la seguridad del ciudadano, quien debe saber exactamente cuál es la conducta prohibida y, asimismo, cuales son las consecuencias de la trasgresión o las penalidades que siguen a su conducta lesiva a los bienes protegidos por la norma penal. Este principio, entonces, como lo explicaremos después, va mucho más allá de la exigencia de una ley formal previa que establezca las conductas delictivas y sus penas, para exigir la certeza o precisión de la ley penal, lo cual supone la determinación de los tipos penales, la reducción al mínimo de su contenido de elementos genéricos, equívocos, o librados a la libre apreciación del juzgador. Ello, sin embargo, no significa renunciar a la posibilidad de fijar tipos penales que se resisten a las formulas tradicionales y que exigen la necesidad de fijar de complementación, como en el caso de las normas penales en blanco, cuyo funcionamiento, en todo caso, debe garantizar la exigencia de certeza del ciudadano ante la ley penal, de manera que conozca de forma precisa los contornos de ilicitud penal.
Principio del bien jurídico, todo delito supone la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, en lo cual radica la esencia del hecho punible. Precisamente, el Derecho Penal está destinado a proteger bienes y valores cuya protección se considera imprescindible para a existencia de la sociedad. Por tanto, todo delito supone, por lo menos un peligro para un bien jurídico, no siendo suficiente para incriminar un comportamiento que este aparezca como la simple expresión de una voluntad torcida o rebelde. Este principio constituye otro de los principios básicos del Derecho Penal moderno y garantista. Todo el Derecho Penal se orienta hacia la protección de los bienes o valores jurídicos y la determinación de estos ilumina y constituye la razón de ser de las normas incriminados, exigiéndose como requisito esencial para que una conducta pueda ser considerada como delito, carácter que condiciona la materialidad misma del hecho, la cual debe ser apreciada por el juez, a los fines de determinar la condición para que el hecho tenga importancia penal.
Principio del hecho, el delito debe consistir en un comportamiento externo concreto o individualizado, por el cual se sanciona a su autor. El Derecho Penal no castiga a un sujeto por su personalidad, por sus tendencias o por su modo de ser, sino por lo que ha hecho concretamente. Aunque es parte de ciertas tendencias ignora este principio y se ha querido desplazar la normativa penal, del hecho al autor, con evidente amenaza a las exigencias garantistas del Derecho Penal y Estado de Derecho.
Principio de culpabilidad, por el hecho realizado debe ser posible la formulación de un juicio de reproche a su autor, al cual debe pertenecer el hecho, no solo materialmente, sino espiritualmente. Sin culpabilidad, no hay delito, ni pena, y la responsabilidad penal no pude descansar en la simple causación de un daño sin referencia alguna a la voluntad culpable del autor. Solo se puede responder temporalmente a la medida en que, por la realización de un hecho típico dañoso, se puede dirigir un reproche personal a su autor por la actitud de su voluntad contraria al deber impuesto por la norma o por la expresión de una voluntad que, pudiendo y debiendo ajustarse a las exigencias del Derecho, optó por rebelarse contra ellas.
Procedimiento para la extradición:
El procedimiento para la extradición, se encuentra consagrado en el Titulo VII, del Libro Tercero del Código Orgánico Procesal Penal, rigiéndose por las normas establecidas en ese Título y por los tratados, convenios y acuerdos internaciones suscritos por la Republica.
Extradición activa:
En los casos nacionales que se encuentran en el extranjero, cuando el fiscal del Ministerio Publico hubiese presentado acusación y un Juez de Control decretado una medida de privación preventiva de libertad, el Juez de Control se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia con copia de las actuaciones en que se funda.
En el caso de que nacional se encuentre fugado, estando cumpliendo condena, el Tramite le corresponderá, al Tribunal de Ejecución y no al Tribunal Supremo de Justicia
Una vez recibida la solicitud, el Tribunal Supremo de Justicia, dentro del lapso de treinta días contados a partir del recibo de la documentación pertinente, declarara si es precedente o no, solicitar la extradición, y en caso afirmativo, remitirá copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores certificara y hará las traducciones cuando corresponda, y presentara la solicitud ante el gobierno extranjero en plazo máximo de sesenta días.
El Ejecutivo Nacional podrá requerir al país donde se encuentra la persona solicitada, su detención preventiva y la retención de los objetos concernientes al delito, con fundamento en la solicitud hecha ante el Tribunal Supremo de Justicia por el Juez competente, según la documentación y lo solicitado.
Cuando se efectúen dichas diligencias el órgano al que corresponda deberá formalizar la petición de extradición dentro del lapso previsto en la convención, tratado o normas de derecho internacional aplicables.
Extradición pasiva:
Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se halle en el territorio de Venezuela, el poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida.
Si la solicitud de la extradición formulada por un gobierno extranjero se presenta sin la documentación judicial necesaria pero el ofrecimiento de producirla después y con la petición de que se produce, se aprehenda al imputado, el Tribunal de Control a solicitud del Ministerio Publico, podrá ordenar según la gravedad, urgencia y naturaleza del caso, la aprehensión de aquel, señalando un término perentorio para la presentación de la documentación, que no será mayor de sesenta días continuos.
Vencido el lapso el Tribunal Supremo de Justicia, ordenara la libertad del aprehendido si no se produjo la documentación ofrecida, sin perjuicio de acordar nuevamente la privación de libertad sin posteriormente recibe dicha documentación.
Los gobiernos extranjeros podrán designar un abogado para que defienda sus intereses en este procedimiento.

El Tribunal Supremo de Justicia convocara una audiencia oral dentro de los treinta días siguientes a la notificación de lo solicitado.
A esta audiencia concurrirán el Ministerio Publico, el requerido, su defensor, el representante del gobierno requirente, quienes expondrán sus alegatos. Concluida la audiencia el Tribunal Supremo de Justicia decidirá en un plazo de quince días.
TEMA 5. PRIMER ELEMENTO DEL DELITO:
La acción
Todo comportamiento humano dependiente de su voluntad la cual está dirigida la consecución de un fin.
Características:
1.- ES HUMANA: porque proviene del hombre, que es el único sujeto activo del delito.
2.- ES VOLUNTARIA: porque pes realizada libremente, ya que el sujeto pudo optar por realizar un acto determinado.
El resultado:
Es el cambio que produce en el mundo exterior, y por lo tanto, debe existir una relación de causalidad entre aquella conducta exterior.
La relación de causalidad:
Es el nexo o vínculo que existe entre la conducta exterior y el cambio en el mundo exterior que se llama resultado la acción. Es una condición necesaria, pero no suficiente penal.
La acción tiene dos fases:
1. Fase interna o Subjetiva: Es aquella que sucede en la esfera del pensamiento y no es susceptible de penalización, procesamiento o enjuiciamiento.
2. Fase externa u objetiva: Es cuando ese pensamiento se exterioriza y se produce un cambio en el mundo exterior, este cambio si produce penalización, procesamiento y enjuiciamiento.
Teoría sobre la relación causal:
La ausencia de la acción:
Por ejemplo, el sonambulismo y el sueño natural o artificial aquí hay ausencia de voluntad porque no hay un movimiento ordenado por el cerebro. Se tiene un movimiento involuntario.

Elemento negativo de acción
Sueño artificial o Hipnosis: Se define como una situación especial del sistema nervioso determinadas por maniobras de carácter artificial (sueño artificial).
Sonambulismo: es un estado espontaneo de inconciencia con actividad motriz, continuación del sueño fisiológico. Estado espontaneo de inconciencia para distinguirlo del hipnotismo.
“Con actividad motriz” porque el sonámbulo deambula, camina y realiza los mismos actos que puede realizar despiertos, cuando se despierta no recuerda nada.
Por lo que toca a su responsabilidad penal, precisa observar que, si la persona no sabe de su estado, no es responsable, por el contrario si lo sabe y no toma las precauciones para evitar daños, si es responsable.
Embriaguez Onírica o Ebriedad del sueño: la persona no está totalmente despierta ni totalmente te dormida. En este cortísimo periodo la persona puede ejecutar actos adecuados a un tipo penal, los cuales no serán actos en sentido penal, y por consiguiente no serán delitos ni engendran responsabilidad penal.
Acto violento: es el realizado por una persona bajo el influjo de una fuerza física irresistible. No constituye una conducta voluntaria, y si no es voluntaria, no será delito y por consiguiente no ocasionará responsabilidad penal.
Actos reflejos: son actos o movimientos involuntarios que siguen inmediatamente a una excitación periférica externa o interna, al no ser voluntario no es un acto penal, por lo que no acarrea responsabilidad penal.
La omisión punible. Concepto. La estructura ontológica de la omisión.
Concepto de acción:
Debe basarse en la idea esencial de que el hombre es el centro del problema penal. Y esto porque éste es nuestro punto de partida. El respeto a la dignidad humana y a sus derechos fundamentales.
La acción libre va “atravesando” toda la estructura de la teoría del delito. Lo que se hace en la teoría jurídica del delito es tomar el concepto de acción humana, fraccionarlo y analizarlo sistemáticamente conforme a criterios valorativos y normativos. La tipicidad y la antijuridicidad están referidas a un primer fragmento de la acción humana que corresponde a la “imputación primaria” (la actuación voluntaria); en cambio, la culpabilidad considera un segundo componente del comportamiento, correspondiente a la “imputación secundaria” (la actuación libre).
La acción como exteriorización de la voluntad libre:
Existe acción cuando el hecho puede ser imputado a la actuación libre del autor. Este concepto de acción incluye todos los aspectos esenciales de la actuación humana. De modo que no puede haber responsabilidad penal si el hecho no puede ser atribuido a la voluntad libre del autor.
Debe partirse del concepto de acción como exteriorización de la voluntad libre, pero, a los fines del análisis normativo de la teoría del delito, es preciso diferenciar dos aspectos de la acción: mientras un primer aspecto de la acción se toma en cuenta como elemento base de lo injusto penal; un segundo aspecto constituye la base fáctica de la culpabilidad.
La actuación final o dominable como base de lo injusto:
Toda conducta humana supone un actuar dirigido hacia un objetivo determinado. Se deben analizar cuatro fases en la acción:
Concienciación y fijación de metas: el sujeto fija metas, que puede hacerlo mediante la representación, y de allí las convierte en su propósito o intención. Fijada la meta, cualquiera sea el fin delictivo o no, esta meta queda ya fijada como línea directriz, sin necesidad de que el sujeto vuelva permanentemente sobre ella.
La voluntad ordena que ella se cumpla: el impulso de la voluntad de toda energía psicosomática que se hace consciente como una tensión dirigida contra resistencias.
Planeamiento: el sujeto reflexiona y elije los medios adecuados para alcanzar la meta que se había propuesto utilizando los órganos adecuados a la acción.
Finalmente, la acción voluntaria exige, para que se pueda decir que ella es libre, que entre el impulso y la realización del acto se produzca la censura, “en la cual se incluye el propósito, el impulso de la voluntad y la organización de la voluntad”, de manera que no se de una inmediatez en aquel, sino que exista una especie de vallas que lo racionalicen.
La omisión:
Ausencia de acción u omisión no equivalen a pasividad. La omisión nos da la idea de no hacer algo que debería hacerse.
Los tipos de los delitos dolosos y culposos comprenden la acción final dirigida desde distintos puntos de vista: mientras los tipos de los delitos dolosos comprenden la acción final en la medida que su voluntad de acción está dirigida a la realización de objetivos intolerables socialmente, los tipos de los delitos culposos se ocupan no tanto de los objetivo, sino más bien de la clase de ejecución de la acción final en relación con consecuencias intolerables socialmente, que el autor o bien confía en que no se producirán o ni siquiera piensa en su producción, y comprenden aquellas ejecuciones de acción que lesionaron el cuidado requerido para evitar tales consecuencias en el ámbito de relación.
En la omisión existe una estructura similar a la acción en el sentido de que debe ser libre y manejada por la voluntad a los efectos de lesionar al bien jurídico, esta vez por el no hacer, sin perjuicio de los elementos normativos existentes. En consecuencia, toda omisión supone un comportamiento final por parte del autor, entendido esto como un concepto previo al análisis normativo. Quien omite realiza una conducta distinta a la acción exigida por la norma, pero ello no significa que no esté actuando finalmente.
Hay dos tipos de omisión:
Omisión propia: forma legislada, es decir que aplica pena al incumplimiento de una obligación legal de actuar. El antecedente está constituido por una omisión.
Omisión impropia o comisión por omisión: No legislada, en virtud de la cual la omisión se equipará a la acción. Surge cuando determinadas personas cometen un delito de comisión mediante la inactividad. Ejemplo madre deja de alimentar a su hijo mata matarlo. Solamente pueden cometer este tipo de delito aquellas personas que tienen una situación de protección con respecto a bien jurídico afectado.
Acción y omisión, para la teoría del delito (método racional para excluir todo tipo de arbitrariedad en la concreción de un delito), son conceptos normativos. En la omisión la conducta es negativa, ya que el sujeto deja de hacer aquello que la norma le manda hacer.
La norma subyace al tipo penal y no está escrita. Por ejemplo: “está prohibido matar a otro”. En los tipos comisivos la norma es prohibitiva. En los tipos penales omisivos, la norma que subyace a ese tipo penal es de mandato. Por ejemplo: “se debe auxiliar a otro en determinados casos”.
Una característica de los delitos omisivos es la posibilidad fáctica de realizar lo que se exige. La ley no puede exigir algo imposible.
La comprobación física, de la causalidad natural, es imposible de acreditar respecto de la omisión. El no hacer, no puede ser acreditado naturalmente, de la misma manera que en la acción. La causalidad es incomprobable. Por ello se parte de una causalidad hipotética, con alta probabilidad, casi certeza.
Estructura ontológica de la omisión
El comportamiento humano no se agota con el ejercicio activo de la finalidad, sino que tiene también un aspecto pasivo, constituido por la omisión. Pero la omisión en sí misma no existe. La omisión es la omisión de una acción que se puede hacer y, por eso mismo, está referida siempre a una acción determinada, cuya no realización constituye su esencia. No existe una omisión en sí, sino, siempre y en todo caso, la omisión de una acción determinada. De aquí se desprende que el sujeto autor de la omisión debe de estar en condiciones de poder realizar la acción; si no existe tal posibilidad de acción, por las razones que sean, no puede hablarse de omisión: por ejemplo, un paralítico no puede omitir la salvación de una persona que se está ahogando en el río. Acción y omisión no son, por tanto, dos formas ontológicamente distintas (A y B) del comportamiento humano, sino dos subclases independientes (A y no A) del comportamiento humano, susceptibles de ser regidas por la voluntad final.
Clases de omisión penalmente relevantes:
En Derecho penal, el delito omisivo aparece de varias formas:
a) Como delitos de omisión pura o propia.
b) Como delitos de omisión y resultado.
c) Como delitos de omisión impropia, o de comisión por omisión
La omisión propia: Consiste simplemente en la infracción de un deber de actuar. Así, por ejemplo, en el delito de omisión del deber de socorro previsto en el art. 195,1 el deber de socorrer surge de la presencia de una situación típica (persona desamparada y en peligro manifiesto y grave) que exige una intervención de socorro o auxilio. La no prestación de esa intervención (no socorrer), posible y esperada, constituye una omisión penalmente relevante.
La omisión impropia o comisión por omisión: el art. 11 del código penal
En ellos el comportamiento omisivo no se menciona expresamente en el tipo, que sólo describe y prohíbe un determinado comportamiento activo, pero la más elemental sensibilidad jurídica obliga a considerar equivalentes y a incluir, por tanto, en la descripción típica del comportamiento prohibido determinados comportamientos omisivos que también contribuyen a la producción del resultado prohibido. Así, por ejemplo, nadie duda en incluir en la acción típica del homicidio el comportamiento de la madre que deja morir de hambre al recién nacido, el de la enfermera que no conecta el suero al cuerpo del enfermo, o el del secuestrador que no da la comida al secuestrado encerrado en una celda aislada. En todos estos casos, incluso en el lenguaje coloquial, se puede decir que la omisión equivale a la acción y que, por tanto, también constituye una acción de matar el dejar morir a una persona en estas circunstancias. Sin embargo, no siempre hay unanimidad a la hora de equiparar la omisión a la acción respecto a un resultado prohibido.
La imprudencia:
Al igual que lo que ocurre con la imprudencia en los casos de omisión, la acción final desarrollada efectivamente por el autor es relevante jurídicamente, porque en definitiva, la omisión se constata comparando la acción final realizada con la acción que debía haberse desarrollado conforme al mandato normativo.
Causas de exclusión de la acción como base de lo injusto:
No hay acción cuando el movimiento corporal se realiza sin dominio de la voluntad, cuando no es propio del autor, sino de lo casual o de lo casual sin dominio.

CONCLUSION

Finalmente, como ya se explicó el delito es toda acción u omisión punible, objetivizada en la manifestación de un hecho previsto en la ley penal, al cual le recae una sanción, también prevista en la misma ley penal, a fin de que inhibir al individuo a la comisión de esas conductas consideradas como delitos. En cuanto a las formas de comisión de los delitos, ya se trate de acción o de omisión, éste siempre será una conducta, es decir un hacer o un no hacer, cuyos resultados prevé la ley penal, los que tienen trascendencia en el mundo físico
y en el del derecho.
Por otra parte, si bien es cierto que solamente las conductas que prevé la ley penal pueden ser consideradas como delitos, la preparación de esas conductas, no obstante que no constituyan propiamente un delito, sí son la tentativa del mismo, la que será penada cuando se pretenda afectar un bien jurídico que trascienda a la seguridad de la sociedad, además del individuo que sufre la lesión causada por el delito.
Por último, el delito como figura principal en el Derecho Penal, es la que le da contenido a éste, pues el objeto principal de su materia a estudio, con todas las
características que el mismo envuelve. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la extradición.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

https://aprenderderecho.org/teoria-del-delito-accion/
https://www.google.com/search?q=CAUSAS+DE+LA+EXCLUSI%C3%93N+DE+LA+ACCION+EN+DERECHO+PENAL+EN+VENEZUELA&client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsbLJeOIlHQrZ3DUHBev6TTv–8yRg:1667516366644&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjgnMPFjpP7AhUgRjABHfGTDcAQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1280&bih=675&dpr=1#imgrc=ymJ_wC7s12RNKM
ZAFFARONI, Eugenio Raúl (2021). Tratado de Derecho Penal (Primera edición edi-ción). Ediar Ediar Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera.

Ciencia del DP. Acción /Omisión. Especialistas

Sobre el autor

Unica Equipo 4 Temas 4 y 5 administrator

Ex-asesor Jurídico del Magistrado Presidente del Circuito Judicial Penal Militar. Corte Marcial, Caracas. Abogado Mención Magna Cum Laude. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas. Especialista en Ejercicio de la Función Fiscal Mención Honorífica Suma Cum Laude. Egresado del Programa de Formación Para el Ingreso a la carrera Fiscal ( Escuela Nacional de Fiscales del MP). Investigador y Conferencista. Litigante. Consultor Penal. Docente pre y postgrado. Telfs.: +58 (0412)973.30.05/(0414)320.11.86 roger@actualidadpenal.net

2 comments so far

dorangelPublicada el9:04 am - Nov 4, 2022

mi opinion al leer está investigación me hace pensar que toda sociedad crea e innova un conjunto de reglas sociales y sistemas de control, para establecer los mecanismos a través de los cuales se asegura la supremacía del grupo sobre los individuos que lo integran y que estas normas sociales regulan las relaciones que se dedican a evitar que la mayor parte de los conflictos acaben en una expresión de violencia, lo que constituiría un grave peligro para la paz social, es por ello que análizar todo y cada uno de estos ítems del temario de derecho penal, es de vital importancia para los operadores de justicia y para los estudiosos, ya que activa la parte mas intensa de la aplicación del derecho en la realidad, pero impregnado de los principios que sí bien es cierto no están perdidos deben ser rescatados en cada uno de los casos de la realidad social.

dorangelPublicada el9:12 am - Nov 4, 2022

con respecto a la extradicción super interesante saber que requisitos se deben estimar para que esta see materialice, exaltándose que los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela deben cumplirse y tienen una razón de existencia fundamental

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