La “acción humana” como base del delito.

La “acción humana” como base del delito.

En las siguientes sentencias analizaremos el primer estadio de la teoría del delito: “la acción humana”. En este sentido, debo indicar que el derecho penal regula conductas humanas y tiene como objeto la conducta humana que pretende regular; y de ese catálogo de comportamiento que aparecen en el mundo de la realidad, el derecho penal escoge una parte de ella que valora negativamente y conmina con una pena. De allí, el comportamiento humano constituye el punto de reacción jurídico penal, al cual, el derecho penal le añade una serie de predicados (tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y responsabilidad), que convierten ese comportamiento humano en “delito”. Es así, como en los sistemas constitucionales penales como el nuestro, solo deberán enjuiciarse y penarse las acciones delictivas efectivamente realizadas y “nunca”, la forma de pensar o vestir, las ideologías religiosas, etc. En consecuencia hablamos de un derecho penal de “acto” y nunca de “actor (Francisco Muñoz Conde).

La mayoría de los países de la tradición jurídica de Derecho Continental utilizan la teoría finalista del delito. A partir de los años 90, en Alemania, Italia y España, aunque parece imponerse en la dpctrina y jurisprudencia la estructura finalista del concepto de delito, se ha iniciado el abandono del concepto de injusto personal, propio de la teoría finalista, para introducirse paulatinamente las aportaciones politico criminales de un concepto funcionalista del delito orientado a sus consecuencias. Quizá la aportación más significativa a la teoría de delito del funcionalismo moderado sea la denominada teoría de la imputación objetiva (tema que estaré tratando en este portal y en vídeo en You Tube), que introduce el concepto de riesgo en la tipicidad, buscando la moderación, en unos casos, de la amplitud de las conductas inicialmente susceptibles de ser consideradas como causa y en otros, la fundamentación de la tipicidad en base a criterios normativos en aquellos supuestos en los que ésta no puede fundamentarse en la causalidad (como sucede en los delitos de omisión (acción por omisión), algunas modalidades de delitos de peligro, entre otros.

OBSERVACIONES  DE CARÁCTER PROCESAL.

Ver sentencia 313 del 14/06/2007

La presente sentencia declaró la nulidad de la sentencia definitiva dictada en la causa por el Tribunal de Juicio, así como, la decisión de la Corte de Apelaciones y absolvió a los acusados, señalando que: “…no puede inferirse la participación de los acusados en el delito de TRANSPORTE DE PRECURSORES PARA LA OBTENCIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, por medio de un razonamiento basado en un nexo causal y lógico entre los hechos probados y las pruebas incorporadas al proceso debatidas en juicio oral y público, que pudieran vincularlos de alguna manera con el hallazgo de una sustancia controlada para ser utilizada con fines ilícitos; no obstante que los medios probatorios constituidos por las deposiciones de los funcionarios policiales y de los expertos, con relación al procedimiento policial efectuado e informe sobre tales experticias, son insuficientes para atribuir responsabilidad penal a los acusados …”.

Se evidencia que la Sala decidió absolver a los acusados ya que de acuerdo a su criterio, existía insuficiencia de pruebas para su condenatoria. Para arribar a tal conclusión, la sentencia que antecede entró a analizar los elementos probatorios evacuados en juicio y a extraer de ese análisis, las consecuencias que consideró acreditadas, lo que implicó inexorablemente un análisis y valoración de los elementos probatorios, labor que está reservada al Juzgado de Primera Instancia quien dirigió el debate oral y público, no pudiendo la Sala entrar a conocer de la causa como si se tratase de una tercera instancia para la revisión de la totalidad del proceso.

De igual forma se observa, que el planteamiento del recurso de casación interpuesto por los defensores de los acusados, consistió en imputarle a la Corte de Apelaciones el no haber resuelto todos los puntos que fueron sometidos a su conocimiento mediante el recurso de apelación. Por su parte, la Sala, en su fallo, dictaminó que la razón asistía a los recurrentes, verificando que efectivamente el juzgador de segunda instancia “…no resolvió todos los planteamientos esgrimidos por la Defensa de los acusados en el recurso de apelación…”, con lo que declaró que el fallo cuestionado había incurrido en inmotivación, por lo que determinó que el vicio anotado se había perpetrado en la sentencia de la Corte de Apelaciones y conforme a lo dispuesto en el artículo 467 del Código Orgánico Procesal Penal vigente para ese momento, lo procedente por ajustado a Derecho, era reponer el proceso al estado en el que se incurrió en el vicio de procedimiento que dio lugar al recurso, y no subrrogarse en la condición de Tribunal de Instancia, entrando a conocer directamente el caso, analizando las pruebas practicadas en el juicio oral y público, extrayendo conclusiones del acervo probatorio para absolver a los acusadas al considerar que no existían suficientes pruebas en su contra, pues esa valoración y percepción probatoria es una labor que corresponde al Juzgador de Juicio, con base al principio de inmediatez.

MÁXIMA: La acción típica puede describirse refiriendo el comportamiento humano, en sus movimientos, acciones, haciendo referencia a conceptos o a la intención. Toda esa descripción típica, recae sobre caracteres o elementos del tipo que se refieren al agente del delito o a su víctima, o a exigencias de tiempo o lugar, al objeto y en cuanto a su naturaleza, destinación y cantidad, a la ocasión, al medio empleado, así mismo a los elementos subjetivos del tipo, es decir, a una intención especial o dolo específico (relacionados con lo injusto),o a la intención global o dolo genérico del agente (enraizados a la culpabilidad). En tal sentido, la imagen rectora o el tipo requiere su reproducción en el proceder del supuesto agente delictual, lo contrario conduciría al aspecto negativo de la tipicidad, que es la ausencia del tipo que prevé el artículo 1º del Código Penal:

“Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviese expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiere establecido previamente…”.   

MÁXIMA: A fin de establecerse el hecho ilícito y la responsabilidad penal de los acusados, debe determinarse la acción desplegada y su adecuación dentro del tipo penal en concreto, es decir, la tipicidad, indefectible para la existencia del delito, siendo ineludible que se acredite el desvío de las sustancias controladas con un fin ilícito, como una de las exigencias del tipo que dispone el artículo 31 de la Ley contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, conceptualizado el desvío en el artículo 2eiusdem como el “Acto de descaminar o transferir sustancias químicas controladas, incluidas las mezclas lícitas sometidas a control, de sus usos propuestos y lícitos a canales ilícitos” y es precisamente a la parte acusadora, representada por el Fiscal del Ministerio Público a quien le incumbe la carga probatoria de los elementos constitutivos del delito y la culpabilidad del acusado, de manera que el derecho de presunción de inocencia que ampara a los acusados, únicamente puede ser desvirtuado con las pruebas legales obtenidas en debido proceso

A mayor abundamiento, he querido traerles dos sentencias de vanguardia que explican muy bien el comportamiento humano como base de la teoría general del delito. Ellas son, la sentencia Nª 172 del 14 de mayo de 2021 y el fallo vinculante Nº 1676 del 07/08/2007, ambas, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Respecto a la primera sentencia, se trató de una acción de amparo constitucional interpuesta por la Defensa del imputado en contra del fallo dictado por la Corte Carabobeña, mediante la cual declaró la nulidad de oficio del auto emitido por el Juzgado de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control que decretó el sobreseimiento de la causa, por la presunta comisión de los delitos de forjamiento de documentos y modificación de linderos, previstos y sancionados en los artículos 319 y 471 del Código Penal, respectivamente.

La petición fiscal de sobreseimiento, ratificada en su oportunidad por el Fiscal Superior y luego por el Tribunal de Control, se centraron en la atipicidad del hecho denunciado, por tratarse de una mera discusión sobre quién era el titular del derecho real de propiedad sobre un terreno, lo cual, a todas luces, debía ventilarse ante los tribunales de la jurisdicción civil. Concretamente, dicha controversia se restringe a la confrontación entre, por una parte, un documento privado invocado por el denunciante y con el que pretendía deducir, en sede penal, su derecho de propiedad sobre el terreno disputado, y por la otra, un documento público, sobre el cual el quejoso buscaba también sustentar su titularidad respecto al precitado derecho real, sobre ese mismo inmueble.

En sentencia n°. 1.676/2007, del 3 de agosto vinculante, que veremos en el vídeo publicado infra, en un caso similar, la Sala Constitucional señaló que la causal de sobreseimiento relativa a la ausencia de tipicidad (encerrada en el artículo 300.2 de la ley adjetiva penal), se verifica, entre otros supuestos, cuando la controversia puede arreglarse por conducto de mecanismos extra penales, como son los aportados, por ejemplo, por el Derecho Civil, el Derecho Mercantil y el Derecho Administrativo. En estos casos, es innecesaria la intervención penal, la cual, de suyo, es la última ratio para la solución de los conflictos sociales

 A continuación les muestro las Máximas del fallo 172:

MÀXIMA. – El Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control plasmó, de forma específica e hilvanada, un motivo suficiente para motorizar la procedencia del sobreseimiento, a saber, la atipicidad de los hechos investigados.

MÀXIMA. – Toda conducta humana y voluntaria (art. 61 CP., primer elemento del delito), para alcanzar relevancia desde el punto de vista normativo, necesariamente debe subsumirse en un tipo penal previsto en la legislación. La característica que resulta de tal adecuación, es lo que se denomina tipicidad (segundo elemento del delito). De lo contrario, se estará en presencia de un hecho atípico y, por ende, no revestido de carácter penal. A esto último es lo que se refiere el numeral 2 del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, que autoriza la procedencia del sobreseimiento cuando “El hecho imputado no es típico…”.

MÀXIMA. – La tipicidad es el segundo elemento de la Teoría General del Delito y se concreta cuando existe una conducta humana y voluntaria que puede adecuarse a un tipo penal.

MÀXIMA. – Si la conducta humana y voluntaria no puede subsumirse en un tipo penal, estaremos en presencia de un hecho atípico (200.2 del COPP).

MÀXIMA. – En razón del principio de intervención mínima, los hechos del caso son reluctantes al derecho penal, de allí que la solución adoptada por la representación fiscal y el juzgado de control, dirigidas al sobreseimiento de la causa, fueron a todas luces ajustadas a derecho. Se insiste, en el caso de autos se torna innecesaria proseguir con la causa penal, puesto que la disputa suscitada en el caso de autos, dadas sus características (especialmente, la ausencia de una afectación dolosa y grave a los bienes jurídicos fe pública y propiedad (nota del docente: ¿qué principio del DP tutela con esta afirmación la Sala?), puede -y debe- solventarse por las vías extrapenales, al ser éstas apropiadas y suficientes para alcanzar tal objetivo.

SEGUNDA SENTENCIA:

Sobre el autor

ROGER LOPEZ administrator

Ex-asesor Jurídico del Magistrado Presidente del Circuito Judicial Penal Militar. Corte Marcial, Caracas. Abogado Mención Magna Cum Laude. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas. Especialista en Ejercicio de la Función Fiscal Mención Honorífica Suma Cum Laude. Egresado del Programa de Formación Para el Ingreso a la carrera Fiscal ( Escuela Nacional de Fiscales del MP). Investigador y Conferencista. Litigante. Consultor Penal. Docente pre y postgrado. Telfs.: +58 (0412)973.30.05/(0414)320.11.86 roger@actualidadpenal.net

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