El control casacional del juicio de hecho, expuesto en la motivación de la sentencia de instancia (Juicio)

El control casacional del juicio de hecho, expuesto en la motivación de la sentencia de instancia (Juicio)

Por Roger López

En Sentencia de la Sala de casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia N° 036 y 037 del 06 de febrero de 2015, se dictaron las siguientes Máximas (SSCP 036 del 06/02/2015:

MÁXIMA.- Los impugnantes no pueden emplear el recurso de casación para que sean analizados argumentos referidos al estudio y valoración de pruebas, orientados a demostrar o no la responsabilidad penal del imputado en los hechos objeto del proceso, ya que estos son propios del debate que se realiza en la fase del juicio oral y público. La valoración de las pruebas sometidas al contradictorio, es una actuación propia del juez o jueza de juicio, dirigida a establecer  la eficacia de los elementos probatorios evacuados en el debate oral, y tomados en conjunto para arribar a una conclusión con trascendencia jurídica.

Sentencia relacionada (037 del 06/02/2015).  MÁXIMA.- Según lo dispuesto en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, el análisis de las pruebas y el establecimiento de los hechos son actividades inherentes a los tribunales de juicio, función realizada en la competencia penal militar por los consejos de guerra,  por cuanto es el tribunal que de acuerdo a su competencia conoció de la fase del juicio, sin evidenciarse que se haya promovido prueba alguna en el recurso de apelación, siendo éste el único supuesto en el cual la corte de apelaciones puede analizar las pruebas debidamente promovidas y admitidas.

Otra + recienteBajo estos supuestos, esta Sala de Casación Penal concluye que, en el presente caso, la alzada dictó sentencia propia con fundamento en el hecho de que los medios de prueba debatidos en el juicio oral y público, sólo acreditaban que el acusado actuó de manera imprudente por cuanto retrocedió el vehículo y luego fue que lo echó andar hacia adelante “como para esquivar a la persona que tenía acostada al frente”, desvirtuando por consiguiente los hechos acreditados por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Función de Juicio del referido Circuito Judicial Penal del estado Trujillo, vulnerando con ello los principios de oralidad, inmediación y contradicción” (SSCP 178° del 11/Abril 2016.

LA INMOTIVACIÓN DEL FALLO Y EL VIEJO PARADIGMA REDUCCIONISTA, SEGÚN EL CUAL LA CASACIÓN PENAL VENEZOLANA NO TIENE FACULTAD PARA EXAMINAR LOS ERRORES DE JUIZGAMIENTOS, COMETIDOS POR EL JUEZ DE LA PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL.

Resumen: Nada impide que el casacionista al solicitar el enjuiciamiento de la sentencia, denuncie como violación indirecta de la ley sustantiva, los errores de juzgamiento en el juicio de hecho. (Buscar en este link SSCP N° 452 del 10/12/2013. Extraordinario voto salvado de la Dra. Úrsula Mujica).

Cabe agregar, que en otros casos, la Sala ha analizado y valorado pruebas (la Sala ha revisado los hechos determinados por el tribunal de juicio), lo cual ha conllevado a la nulidad de la sentencia impugnada y se ha ordenado la celebración de un nuevo juicio. Tales son las causas seguidas en los expedientes N° 13-150 en Sentencia N° 452 del 10 de diciembre de 2013, y los expedientes N° 12-137 y 13-187 publicados en Sentencias  N° 475 y 476 del 13 de diciembre de 2013, por lo que mal podría afirmarse que las Cortes de Apelaciones le está negado conocer los hechos, cuando la Sala de Casación Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal ha procedido a revisar los hechos.

Las sentencias que aquí comento Ns 036 y 037, cuyo ponente es el Magistrado Maikel Moreno, además de ser contraria a otras dictadas por la misma Sala Casacional (452°), se aparta de los nuevos vientos sobre la construcción dogmática de una nueva casación penal hispanoamericana, cónsona con el modelo neo-constitucionalista, donde en el juzgamiento punitivo, en lo referente a la fijación de las premisas o establecimiento de los hechos, debe obedecer a un criterio de verdad objetiva, y el razonamiento probatorio en la motivación de la sentencia también debe supeditarse a un criterio de validez constitucional, es decir sin arbitrariedad. Por consiguiente, ante la casación penal, son denunciable dichos errores mediante los andariveles de la motivación, prescrita en el artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal, como violación indirecta de la ley sustantiva, en concatenación del primer aparte del artículo 452 eiusdem.

La Sala de Casación Penal ha venido labrando, con respecto al control casacional  del juicio de hecho, expuesto en la motivación de la sentencia de instancia (Juicio), un constructo epistemológico reduccionista, considerando manifiestamente infundado los recursos de casación interpuestos por violación al artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal y subsiguientemente declarando su inadmisibilidad in lime litis.  A tal efecto, se ha otorgado un poder omnímodo del juez de instancia (en funciones de juicio) en lo concerniente a la fijación de las premisas (fijación de los hechos) y en la construcción del razonamiento  que pareciera a todas luces incontrolable por los tribunales superiores.

En consecuencia, pareciera (o mejor aún, hasta el momento ha sido así)  que el principio de inmediación es incontrolable en casación penal y en Alzada, lo cual no es cierto puesto que la valoración probatoria es una actividad procesal, y como toda actividad estatal debe someterse a la supremacía constitucional, recogida en el artículo 7 de la Constitución, es decir que el juez de instancia no está facultado para producir decisiones erróneas o arbitrarias, porque al decidir debe hacerlo conforme a derecho.

En cuanto a la valoración probatoria que realizó la Sala, a contrario sensu se derrumba el paradigma reduccionista, según el cual el censor no puede en casación denunciar la violación de las reglas de la sana crítica, aunque estudiosos muy destacados como el gran amigo PEREZ SARMIENTO y que decir de JOSE LUIS TAMAYO  en sus comentarios al COPP y quien aquí expone, hemos insistido en que ello si es posible, bien ante la Alzada o bien ante la Casación porque es inaceptable que un estado de derecho el juez de juicio, fije los hechos y condene o absuelva al reo sobre la base de una interpretación absurda o arbitraria de la(s) prueba(s) y que tal proceder no pueda ser controlable por autoridad judicial alguna.

En efecto, la novísima Constitución venezolana no respalda las sentencias erróneas ni en el juicio de hecho ni en el juicio de derecho, y la nueva casación penal se relegitima jurisdiccionalmente haciendo cumplir la Supremacía Constitucional, puesto que la obligación del juez no se agota con tan solo decidir sino que debe hacerlo conforme a Derecho y motivando la decisión, sin vulneraciones legales ni Constitucionales, para que pueda ser legitimada como una sentencia razonada en derecho, por lo que también la valoración racional de la prueba entra en el control casacional.

En definitiva, todos debemos aspirar en buena lid casacional que, la mayoría de los miembros de la Sala, abandonen el paradigma reduccionista, severamente cuestionado en el voto concurrente y que compartimos en toda su extensión, asumiendo una posición crítica sobre el asunto del control del juicio de hecho en casación, de manera que el conocimiento científico obtenido de la información probatoria responda a un criterio de verdad objetiva, en provecho del cognoscitivismo procesal, en rechazo del decisionismo judicial, sustituyéndose un criterio de verdad por autoridad, por un criterio de validez constitucional, en cada caso en concreto.

En efecto, señala la Dra. Úrsula Mujica que la Sala fue más allá del control de los errores in cogitando del razonamiento probatorio, en palabras distintas de la fiscalización de la infraestructura racional de la motivación de la sentencia, y ha construido sus propias conclusiones probatorias, nada impide que el casacionista al solicitar el enjuiciamiento de la sentencia denuncie, como violación indirecta de la ley sustantiva, los errores de juzgamiento en el juicio de hecho, tales como: a) errores por falsos juicios de legalidad probatoria (prueba ilícita, violación a la cadena de custodia) b) errores por falsos juicios de identidad (mutilaciones, agregaciones, tergiversaciones probatorias) c) errores por falsos juicios de existencia probatoria (silencio parcial o total de la prueba, suposiciones probatorias) y errores por falsos juicios de raciocinio (violación a las reglas de la sana crítica) ubicados al interior del razonamiento judicial probatorio, como patologías de la motivación de la sentencia, controlables en casación, incluso de oficio, bajo la gobernabilidad del principio de prohibición de arbitrariedad, tutela judicial efectiva, debido proceso, recogidos en el texto constitucional patrio. Por consiguiente, esta decisión en hora buena y para cerrar el viejo año, constituye una fractura a los barrotes iusfilosóficos del paradigma reduccionista, según el cual la casación penal venezolana no tiene facultad para examinar los errores de juzgamiento, cometido por el juez de instancia, en el juicio de hecho, apotegma que no encuentra asidero epistemológico en el nuevo contexto histórico-constitucional en que se refunda la República actualmente.

Una de las más destacadas Magistradas -al menos en mi criterio- de la Sala de casación Penal del TSJ, Dra. Úrsula Mujica, señaló en lo a mi juicio fue una de las sentencias más emblemáticas en materia de valoración de pruebas –sentencia citada 452- lo siguiente:

“…considero necesario destacar que con la instauración del binomio: tutela judicial efectiva-debido proceso recogidos en los artículos 26 y 49 del texto Constitucional, y en el Código Orgánico Procesal Penal, la casación penal no ha escapado a los efectos de la irradiación iusfilosófica  del viraje histórico-jurídico, impuesto por los instrumentos señalados.

En efecto, la relegitimación de la casación se encuentra en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que constituye a Venezuela en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, en el 7 Constitucional, el cual recoge el principio de prohibición de arbitrariedad, en el artículo 21 eiusdem que recepta el principio de igualdad ante la ley, y en el artículo 26 ibídem con la recepción de la tutela judicial efectiva,  por lo que la finalidad de dicho instituto, pasó de un mero carácter normofiláctico y unificador de la jurisprudencia a comportar un mecanismo para proteger al ciudadano justiciable, contra la arbitrariedad de toda actuación y decisiones estatales.

Por consiguiente, dentro del nuevo contexto constitucional y sistema acusatorio, conviene exponer que Luis Gustavo Moreno Rivera, orientado por la jurisprudencia penal colombina, (La Casación Penal, Teoría y práctica bajo la orientación constitucional. Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá-Colombia, 2013, pág. 76)  define la casación como:

”…un control constitucional y legal que busca la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías debidas a los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a éstos. (…) el recurso de casación, cualquiera sea la concepción que se tenga de sus finalidades, y sin poner en duda su función relativa a la unidad de la aplicación del derecho, no puede dejar de ser un medio de protección jurídica contra la arbitrariedad. (Subrayado pertenece a la Magistrada concurrente)

Como se observa, soplan nuevos vientos sobre la construcción dogmática de una nueva casación penal hispanoamericana, cónsona con el modelo neo-constitucionalista, donde en el juzgamiento punitivo, en lo referente a la fijación de las premisas o establecimiento de los hechos, debe obedecer a un criterio de verdad objetiva, y el razonamiento probatorio en la motivación de la sentencia también debe supeditarse a un criterio de validez constitucional, es decir sin arbitrariedad.

 Asimismo, en el juicio de derecho la nueva casación exige una motivación lógica, congruente, apegada a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, de manera que ambos razonamientos: a) juicio de hecho, b) juicio de derecho puedan razonablemente ser enjuiciados en casación, y si no satisfacen el test de logicidad, razonabilidad, multi-coherencia, como modalidades del control casacional, deben ser nulificados por imperio del principio de prohibición de arbitrariedad, debido a que la tutela judicial efectiva, diseñada en el artículo 26 Constitucional, no es nominal por lo que su concreción procesal debe ser real y concreta, en los casos sometidos a consideración de la Sala Penal.

En esta misma línea innovadora del carácter ius-filosófico, en el modelo de administración de justicia que se propone en este país, la exposición de motivos de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal de fecha 15 de julio de 2012, Gaceta Oficial Extraordinaria  N° 6.078, expone:

Nos encontramos así ante nuevos paradigmas, que se encuentran revolucionando la conciencia social, vinculados a la necesidad de transformación de las estructuras y visiones tradicionales, degastadas por el ejemplo detractor de modelos incompatibles con la realidad nuestra, de manera que se hace impostergable la implementación de esos paradigmas, como instrumentos de ruptura de los métodos, hasta ahora aplicados, para la resolución de conflictos en el proceso penal.

En tal sentido, sostengo que la casación penal no puede quedar soslayada de los cambios históricos, por lo que es hora de reconocer, honorables Magistrados, que la construcción dogmática tradicional, de esta figura jurídica, se encuentra en bancarrota, su acervo lingüístico anacrónico no permite la interpretación dialéctica de los conflictos para establecer la justicia del caso en concreto.

A tal efecto, a título de ejemplo, se pone de relieve que el vocablo: “vicio de la sentencia” es confuso mientras que si se reemplaza por las categorías: a) errores de procedimiento de estructura o de garantías, b) errores de hecho o derecho por: “falso juicio de identidad, existencia, legalidad, o raciocinio”, según sea la hipótesis a denunciar, c) falso juicio de derecho por: “falta de aplicación, indebida aplicación, errónea interpretación”, el operador jurídico (fiscal/defensor/juez) lograría mejor la técnica recursiva, y el órgano decisor contaría con un constructo epistemológico, que al momento de ejercer el control casacional, le permitirá científicamente determinar si los errores denunciados son reales o infundados.

Por tanto, urge asumir el reto a la edificación de una nueva epistemología casacional para, como afirma el legislador, siguiendo a Calamandrei, en la Exposición de Motivo de la reforma al instrumento procesal mencionado, curar las heridas de la sociedad.

Entonces, sobre la base de lo anterior expuesto, expongo que la decisión, cuya motivación comparto parcialmente, emitida por el  Magistrado ponente Dr. Paúl José Aponte Rueda, se encuentra enmarcada dentro de los postulados ius-filosóficos que predica la nueva casación penal, es decir la exclusión de arbitrariedad. Sin embargo, aunque comporta una decisión que realiza un viraje histórico, desde la entrada en vigencia del sistema acusatorio,  en la jurisprudencia indicativa de esta Sala, no porque este máximo tribunal penal,  no haya anulado anteriormente sentencias emitidas por el juez de juicio, sino por la transcendencia del tema neurálgico de lo que el paradigma tradicional denomina ´´casación sobre los hechos y cuestiones probatorias´´ y de la supuesta soberanía del juez de instancia sobre los hechos, que en pleno sistema acusatorio, se ha recrudecido, como apotegma incensurable en casación, por la errónea interpretación, mantenida por esta Sala, sobre el principio de inmediación.

No obstante, que esta decisión desquicia las atlas de la matriz epistémica de una casación reduccionista que ya no tiene razón de ser, y conforma un paso más sobre la construcción de la nueva casación penal venezolana, cuya finalidad radica en la exclusión de arbitrariedad, protección del derecho de igualdad ante la ley, y la tutela judicial efectiva en la justicia del caso en concreto. En efecto, en otras oportunidades (votos salvados) he sostenido que la Sala debe receptar las nuevas tendencias sobre el control del juicio de hecho o razonamiento probatorio del juez de instancia. Por consiguiente, realizar el control casacional por medio de la fiscalización de los límites  de la valoración racional de la prueba, por ejemplo exponiendo en Sentencia Nro. 241-  Exp. N°  12-0279 del 20 de junio de 2013, que si bien es cierto que el juez de juicio es:

“…el llamado a valorar las pruebas conforme a la sana crítica, observando cómo lo dispone el artículo 22 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, a  la Corte de Apelaciones le corresponde, en su labor controladora, como doble instancia, verificar la correcta o no aplicación de dicha norma, lo cual deberá hacer motivadamente, no obstante, en el presente caso se observó que la alzada no lo hizo,  por el contrario, se limitó a ratificar el fallo apelado.

Ahora bien la Corte de Apelaciones al no resolver motivadamente el recurso de apelación, no pudo constatar la existencia o no de posibles errores en la valoración de las pruebas, en este caso considero  que la Sala de Casación Penal, al declarar con lugar el recurso de casación,  sí podría controlar la racionalidad del razonamiento judicial pronunciado en una sentencia, pues ésto justamente es lo que en la doctrina tradicional se denomina “casación sobre los hechos”, y que en el sistema acusatorio se identifica como control de la racionalidad de la estructura interna de la motivación de la sentencia.

Según el autor Sergi Guasch  Fernández,  en su obra “El Hecho y el Derecho en la Casación Civil”, José María Bosch Editor, pág. 574, de lo que se trata es de controlar si el órgano de instancia justifica de manera coherente sobre la base de las razones  y las pruebas apreciadas, es decir, verificar  la logicidad  de la construcción justificativa que haya realizado de la apreciación de las pruebas el órgano jurisdiccional  en las siguientes modalidades: “falsos juicios de legalidad, falsos juicios de identidad, falsos juicios de existencia y falsos juicios de raciocinios”.

Así mismo señala el doctrinario Enrique Bacigalupo,  en su libro “La impugnación de los hechos probados en la casación penal y otros estudios”, Ad-Hoc, Buenos Aires 1994, pág. 69-70, que el juicio sobre la prueba de los hechos sólo puede ser atacado en casación cuando  el a quo ha infringido las reglas de la lógica, o se ha apartado de la experiencia, o  ha desconocido conocimientos científicos, como podría haber sucedido en el presente caso…”.

 Como se observa, la Sala en voto salvado ha puesto la piedra fundacional de la nueva casación sobre el control del juicio de hecho, emanado por el juez de instancia,  a través del examen de los dos niveles de la valoración racional de la prueba, desmitificando el poder omnímodo que erróneamente esta misma Sala, desde la entrada en vigencia del Código Procesal Penal originario, le ha otorgado al juez y al principio de inmediación.

Entonces, entra bajo la cobertura del control casacional, desde un enfoque epistemológico, tanto el contexto de descubrimiento o motivación como proceso decisorio como el contexto de justificación o motivación como producto del proceso decisorio, lo cual indica que es revisable en casación la motivación de la percepción probatoria producto de la inmediación (fijación de las premisas) y la motivación de las inferencias deductivas(infraestructura racional de la motivación)  es decir que la casación penal tiene facultad para examinar, mediante el control de logicidad, las inferencias inductivas y las inferencias deductivas, base fáctica de la conclusión, que le permitieron al juez de instancia arribar al fallo, cuando se denuncien errores de juzgamiento y que la Corte de Apelaciones haya consagrado dichos errores, bien por: errores por falso juicio de legalidad, errores por falso juicio de identidad, errores por falso juicio de existencia (parcial o total), a través de dichos errores la motivación de la sentencia se torna arbitraria.

Por consiguiente, ante la casación penal, son denunciable dichos errores mediante los andariveles de la motivación, prescrita en el artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal, como violación indirecta de la ley sustantiva, en concatenación del primer aparte del artículo 452 eiusdem.

Asimismo, el censor debe aducir las denuncias, en caso de violación indirecta de la ley sustantiva, basado en el primer aparte del artículo 452 eiusdem el cual prescribe que:

Cuando el precepto legal que se invoque como violado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado o interesada ha reclamado oportunamente su subsanación, salvo en los casos de infracciones de garantías constitucionales o de las producidas después de la clausura del debate. (Negritas y cursivas pertenecen  a la Magistrada concurrente)

Como se observa, los defectos de procedimientos que menoscaban garantías constitucionales  representan los supuestos de las nulidades absolutas, y por ser una transgresión insanable se convierte en violación directa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, abriendo paso jurisdiccional lo que se denomina casación penal constitucional, lo cual significa una ampliación de los motivos de la casación.

En este orden de argumento, la violación indirecta a la ley sustantiva, encuentra su respaldo legal, para ser controlada por la casación, en la última frase porque las infracciones de procedimiento, constitucionales, legales, cometidas después de la clausura del juicio del debate se encuentran, sin menoscabo de cualquier otra hipótesis planteada, en la motivación de la sentencia del juez de instancia, en la sentencia de la Corte de Apelaciones.

Por tanto, existe en la normativa procesal penal, el cauce para que la casación examine las denuncias formuladas por defectos en la motivación, específicamente los errores de juzgamiento, como una manifestación diáfana del artículo 7 Constitucional que prescribe el principio de prohibición de arbitrariedad, en consonancia con el artículo 26 eiusdem para alcanzar una tutela judicial efectiva real, en la justicia del caso en concreto.

Además, como acertadamente sostiene el autor patrio Dr. Hildemaro González Manzur en su libro: ´´Teoría del Conocimiento y su Propedéutica en el Control del Juicio de Hecho en Casación Penal´´ (monografía inédita) que el control de los:

“…errores de juzgamiento en cuestiones de hecho y probatoria tiene respaldo constitucional cuando en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como parte del debido proceso, en el numeral 8 prescribe que: ´´Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. (Cursivas y negritas pertenecen a la magistrada concurrente) Obviamente, el control judicial del error judicial se bifurca en dos modalidades, lugar común en la dogmática procesal, en cuanto al razonamiento judicial, a) errores de procedimiento, b) juzgamiento. A tal efecto, la construcción de la gramática epistémica de la nueva casación penal cuenta con respaldo constitucional, en palabras distintas el artículo 49.8 Constitucional, en armonía con el principio de prohibición de arbitrariedad, previsto en el artículo 7 eiusdem, constitucionalizó el control casacional sobre las cuestiones de hecho y probatoria. En consecuencia, el principio lógico de razón suficiente encuentra, en las susodichas normas constitucionales, la base sólida y concreta para que la casación penal examine las arbitrariedades, en la interpretación y valoración probatoria, cometidas por el juez de instancia en el contexto de descubrimiento o proceso decisorio y en el contexto de justificación o motivación de la sentencia, por lo que las inferencias probatorias producto del principio de inmediación y las deducciones emanadas de dichas inferencias se encuentran bajo la gobernabilidad del control casacional…”.

Por tanto, los errores de juzgamiento en la conclusión fáctica son controlables en casación penal, como violación indirecta de la ley sustantiva y en los casos de violación directa de la Constitución, porque una sentencia apoyada en una motivación, expuesta en forma incogitada, es una manifestación judicial arbitraria que no tiene razón constitucional para alcanzar la categoría de cosa juzgada.

En el caso resuelto en la sentencia 452 del 11/12/2013,  la Sala expone que:

“…Revisados como han sido los argumentos recursivos de los impugnantes, la sentencia de juicio y el fallo aquí recurrido, se observa en principio que la fundamentación del fallo condenatorio (ratificado por la alzada), presenta elementos contradictorios, específicamente entre lo señalado por el Dr. ANTONIO RODRÍGUEZ (médico que intervino quirúrgicamente a la víctima en dos oportunidades) y la Dra. BELINDA MÁRQUEZ  (anatomopatóloga que realizó el protocolo de autopsia), y así con relación al hematoma presentado por la ciudadana JENNIFER VANESSA MARTÍNEZ CAPRILES (occisa) en la región hipogástrica surge la discrepancia si éste fue producto de un golpe o de la sutura realizada dos veces en el mismo lugar en menos de veinticuatro (24) horas.

De igual forma, según el dicho del prenombrado médico ANTONIO RODRIGUEZ (corroborado por la declaración de los funcionarios ÁNGEL HERICE, FRANCISCO PÉREZ y ALFREDO AZACÓN, que hicieron el levantamiento del cadáver), la víctima presentaba o no secreción vaginal, al establecerse en la historia  clínica lo siguiente: ´´cavidad vaginal con olor fétido, fiebre a 40.5° C, glóbulos blancos 17.8´´ Valores que según la declaración del Dr. RAFAEL ANTONIO CASTAÑEDA BARNAL (médico cirujano que ayudó al Dr. Antonio Rodríguez en la primera intervención) son muestras posibles de un cuadro infeccioso.

Y en efecto, de la historia clínica inserta en el expediente se evidencia que el estado de salud de la ciudadana JENIFER VANESA MARTÍNEZ CAPRILES (occisa) fue cronológicamente involucionando, presentado fallas respiratorias, circulatorias y renales, edema generalizado, cuadro febril a 40.5° C, glóbulos blancos 17.8, lo que ameritó tratamiento con antibióticos y otros tipos de medicamentos, llegándose a tomar muestra de sangre para su envío a un laboratorio con la finalidad de practicarse ´´hemocultivo por 2   formas para aerobios y anaerobios´´. Desprendiéndose condiciones, elementos y valores de distintos informes, evaluaciones y resultados que forman parte integral de la historia médica de la paciente, no analizado por la Dra. BELINDA MÁRQUEZ al momento de realizar el protocolo de autopsia.

Derivado de ello un cúmulo de incompatibilidades inconsistencia  entre lo reflejado en la historia clínica (valores, informes, tratamiento suministrado), el protocolo de autopsia y lo declarado por la Dra. BELINDA MÁRQUEZ, que descartó un cuadro séptico al considerar que el hígado y vaso de la víctima presentaba  configuración normal, obviando todos los indicativos que mostraban una posible infección, inclusive en contraposición con lo declarado por el Dr. RAFAEL ANTONIO CASTAÑEDA BERNAL…”.

Al respecto, es preciso enfatizar que el paradigma actual, en cuanto al control de la valoración probatoria del juez de instancia, diseñado por la mayoría de los miembros de la Sala, el cual no comparto, como ha sido explicado en muchas sentencias. En efecto, en fecha veinticuatro (24) de marzo de 2009, en Sentencia  con Ponencia de la  Magistrada Dra. DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, la Sala expuso:

“En el presente recurso, la recurrente alegó la falta de aplicación del artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto la Corte de Apelaciones incurrió en el vicio de “… inmotivación…” al no aplicar el sistema de la Sana Crítica, contemplado en la mencionada norma. Asimismo señaló que la recurrida estableció erróneamente que el juez de juicio analizó las pruebas evacuadas en el debate, lo cual en su criterio “es falso” porque el sentenciador de juicio no analizó ni comparó las mismas. Por último concluyó su argumentación expresando que la Corte de Apelaciones debió “… revisar… las declaraciones de los ciudadanos RICHARD PARAGUACUTO, IRAIDA ANGÉLICA GONZÁLEZ y PABLO JOSÉ VILLARROEL, aplicándole el sistema de la sana crítica…”.

No cumple la recurrente con lo establecido en el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal ni con la doctrina de la Sala, para la correcta fundamentación del recurso de casación.

En efecto, la recurrente denuncia la violación del principio procesal referido a la valoración de las pruebas de acuerdo al sistema de la Sana Crítica, establecido en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, bajo el fundamento de una supuesta inmotivación de sentencia, pretendiendo que la Corte de Apelaciones valore las pruebas evacuadas durante el juicio y si no, que la Sala de Casación Penal a través del recurso extraordinario de casación examine los vicios de la sentencia de Primera Instancia.

En relación a la valoración de las pruebas, la Sala de Casación Penal ha señalado en reiteradas decisiones que las Cortes de Apelaciones no pueden valorar pruebas, pues esta labor es propia de los jueces de juicio, quienes de acuerdo a los principios de inmediación, concentración y contradicción, están obligados a valorarlas.

Por otra parte, advierte la Sala que el recurso de casación no es el medio para oponerse a los supuestos vicios cometidos por los juzgados de primera instancia, como lo hizo la recurrente al impugnar la apreciación y valoración de las pruebas debatidas en el juicio oral y público, sino los cometidos por las Cortes de Apelaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, la Sala de Casación Penal de acuerdo con lo establecido en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO, el recurso de casación interpuesto por la Defensora Pública del ciudadano VÍCTOR JESÚS DÍAZ SUÁREZ. Así se declara…”.

            Como se observa, la Sala ha venido labrando, con respecto al control casacional  del juicio de hecho, expuesto en la motivación de la sentencia de instancia, un constructo epistemológico reduccionista, considerando manifiestamente infundado los recursos de casación interpuestos por violación al artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal.  A tal efecto, se ha otorgado un poder omnímodo del juez de instancia en lo concerniente a la fijación de las premisas (fijación de los hechos) y en la construcción del razonamiento  que pareciera a todas luces incontrolable por los tribunales superiores.

En consecuencia, pareciera que el principio de inmediación es incontrolable en casación penal, lo cual no es cierto puesto la valoración probatoria es una actividad procesal, y como toda actividad estatal debe someterse a la supremacía constitucional, recogida en el artículo 7 de la Constitución, es decir que el juez de instancia no está facultado para producir decisiones erróneas o arbitrarias, porque al decidir debe hacerlo conforme a derecho.

Asimismo, la valoración probatoria desde el ángulo de los límites racionales tiene dos niveles a saber: a) contexto de descubrimiento o motivación como proceso decisorio (fijación de las premisas o motivación de la percepción auditiva-visual) lo cual exige que si el juez usa el comportamiento del testigo para no acreditarle valor probatoria al testimonio está  obligado a motivarlo conforme a las reglas de la sana crítica, es decir obedeciendo los principios lógicos (identidad, no contradicción, tercer excluido, razón suficiente) y b) contexto de justificación o motivación como producto del proceso decisorio (infraestructura racional de la motivación de la sentencia) lo cual comporta el juicio de hecho y de Derecho.  Por consiguiente, por medio de los andariveles de la motivación, como ya se hizo alusión, ambos niveles de la valoración probatoria, son censurables en el control casacional.

Ciertamente, en el sistema acusatorio venezolano, la violación indirecta de la ley sustantiva es factible reconducirla por la vía del control de la motivación de la sentencia, a objeto de controlar los errores de juzgamiento, como una modalidad de la desformalización del recurso de casación,  en procura de garantizar la prohibición de arbitrariedad  en el caso en concreto.

Sin embargo, es oportuno destacar que los defectos de la motivación de la sentencia, en el Código Orgánico Procesal Penal, se encuentran en el artículo 444.2 cuando prescribe que el recurso de apelación, entre otros motivos, podrá fundarse en:

  1. Falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación  de la sentencia.

Por tanto, los errores de la motivación en la fundabilidad del recurso deben estar individualizados bien como a) falta, b) contradicción, c) ilogicidad, puesto que no existen errores genéricos sobre la motivación porque ello, en el planteamiento de la censura casacional, conculca el principio de transcendencia del error judicial, el cual exige que debe ser de tan magnitud que hipotéticamente debe inferirse que de no existir el error judicial el fallo de la sentencia habría sido diferente.

A tal efecto, hay que distinguir el supuesto de la falta de motivación como actividad procesal de los supuestos de la falta de motivación por ser a) contradictoria  b) ilógica,  debido a que de la individualización de los defectos de la motivación se determinará la fórmula no sólo de su fundabilidad sino también los efectos del control casacional establecidos en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir las consecuencias de la decisión emitida por la Sala.

En consonancia con lo expuesto, sostengo que la falta de motivación, como actividad procesal, es un error de procedimiento, debido que en tal supuesto existe absoluta omisión de las razones que el fallador debe exponer en la sentencia, la cual a su vez puede ser parcial o total, la primera se concreta por ejemplo en el caso de la incongruencia omisiva, donde la Corte de Apelaciones  no responde una determinada denuncia al recurrente, y en la segunda el juzgador no expresa las razones por las cuales arribó a la conclusión, ni las razones de derecho que le permitieron proferir la dispositiva, pero es razonable exponer que es un supuesto nada común en la práctica judicial.

Asimismo, la falta de motivación como actividad procesal, debe ser denunciada en casación como un error de procedimiento, sobre la base del único aparte del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal el cual prescribe que:

“…Cuando el precepto legal que se invoque como violado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado o interesada ha reclamado oportunamente su subsanación, salvo en los casos de infracciones de garantías constitucionales o de las producidas después de la clausura del debate…”. (Negritas y cursivas pertenecen  a la Magistrada concurrente)

En efecto, dicho defecto de la motivación es producido después de la clausura del debate, y es defecto de actividad procesal debido a que se cuestiona la conducta omisiva del juzgador, en cuanto a una o varias denuncias formuladas, y el efecto de dicho control constitucional de declararse con lugar es la nulidad de la sentencia, y ordenar nuevo juicio oral ante un juez diferente, por ejemplo en el supuesto del error por falso juicio de existencia probatoria por ignorarse la prueba.  En suma, no puede casación controlar un razonamiento judicial que no existe, pero sí corregir dicha sentencia errónea mediante la figura de la nulidad.

Naturalmente, en los demás supuesto la motivación o razonamiento judicial sí existe sólo que es contradictoria, ilógica. En tal sentido, la casación en esos supuestos tiene a disposición el control de logicidad y verificabilidad, a objeto de controlar si el juez de instancia, en caso que la Corte de Apelaciones no lo haya hecho, en los dos niveles de los límites racionales de la valoración de la prueba, ya mencionado, se sujetó o no a las reglas de la sana crítica.

 Entonces, en la presente decisión, la Sala debió aclarar que hacía un giro copernicano en cuanto al paradigma reduccionista que mantiene sobre el examen de la cuestión de hecho y probatoria en casación penal, es decir que hacía un cambio radical del criterio jurisprudencial actual, debido que de esta forma abrupta conculca la  expectativa plausible, puesto que aunque se controla la sentencia errónea recurrida, nulificando sus efectos y ordenando la realización de un nuevo juicio ante un juez distinto al que realizó el juicio oral, persiste la incertidumbre de no saberse a criterio objetivo, si en lo sucesivo, el criterio  a seguir la Sala será el expuesto en esta decisión o en su defecto el paradigma reduccionista que viene sosteniendo.

Ciertamente, con la susodicha omisión de no haber realizado esa aclaratoria,  la Sala viola el principio lógico de identidad, según el cual ´´A´´ es ´´A´´ y no ´´B´´ es decir la lógica no admite que ningún objeto material o formal sea contradictorio a sí mismo, el cual es aplicable incluso a los conceptos.

 Además, la Sala debió explicar que descendió a la exanimación de las cuestiones de hecho y probatoria porque la sentencia recurrida, en los términos en que se labró, constituye un razonamiento judicial arbitrario e inconstitucional, a objeto de que afianzar que se trata de una decisión, producida por este alto tribunal penal, rompe el molde reduccionista y milita en el paradigma de la casación penal constitucional, manifestándose como un precedente sobre la concreción de la supremacía constitucional en el sistema acusatorio venezolano.

            Naturalmente, celebro la dispositiva y parcialmente la motivación de esta sentencia, y desde esa perspectiva crítica apunta su opinión.  A tal efecto, se advierte con meridiana claridad que la Sala no controla la decisión de instancia, desde el ángulo de un test de logicidad ni de verificabilidad, sino al estilo narrativo de una sentencia de instancia, como si hubiere tenido la percepción probatoria que emana del principio de inmediación, en otras palabras la Sala reexamina los medios de prueba, con lo cual ejecuta una ´´deducción´´ propia, sustituyendo la heurística del fallador de instancia. En tal sentido, sostiene que:

…según el dicho del prenombrado médico ANTONIO RODRIGUEZ (corroborado por la declaración de los funcionarios ÁNGEL HERICE, FRANCISCO PÉREZ y ALFREDO AZACÓN, que hicieron el levantamiento del cadáver), la víctima presentaba o no secreción vaginal, al establecerse en la historia  clínica lo siguiente: ´´cavidad vaginal con olor fétido, fiebre a 40.5° C, glóbulos blancos 17.8´´ Valores que según la declaración del Dr. RAFAEL ANTONIO CASTAÑEDA BARNAL (médico cirujano que ayudó al Dr. Antonio Rodríguez en la primera intervención) son muestras posibles de un cuadro infeccioso.

Y en efecto, de la historia clínica inserta en el expediente se evidencia que el estado de salud de la ciudadana JENIFER VANESA MARTÍNEZ CAPRILES (occisa) fue cronológicamente involucionando, presentando fallas respiratorias, circulatorias y renales, edema generalizado, cuadro febril a 40.5° C, glóbulos blancos 17.8, lo que ameritó tratamiento con antibióticos y otros tipos de medicamentos, llegándose a tomar muestra de sangre para su envío a un laboratorio con la finalidad de practicarse “hemocultivo por 2   formas para aerobios y anaerobios”. Desprendiéndose condiciones, elementos y valores de distintos informes, evaluaciones y resultados que forman parte integral de la historia médica de la paciente, no analizado por la Dra. BELINDA MÁRQUEZ al momento de realizar el protocolo de autopsia…”.

Entonces, por la valoración probatoria que realizó la Sala, a contrario sensu se derrumba el paradigma reduccionista, según el cual el censor no puede en casación denunciar la violación de las reglas de la sana crítica.

En efecto, en esta oportunidad la Sala ha ido más allá del control de los errores in cogitando del razonamiento probatorio, en palabras distintas de la fiscalización de la infraestructura racional de la motivación de la sentencia, y ha construido sus propias conclusiones probatorias, nada impide que el casacionista al solicitar el enjuiciamiento de la sentencia denuncie, como violación indirecta de la ley sustantiva, los errores de juzgamiento en el juicio de hecho, tales como: a) errores por falsos juicios de legalidad probatoria (prueba ilícita, violación a la cadena de custodia) b) errores por falsos juicios de identidad (mutilaciones, agregaciones, tergiversaciones probatorias) c) errores por falsos juicios de existencia probatoria (silencio parcial o total de la prueba, suposiciones probatorias) y errores por falsos juicios de raciocinio (violación a las reglas de la sana crítica) ubicados al interior del razonamiento judicial probatorio, como patologías de la motivación de la sentencia, controlables en casación, incluso de oficio, bajo la gobernabilidad del principio de prohibición de arbitrariedad, tutela judicial efectiva, debido proceso, recogidos en el texto constitucional patrio.

Por consiguiente, considero que esta decisión, en hora buena constituye una fractura a los barrotes iusfilosóficos del paradigma reduccionista, según el cual la casación penal venezolana no tiene facultad para examinar los errores de juzgamiento, cometido por el juez de instancia, en el juicio de hecho,  apotegma que no encuentra asidero epistemológico en el nuevo contexto histórico-constitucional en que se refunda la República actualmente.

En efecto, la novísima Constitución venezolana no respalda las sentencias erróneas ni en el juicio de hecho ni en el juicio de derecho, y la nueva casación penal se relegitima jurisdiccionalmente haciendo cumplir la Supremacía Constitucional, puesto que la obligación del juez no se agota con tan solo decidir sino que debe hacerlo conforme a Derecho y motivando la decisión, sin vulneraciones legales ni Constitucionales, para que pueda ser legitimada como una sentencia razonada en derecho, por lo que también la valoración racional de la prueba entra en el control casacional.

En definitiva, comparto la dispositiva de esta sentencia, y parcialmente su motivación, y aspiro en buena lid casacional que, la mayoría de los miembros de la Sala, abandonen el paradigma reduccionista, severamente cuestionado en esta oportunidad, asumiendo una posición crítica sobre el asunto del control del juicio de hecho en casación, de manera que el conocimiento científico obtenido de la información probatoria responda a un criterio de verdad objetiva, en provecho del cognoscitivismo procesal, en rechazo del decisionismo judicial, sustituyéndose un criterio de verdad por autoridad, por un criterio de validez constitucional, en cada caso en concreto…”( Úrsula M. Mujica C.)

Sobre el autor

ROGER LOPEZ administrator

Ex-asesor Jurídico del Magistrado Presidente del Circuito Judicial Penal Militar. Corte Marcial, Caracas. Abogado Mención Magna Cum Laude. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas. Especialista en Ejercicio de la Función Fiscal Mención Honorífica Suma Cum Laude. Egresado del Programa de Formación Para el Ingreso a la carrera Fiscal ( Escuela Nacional de Fiscales del MP). Investigador y Conferencista. Litigante. Consultor Penal. Docente pre y postgrado. Telfs.: +58 (0412)973.30.05/(0414)320.11.86 roger@actualidadpenal.net

1 comment so far

arturo de limaPublicada el11:49 pm - Abr 4, 2016

visto el análisis del control casacional acá expuesto, determina, cual instancia no procede a conocer o corregir, la o las decisiones de el tribunal de primera instancia o decir tribunal de juicio ? Quizás me quedo la duda al interpretar lo espléndido de la misma. pero me gustaría de ser posible me sea corregido el criterio expresado. Gracias.

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