Amparo y el Principio de Legalidad (comentada).
Sobre la vigencia temporal de la acción de amparo: El TSJ reitera su criterio conforme al cual el interés manifestado por la parte actora al solicitar ante el órgano jurisdiccional la tutela de los derechos constitucionales, debe ser mantenido a lo largo del proceso, por lo que la ausencia de impulso procesal durante un tiempo que supere los seis (6) meses, indica que no existe una necesidad imperiosa ni interés en obtener la tutela constitucional demandada, lo cual debe entenderse como un abandono del trámite que obliga a la Sala a declarar terminado el procedimiento (véase sentencias número 982 del 6 de junio de 2001, caso: José Vicente Arenas Cáceres, y 734 del 12 de julio de 2010, caso: Rodolfo Igdel Lorenzo Quintero).
Sobre El Principio de Legalidad Penal:
Al respecto, la Sala sancionó con multa de cinco (05) Bs al accionante por abandono del trámite, ello, con fundamento al artículo 25 LOSDGC, aduciendo además, que es imposible modificar esa sanción pecuniaria por parte del Poder Judicial si no existe una previsión normativa expresa que lo autorice.
El Efecto Suspensivo y la Valoración de las Fuentes de Prueba en Fase Intermedia.
PRIMERO.- La Sentencia dictada por la Sala de Casación Penal del TSJ, en lo adelante SSCP – TSJ, es de relevancia en el ámbito penal, por cuanto se pronuncia en relación a la trascendencia que tiene el “Debido Proceso” como limitación al derecho que tiene el estado de perseguir los delitos, ya sea limitando cualquier injusta e infundada injerencia estatal en el ejercicio del ius puniendi o ya sea excluyendo cualquier arbitrariedad.
En ese sentido, la Sala de Casación Penal al constatar que la competencia para la resolución del recurso de apelación le correspondía a la jurisdicción especializada con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer, procedió de OFICIO a anular la decisión de la Única Corte de Apelaciones del Estado Yaracuy, por considerar que se habría violentado el bloque de los derecho constitucionales, es decir, el derecho a ser enjuiciado por los jueces naturales, particularmente la competencia material como garantía del debido proceso, regulada en el artículo 49.4 de la CRBV (1999).
En torno a lo anterior, se establece como primera máxima lo siguiente: Leer más
Nueva Consideración Acerca del Poder Especial Otorgado por la Víctima.
HECHOS: AMPARO CONTRA DECISIÓN JUDICIAL. La víctima ejerció la acción extraordinaria de amparo constitucional en contra de la decisión dictada por la Sala 3 de la Corte de Apelaciones de Caracas, por haber vulnerado su derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, ya que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por sus apoderados judiciales, con base en una supuesta FALTA DE LEGITIMIDAD, a pesar de constar en autos el poder especial autenticado que les había otorgado.
A tal efecto, la Sala señaló:
Jurisdicción Disciplinaria Judicial y los Principios Generales del Derecho
“Los criterios reiterados y pacíficos generan en el justiciable una expectativa legítima, y apartarse de ellos, implicaría una inseguridad jurídica”
MÁXIMA DE MÁXIMAS.- Expectativas legítimas y Principio de irretroactividad de la Ley Sobre este particular es oportuno traer a colación el criterio establecido por la Sala en la sentencia N° 401/2004, del 19 de marzo (caso: Servicios la Puerta, S. A.), reiterado entre otras, por la sentencia N° 867/2013, del 8 de julio (caso: Globovisión), del cual es pertinente extraer lo siguiente:
De tal forma, que en la actividad jurisdiccional el principio de expectativa plausible, en cuanto a la aplicación de los precedentes en la conformación de reglas del proceso, obliga a la interdicción de la aplicación retroactiva de los virajes de la jurisprudencia. En tal sentido, el nuevo criterio no debe ser aplicado a situaciones que se originaron o que produjeron sus efectos en el pasado, sino a las situaciones que se originen tras su establecimiento, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica y evitar una grave alteración del conjunto de situaciones, derechos y expectativas nacidas del régimen en vigor para el momento en que se produjeron los hechos. Leer más
Prisión Provisional revocadas y/o decretada por la Alzada.
Leer texto de la sentencia 199 del 07/04/2017
HECHOS.- El Ministerio Público interpuso acción de amparo constitucional conjuntamente con medida cautelar innominada, contra la decisión dictada por la Alzada que declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación ejercido por la defensa privada, la cual, confirmó la medida de privación judicial preventiva de libertad dictada contra uno de los imputados y decretó la libertad plena y sin restricciones de otros. Así, los representantes fiscales indicaron que la Sala, presuntamente vulneró entre otros, los derechos constitucionales a la a la defensa y al debido proceso, consagrados en el artículo 49 de la Carta Magna, respectivamente, pues “…“[l]a Sala de Apelaciones afirma en su decisión términos como ‘demostró’, ‘se acreditó’, en una fase como la misma Sala Séptima lo asienta ‘probatoria incipiente’, no se entiende como al conocer de una medida cautelar va más allá de lo pedido y entra a valorar conductas, a realizar juicios de valor y establecer nuevos hechos lo cual le dio sustento para cambiar la calificación jurídica y exonerar de responsabilidad penal a los señalados por la investigación”. Leer más
Contra la “Omisión de Pronunciamiento por parte de la FGR” no procede el amparo constitucional.
Contra la “omisión de pronunciamiento por parte de la Fiscal General de la República” no procede el amparo constitucional, sino, el recurso por abstención o carencia. SSC 645° del 29/07/2016 Leer más
Los abogados deben investigar la actualidad legal, doctrinaria y jurisprudencial de la materia sobre la cual versa su solicitud
MÁXIMA.- Los abogados que prestan su ministerio para la representación de los justiciables, antes del ejercicio de una pretensión en su sentido más amplio, a través de una solicitud, demanda, acción o querella, deben previamente tener conciencia sobre el tipo de vehículo procesal que corresponde, evitando yerros con relación a la diagnosis jurídica y teniendo en cuenta los presupuesto o condiciones de la misma. SSC 519 del 30/06/2016
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Prohibición de cambiar la calificación jurídica en etapa de juicio, sin que el juez valore las pruebas una vez admitido los hechos . (159.670)
La Legítima Defensa Vs Estado de Necesidad. (54.749)
Separación de Cuerpos y Bienes Con Apoderado Judicial. PREMIUM. (46.535)- Régimen aplicable a la Prisión Preventiva: SSC-TSJ N° 526° y 857°. (44.166)
- ¿Puede el juez de control valorar fuentes de prueba en Fase Intermedia?. (38.561)
- CARÁCTER VINCULANTE LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONALIZANTE del artículo 34 del Código de Ética del Juez Venezolano. (37.644)
- El o la cónyuge podrá demandar el divorcio por cualquier motivo que impida la vida en común. (36.754)
La Admisión de los Hechos Vs el Cambio de Calificación Jurídica en fase de juicio oral. (36.387)
Derecho Adjetivo y Sustantivo Penal
Veamos que tan altos son tus conocimientos
