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La Prescripción Judicial y Daño.

Comentada.-

Actualizamos el presente Post, en virtud que, en su más reciente sentencia la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia con ocasión al fallo Nº 296 del fecha 22/07/2021, advirtió la posible transgresión del orden público constitucional, en sus manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva, de la garantía de protección a las víctimas y del derecho a la defensa, por cuanto: a) Los Juzgados de Control y las salas de Corte de Apelaciones que conocieron de la causa penal principal, han desconocido la cualidad de víctima de la ciudadana Irma Michailos de Frangogiannis, y por tanto, le han negado ilegítimamente intervenir en dicha causa; b) El Juzgado Octavo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decretó el sobreseimiento de la causa, por prescripción de la acción penal, inaudita parte, por escrito, sin determinar los hechos objeto del proceso y prescindiendo de la audiencia preliminar, ello a pesar de que la Sala de Casación Penal, en su sentencia n°. 152, del 3 de diciembre de 2020, ordenó celebrar dicha audiencia; c) A la ciudadana Irma Michailos de Frangogiannis no se le notificó de dicho sobreseimiento, lo cual le impidió ejercer el correspondiente recurso de apelación; y d) En el caso de autos se ha orquestado un escandaloso fraude procesal, en perjuicio de los derechos de la ciudadana Irma Michailos de Frangogiannis, y de la administración de justicia, el cual, en vista de su gravedad, interesa al orden público constitucional. (Ver nuestro Post que contienen la Máxima, según la cual, “a la victima y al Ministerio Público se les debe notificar del fallo”)

En el caso que se analiza, la Sala de Casación Penal consideró que, el juzgado de juicio, decretó el sobreseimiento del proceso penal fijando las circunstancias del hecho y la presunta acreditación del delito de estafa agravada continuada, con la simple transcripción del íter procesal de la causa (…) sin precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar y la subsunción de los hechos en el derecho (SSCP Nº 61 del 30/07/2020, clic en la imagen).

MÁXIMA.

Encontrándose el proceso en fase de juzgamiento, antes de proceder a declarar la prescripción de la acción penal (de ser el caso) debe determinarse la comprobación del hecho punible tipificado en la legislación penal, debiendo ser previo e indefectible para su calificación jurídica, lo cual sólo puede surgir con la debida motivación judicial, con la finalidad de tutelar  el derecho de la víctima a reclamar eventualmente el resarcimiento de los daños, en garantía de lo previsto en el último aparte del artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

MIS COMENTARIOS.-

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¿Derecho de la Víctima a acceder al Acto de Imputación Formal?

En el presente artículo el autor comenta la reciente sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nº 68 de fecha 08/04/2021.

Ver texto íntegro del fallo.

Hechos.- La tutela constitucional interpuesta por el apoderado judicial de la víctima, fue resuelta por la Corte de Apelaciones declarándola Inadmisible conforme a lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que la supuesta agraviada disponía de medios procesales y judiciales preexistentes para recurrir a las vías judiciales ordinarias y atacar la actuación de la Jueza de la Primera Instancia en Funciones de Control Municipal quien le habría negado el acceso a la audiencia de imputación, ya que, a criterio de la A Quo es:

  • una audiencia para imputar la comisión del delito de Desacato, tipificado en el artículo 538 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras por no acatar la orden de reenganche laboral de la víctima.
  • Debe estar presente el Juez, el imputado, el Fiscal del Ministerio Público quien hace la imputación y los abogados defensores públicos o privados que garantizarán los derechos constitucionales del imputado.

Máxima. – En este fallo, la Sala ni siquiera dedujo si la víctima tiene o no el derecho a estar presente en el acto formal de imputación, lo que amerita los comentarios del autor. Leer más

La Víctima. Consideraciones acerca del “Derecho al Castigo” (PREMIUM).

La Víctima. Consideraciones Jurisprudenciales acerca del “Derecho al Castigo”.

¿Goza la Víctima del “Derecho Constitucional” a que les sea impuesta una sanción, a las personas que hayan cometido un delito?. El derecho de persecución que ejerce el Estado, se comporta como la Gran Represa del Guri -ahora tan de moda-. Abogado Roger López

El artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contempla en su último aparte, la obligación del Estado de proteger a las víctimas de delitos comunes y de procurar que los culpables reparen los daños causados (sentencia nro. 1.335/2011, del 4 de agosto). Además, en sentencia nro. 265/2010, del 16 de abril, la misma Sala estableció, respecto al alcance de dicha norma constitucional, lo siguiente:

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Acusación Extemporáneamente en Violencia (PREMIUM).

MÁXIMA.- en la materia de violencia contra las mujeres, al ser un procedimiento especial, se previó un lapso más expedito que el utilizado ordinariamente en el compendio de normas adjetivas penales, precisamente para coadyuvar con el cumplimiento del objetivo de la ley, esta situación ha de ser resuelta dentro de los parámetros de justicia, donde convergen las necesidades de adaptar nuestro propio ordenamiento jurídico a la realidad actual y al reconocimiento de los derechos promulgados en la Constitución e instrumentos suscritos y ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos, protegiendo los derechos y garantías con que cuentan los actores procesales, reconocidos en el ordenamiento jurídico.

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Magistrado Ponente Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

En fecha 2 de junio de 2010, se inició el presente proceso en virtud de la querella interpuesta por los ciudadanos NERIO E. LOZADA y JOSÉ PERICANA, venezolanos titulares de las cédulas de identidad nros. 5.805.722 y 8.232.395, inscritos en el Inpreabogado bajo los nros. 55.565 y 29.795, respectivamente, actuando en nombre y representación de la Sociedad Mercantil Coberturas Asfálticas Venezolanas C.A. (COBERVENCA C.A.), mediante Instrumento Poder otorgado por el Director Principal, ciudadano VITTORIO DE STEFANO VIVENZIO, titular de la cédula de identidad V-6.059.798, contra el ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, venezolano, titular de la cédula de identidad nro. 3.847.260, por la presunta comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462, en relación con lo establecido en los artículos 463, numeral 3 y 99, todos del Código Penal. En la misma, se señalan los hechos siguientes:

“(…) VITORIO DE STEFANO VIVENZIO y ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI (…) desde el año dos mil seis, establecieron una relación comercial y personal cercana a la amistad y en función a ella acordaron, en el devenir del tiempo, que el segundo de los nombrados se asociara a la Sociedad Mercantil ´C.A. DE SEGUROS LA INTERNACIONAL´ y el primero, nuestro poderdante, formase parte de la empresa mercantil ´COBERTURA ASFÁLTICA VENEZOLANAS C.A.´ cuya abreviación es COBERVENCA. Bajo este esquema ocurren los siguientes hechos: 1.1. En fecha 13 de junio de 2007, el hijo de VITTORIO (sic) DE STEFANO VIVENZIO, CARMELO DE STEFANO ROJAS (…), adquirió de ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, en representación de la empresa mercantil ´INVERSIONES CILENTO C.A.´ sociedad que integraba el grupo accionario de COBERVENCA, la cantidad de (…) (490.000) acciones que significan el (…) (49%) del total accionario de la sociedad COBERVENCA, quedando así ´INVERSIONES CILENTO C.A´, con (…) (60.000) acciones que representan el (…) (6%) del capital social, el restante (…) (45%) del capital social, es decir, (…) (450.000) se encontraba en propiedad de la Sociedad Mercantil INVERSIONES VIGIRIMA C.A., empresa esta propiedad de ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, de la cual es representante legal; dicha empresa se documentó mediante Acta de fecha 13 de junio de 2007 (…). 1.2. En fecha 7 de marzo de 2008, ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, participa al socio CARMELO DE STEFANO ROJAS, que hay un conjunto de inmuebles donde funcionan las sucursales de COBERVENCA que pertenecen en propiedad a una empresa de su grupo empresarial (INMOBILIARIA E INVERSIONES LA SOLEDAD C.A.) y uno ubicado en el Estado (sic) Bolivariano de Aragua a su hermana MARINELLA SCHIAVO LAVIERI, que sería provechoso que las adquiriera COBERVENCA y que él no tiene inconveniente en venderlas. Es así como COBERVENCA con la anuencia de CARMELO DE STEFANO ROJAS y de ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, en representación de las sociedades mercantiles INVERSIONES VIGIRIMA C.A. e INVERSIONES CILENTO C.A., es decir, con la aprobación del (…) (100%) del capital social, compra los inmuebles que identificamos de seguida, pagando el precio acordado con la emisión de los siguientes instrumentos financieros (…). Así los bienes inmuebles adquiridos por: COBERVENCA, son los siguientes: 1.2.1. Un inmueble constituido por un terreno y las bienhechurías (…) ubicado en la calle Mariño Sur (…) Urbanización San Miguel, de la ciudad de Maracay (…) vendida por ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI en representación de MARINELLA SCHIAVO LAVIERI (…). 1.2.2. Un inmueble constituido por una casa quinta ubicada en la Urbanización el Viñedo (…) VENDIDO POR ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI en representación de ´INMOBILIRIA E INVERSIONES LA SOLEDAD C.A.´. 1.2.3. Una extensión de terreno y las bienhechurías sobre él construidas, ubicado en el lugar denominado estado Leal (sic), Avenida Andrés Galarraga, Jurisdicción del Municipio Chacao, del Estado (sic) Bolivariano de Miranda (…). Vendido por la sociedad mercantil ´INMOBILIARIA E INVERSIONES LA SOLEDAD C.A.´ representada por ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI. 1.3. En fecha 20 de enero de 2009, ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, en representación de ´INMOBILIARIA E INVERSIONES LA SOLEDAD C.A´., ofrece en venta a COBERVENCA una casa y el área de terreno sobre el cual está construida en el lugar denominado estado (sic) Leal, Avenida Andrés Galarraga, Jurisdicción del Municipio Chacao del Estado (sic) Bolivariano de Miranda (…). 1.4. En fecha 22 de enero de 2009, en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de COBERVENCA, ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, en su condición de director de la sociedad mercantil ´INVERSIONES VIGIRIMA C.A.´ ofrece en venta el ciento por ciento de las acciones que posee su representada, es decir, la cantidad de 450.000 acciones y acto seguido, ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, decide adquirir la cantidad de 320.000 acciones en representación de la empresa mercantil ÍNVERSIONES CILENTO C.A.´, para así alcanzar una participación del (…) (38%), empresa esta que pertenece a su grupo empresarial; y CARMELO DE STEFANO ROJAS, adquiere las restantes 130.000 acciones ofrecidas en venta, lo cual incrementa su participación a la cantidad de 620.000 acciones en la empresa COBERVENCA, que representa el (…) (62%) del capital social (…). 1.5. En fecha 15 de agosto de 2009, ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI le propone a VITTORIO (sic) DE STEFANO, que adquiera el (…) (38%) accionario que se encontraba, como antes se dijo, en manos de ´INVERSIONES CILENTO C.A.´. VITTORIO (sic) DE STEFANO, que es nuestro empresario venezolano y de profesión economista, verifica el estado financiero de la empresa, incluyendo los activos de la misma, entre ellos, los más importante eran los inmuebles donde funcionan las sucursales antes señaladas. Bajo estas circunstancias en la fecha antes indicada (15 de agosto de 2009), VITTORIO DE STEFANO VIVENZIO, acepta la oferta de ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, de (…) (380.000) acciones.

De manera que el desarrollo factual criminal y reprochable penalmente se inicia con las ventas a COBERVENCA, prosigue con las anulaciones de estas operaciones de venta de esos bienes, efectuadas por el ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI en forma personal y en representación de la Sociedad Mercantil ÍNMOBILIARIA E INVERSIONES LA SOLEDAD C.A.´, culminando el desarrollo delictual con la actividad desplegada respecto del local adquirido el 20 de enero de 2009, ubicado en (…) Municipio Autónomo Chacao (…) dejamos sentado acá que ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, no anuló la operación, sino que, lo que es más grave aún, volvió a vender el referido inmueble (...)” (folios 7 al 13, pieza 1).

 Acto seguido, en fecha 18 de junio de 2010, el Tribunal Trigésimo Quinto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, admitió la querella penal, interpuesta por los abogados NERIO E. LOZADA y JOSÉ PERICANA, inscritos en el Inpreabogado bajo los nros. 55.565 y 29.795, respectivamente, actuando en nombre y representación de la Sociedad Mercantil Coberturas Asfálticas Venezolanas C.A. (COBERVENCA C.A.), mediante Instrumento Poder otorgado por el Director Principal, ciudadano VITTORIO DE STEFANO VIVENZIO, titular de la cédula de identidad V-6.059.798, contra el ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, por la presunta comisión del delito de “ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462, en relación con el artículo 463, numeral 3º (sic) CASOS ESPECÍFICOS DE ESTAFAS, ambos del Código Penal” (folios 162 al 165, pieza 1).

En fecha 30 de noviembre de 2010, los abogados ÉRICA PAREDES BRAVO, Fiscal Quincuagésima Octava del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena y DANIEL D´ANDREA GOLINDANO, Fiscal Septuagésimo Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, solicitaron al Tribunal Trigésimo Quinto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la medida de prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles (folios 176 al 186, pieza 2).

En fecha 2 de diciembre de 2010, el mencionado Juzgado de Primera Instancia, decretó la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, sobre los bienes inmuebles identificados en la solicitud incoado por los abogados ÉRICA PAREDES BRAVO, Fiscal Quincuagésima Octava del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena y DANIEL D´ANDREA GOLINDANO, Fiscal Septuagésimo Primero del  Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 588, numeral 3 del Código de Procedimiento Civil , aplicable por remisión expresa del artículo 550 del Código Orgánico Procesal Penal (folios 189 al 211, pieza 3).

En fecha 25 de enero de 2011, la Fiscalía Septuagésima Primera del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, realizó el acto de imputación contra el ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERIcomo autor en la comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462, último aparte, en relación con lo establecido en el artículo 99, ambos del Código Penal (folios 5 al 15, pieza 3).

En fecha 14 de septiembre de 2010, el ciudadano VITTORIO DE STEFANO VIVENZIO, representante legal de la Sociedad Mercantil COBERTURAS ASFÁLTICAS VENEZOLANAS C.A., (COBERVENCA), consignó Poder Especial ante el Juzgado de la causa, otorgado a los abogados ARMANDO GARCÍA SAN JUAN, DANIEL IGLESIAS y JOSÉ ANTONIO BONVICINI RÚA (folios 80 y 81, pieza 6).

En fecha 23 de noviembre de 2011, los abogados ÉRICA PAREDES BRAVO, Fiscal Quincuagésima Octava del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena y DANIEL D´ANDREA GOLINDANO, Fiscal Septuagésimo Primero del  Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, presentaron acusación contra el ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERIpor la presunta comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462, último aparte, en concordancia con lo establecido en el artículo 99, ambos del Código Penal (folios 97 al 211, pieza 8).

En fecha 14 de diciembre de 2011, el Tribunal Trigésimo Quinto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró con lugar, la solicitud incoada por el Ministerio Público, e impuso al querellado medida cautelar sustitutiva, previsto en el artículo 256, numerales 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal (folios 225 al 228, pieza 8).

En fecha 8 de marzo de 2012, en virtud de la inhibición interpuesta por la abogada María Cecilia Hung, en su condición de Juez del Tribunal Trigésimo Quinto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el expediente fue remitido al Juzgado Décimo de Primera Instancia en función de Control del mismo Circuito Judicial Penal (folio 90, pieza 9) y en fecha 29 de junio de 2012, el mencionado Órgano Jurisdiccional, revocó la medida cautelar sustitutiva y libró orden de aprehensión, al querellado ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI (folios 219 al 228, pieza 9).

En fecha 28 de noviembre de 2013, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictó sentencia nro. 1666, Ponencia de la Magistrada CARMEN ZULETA DE MERCHÁN, mediante la cual, declaró:

“(…) PRIMERO: HA LUGAR la revisión de oficio de la sentencia N° 218/2013 del 18 de junio, dictada por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, que avocó la causa penal N° 10° C-805-12, nomenclatura del Juzgado Décimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, seguida al ciudadano Oreste Alfredo Schiavo Lavieri, titular de la cédula de identidad N° 3.847.260, por la presunta comisión del delito de estafa agravada continuada; la cual se ANULA.

SEGUNDO: CESA la medida cautelar dictada por esta Sala en decisión N° 796 del 20 de junio de 2013; y con PLENOS EFECTOS JURÍDICOS la decisión dictada el 29 de junio de 2013, por el Juzgado Décimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que decretó la orden de aprehensión al ciudadano Oreste Alfredo Schiavo Lavieri.

TERCERO: Se ORDENA, previo al desglose correspondiente, la remisión del expediente penal número 10° C-805-12, nomenclatura del Juzgado Décimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a la Presidenta del referido Circuito Judicial Penal, para que lo envíe al mencionado Tribunal Décimo de Control a los fines de la continuación inmediata del proceso penal y se proceda a la conducción del imputado ante el Juez para realización de la audiencia de presentación a que se contrae el segundo aparte del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, quedando el detenido a la orden del mencionado Juzgado Décimo de Control, órgano jurisdiccional que, dentro de su potestad de juzgamiento, podrá decretar la medida que considere pertinente (Vid. sentencia N° 946/2013 del 15 de julio, recaída en el caso: Gabriel Arturo Higuera Martínez). Al oficio correspondiente deberá adjuntarse copia certificada de la presente decisión.

CUARTO: Se ORDENA a la Secretaría de esta Sala Constitucional que, del expediente identificado con el N° 2013-0539, proceda a efectuar el desglose de la orden de aprehensión cursante a los folios 84 al 95, ambos inclusive, del anexo N° 13, para que sea igualmente remitida a la Presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, conjuntamente con causa penal identificada con el número 10° C-805-12, N° 2013-0539, nomenclatura del Juzgado Décimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

 QUINTO: Se ORDENA la notificación de la Sala de Casación Penal a la cual deberá adjuntarse copia certificada de la presente decisión; asimismo, se ORDENA a la Secretaría de esta Sala Constitucional que, del presente expediente identificado con el N° 2013-0539, desglose las actuaciones correspondientes a la Sala de Casación Penal, las cuales están contenidas en los folios 1 al 83 y 96 al 148, del anexo N° 13, actuaciones éstas que forman parte del expediente identificado con el alfanumérico AA30-P-2012-000260, nomenclatura de esa Sala, iniciado con ocasión del avocamiento solicitado (folios 296 al 340, pieza 9).

 En fecha 5 de diciembre de 2013, el Tribunal Décimo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala Constitucional del máximo Tribunal de la República, y realizó la audiencia de presentación, acordó la medida de privación judicial preventiva de libertad, contra el ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERIpor la presunta comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, las medidas de prohibición de enajenar y gravar sobre diversos bienes inmuebles y fijó la audiencia preliminar (folios 357 al 366, pieza 9).

En fecha 19 de diciembre de 2013, el mencionado Tribunal realizó la audiencia preliminar, acordó mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad, que pesa en contra del imputado y dictó el correspondiente auto de apertura a juicio (folios 391 al 452, pieza 9); en la misma fecha, publicó el auto de apertura a juicio (folios 453 al 476, pieza 9).

En fecha 11 de agosto de 2014, el Tribunal Vigésimo Sexto de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, sustituyó la medida de privación judicial preventiva de libertad, por la medida cautelar sustitutiva de libertad, prevista en el artículo 242, numerales 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, al ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI (folios 168 al 171, pieza 10).

En fecha 17 de diciembre de 2014, la Sala Nueve (Accidental) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por los abogados JACKELINE MATA ROMERO y ANDERSON MILLER GERDEL MORA, Fiscal Provisoria y Auxiliar Interino, de la Fiscalía Centésima Cuadragésima Sexta del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, anuló la decisión dictada por el Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dejando sin efecto la medida cautelar sustitutiva de libertad y mantuvo la medida de privación judicial preventiva de libertad (folios 355 al 390, pieza 10).

En fecha 7 de abril de 2015, el ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, compareció ante el Tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, designó al abogado LUIS ARGENIS VIELMA, como su abogado de confianza. En la misma fecha, aceptó y prestó el juramento de ley (folio 403, piza 10).

En fecha 17 de julio de 2015, el Tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, anuló la audiencia preliminar efectuada en fecha 19 de diciembre de 2013, efectuada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en función de Control de la misma Circunscripción Judicial, por haberse vulnerado el derecho a la defensa y los actos ulteriores (folios 409 al 422, pieza 10).

En fecha 7 de noviembre de 2016, la Sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró la nulidad absoluta del auto dictado en fecha 17 de julio de 2015, y ordenó reponer la causa al estado en que un juez distinto al que produjo el acto anulado, fije el juicio oral y público, correspondiéndole la causa al Juzgado Vigésimo de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

En fecha 10 de agosto de 2017, el Tribunal Vigésimo de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de caracas, decretó la nulidad absoluta de la querella presentada por el ciudadano VITTORIO DE STEFFANO; y en fecha posterior, el 29 de enero de 2018, la Sala de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal, decretó de oficio la nulidad de la mencionada decisión, y ordenó la reposición de la causa al estado de la fijación del juicio oral y público, y mantuvo la medida cautelar sustitutiva de libertad impuesta por el juzgado Trigésimo Quinto de Primera Instancia en función de Control, al hoy acusado; correspondiéndole el conocimiento de las actuaciones al Juzgado Quinto de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

En fecha 11 de octubre de 2018, el ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, en su condición de imputado dirigió escrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia en función de Juicio del  Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, solicitando la declaratoria de la prescripción extraordinaria judicial y como consecuencia jurídica el sobreseimiento de la causa, así como el levantamiento de todas las medidas (folios 147 al 161, pieza 11). Posteriormente, la ratificó conjuntamente con la defensa representada por la abogada GRACIMAR D. FIERRO CH., mediante escrito, consignada en el mencionado juzgado, en fecha 8 de noviembre de 2018 (folio 168, pieza11).

En fecha  4 de diciembre de 2018, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, publicó la resolución judicial, mediante la cual, dejó establecido la determinación precisa y circunstanciada de los hechos, con la narración de las actuaciones comprendidas desde el inicio de la presente causa, la consignación de la documentación presentada por las partes, y las ulteriores decisiones dictadas en sus diferentes fechas por los órganos jurisdiccionales. Para consecutivamente, referir lo siguiente:

“(…) Ahora bien, una vez hecho un análisis de las solicitudes hechas por el ciudadano Oreste Alfredo Schiavo Lavieri, mediante las cuales, pide de conformidad con lo establecido en el artículo 108 del Código Penal, se decrete el sobreseimiento de la causa, tomando en consideración la figura procesal de la prescripción judicial extraordinaria y del estudio minucioso y exhaustivo de las actuaciones que conforman el presente expediente así como de la acusación se observa que efectivamente de la investigación penal adelantada a criterio de quien aquí decide aparece acreditada la existencia del delito de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462, último aparte en concordancia con el artículo 99 ambos del Código Penal, en perjuicio del ciudadano VITTORIO DE STEFANO VIVENZIO.

II

DE LA PRESCRIPCIÓN

Establecida en el capítulo previo la comisión del hecho punible por el cual formuló acusación la representación fiscal, en contra del ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, es decir, el delito de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA  previsto y sancionado en el artículo 462, último aparte, en concordancia con el artículo 99, ambos del Código Penal, corresponde ahora a este Tribunal, determinar el transcurso efectivo del tiempo necesario para que opere la prescripción judicial o extraordinaria alegada y solicitada por el acusado de autos. (…)

En consecuencia, conforme al criterio de la Sala Constitucional antes señalado, pareciera que la prescripción extraordinaria para el presente caso, se materializaría a los siete años y seis meses contados desde el 25-01-2011, fecha en que el Ministerio Público representado por los Abogados ÉRICA PAREDES BRAVO y DANIEL D´ANDREA GOLINDANO, realizaron acto de imputación en contra del ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, por la presunta comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462, último aparte en concordancia con el artículo 99, ambos del Código Penal, en perjuicio del ciudadano VITTORIO DE STEFANO VIVENZIO, y no desde la admisión de la querella en fecha 18-06-2010, por el Tribunal Trigésimo Quinto de Primera Instancia en función de Control de este Circuito Judicial Penal dictó decisión, cursante a los folios (162 al 165 de la pieza 1) momento en que se individualizó al acusado.

Ahora bien, esta Juzgadora, por haberse iniciado el presente proceso penal mediante querella de la víctima, y por ser mas reciente acoge el criterio establecido por la Sala [de Casación] Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia nro. 630, del 2 de octubre de 2015, expediente nro. A13-289, y en consecuencia, considera que es a partir del 18 de junio de 2010, que habrá de computarse los siete años y seis meses, necesarios para establecer que en fecha 18 de diciembre de 2017, ha operado la prescripción judicial o extraordinaria en el presente caso, en favor del ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, por la presunta comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462, último aparte en concordancia con el artículo 99 ambos del Código Penal, en perjuicio del ciudadano VITTORIO DE STEFANO VIVENZIO.

A todo evento, conforme al criterio de la Sala Constitucional, si se computan los siete años y seis meses a partir del 25 de enero de 2011 (fecha de la imputación fiscal del acusado), la prescripción judicial o extraordinaria operó el 25 de julio de 2018.

Desde el momento de la admisión de la querella hasta la presente fecha ha transcurrido con creces el lapso señalado para que opere la prescripción judicial o extraordinaria de la acción penal, sin que a criterio de quien aquí decide surjan evidencias de las actas procesales que el juicio se ha prolongado más la mitad del mismo, por causas imputables al acusado. De la narración de las actuaciones procesales descritas en el capítulo anterior, se observa que la duración del proceso penal seguido contra el ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, se ha prolongado principalmente por el ejercicio de recursos, resolución de incidencias y diferimientos de audiencias, entre otras, actuaciones que fueron propiciadas por todas las partes intervinientes en el proceso judicial, así como, por los órganos jurisdiccionales a quienes les correspondió conocer en cada etapa del proceso por lo que no puede interpretarse como culpa exclusiva del imputado, la dilación de este proceso penal.

De todo lo expuesto, surge evidentemente que, habiendo operado la prescripción judicial o extraordinaria en el caso que nos ocupa, la acción penal se extinguió en su totalidad, motivo por el cual resulta innecesario e irrelevante continuar fijando la realización del juicio oral y público, dado que con la acción penal también se extinguió la facultad y competencia jurisdiccional para seguir conociendo del caso.

Al respecto, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido de manera reiterada que: ´la prescripción como defensa puede ser alegada por las partes también en juicio (…) ´. (Sentencia N° 1098, del 13 de julio de 2011). De igual forma, la Sala Constitucional ha observado que: ´(…) de acuerdo con los principios constitucionales, la prescripción de la acción penal obra de pleno derecho y constituye una causa de extinción de la acción penal que se consuma por el transcurso del tiempo (…)´(Sentencia N° 1277, del 26 de julio de 2011). (…)

Sobre la base de las consideraciones expuestas este Tribunal (…) debe declarar prescrita la acción penal en el proceso seguido ante este Despacho Judicial, contra el ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI (…) en virtud de la presunta comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, tipificado en el artículo 462, último aparte, en concordancia con el artículo 99 ambos del Código Penal.

En consecuencia, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 300 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 49 (numeral 8) y 301 eiusdem, debe decretarse el sobreseimiento de la causa, por extinción de la acción penal, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 108, ordinal (sic) 4° y 110 del Código Penal (…)”.                                    

El dispositivo del fallo, declaró:

“(…) 1. El SOBRESEIMIENTO de la causa contra el ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-3.847.260, en virtud de la presunta comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, tipificado en el artículo 462, último aparte, en concordancia con el artículo 99 del Código Penal, por haberse extinguido la acción penal al haber operado la prescripción extraordinaria, declaración que se emite de conformidad con el numeral 3, del artículo 300 y 301 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 108, ordinal (sic) 4° (sic) y 110, [ambos] del Código Penal.

  1. El LEVANTAMIENTO de las Medidas Cautelares Sustitutivas a la Privación de Libertad dictadas en su oportunidad contra el ciudadano Oreste Alfredo Schiavo Lavieri, por el Juzgado Trigésimo Quinto (35%) de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas(…)” (folios 169 al 188, pieza 11).

 De la referida publicación de la sentencia, se ordenó la notificación de las partes; y en fechas 13 de diciembre de 2018, se notificó al abogado LUIS ARGENIS VIELMA, en su carácter de defensor privado del ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI; en fecha 17 de diciembre de 2018, a la representación de la Fiscalía Quincuagésima Octava del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena; en fecha 20 de febrero de 2019, a la representación de la Fiscalía Centésima Cuadragésima Sexta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena; en fecha 18 de junio de 2019, a los abogados JOSÉ ANTONIO BONVICINI RUA y DANIEL RAMÓN IGLESIAS, en su carácter de apoderados judiciales de la víctima VITTORIO DE STEFANO VINVENZIO, y en la misma fecha, a la víctima.

Contra la mencionada decisión, los abogados LUIS ARMANDO GARCÍA SAN JUAN, JOSÉ ANTONIO BONVINCINI RÚA y DANIEL RAMÓN IGLESIAS, representantes legales de la víctima, y los abogados MILAGROS QUINTANA ESQUEDA y JACHELINE MATA ROMERO, Fiscal Auxiliar Interina Quincuagésima Octava del Ministerio Público Nacional Plena y Fiscal Provisoria Centésima Cuadragésima Sexta del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, con Competencia en Fase Intermedia y Juicio, interpusieron recursos de apelación, sin que la defensa privada diera contestación al mismo.

En fecha 9 de agosto de 2019, la Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, admitió los recursos de apelación; y en fecha 15 de octubre de 2019, publicó la decisión, en los términos siguientes:

(...) PRIMEROSe declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuestas (sic) por los abogados MILAGROS QUINTANA ESQUEDA y JAKLINE (sic) MATA ROMERO, Fiscal Auxiliar Interina Quincuagésima Octava Nacional Plena y Fiscal Provisorio Centésimo Cuadragésimo Sexto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con Competencia en Fase Intermedia y Juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 439, numerales 1 y 5 del Código Orgánico Procesal Penal, y el recurso de apelación interpuesto en fecha 26 de junio de 2019, por los abogados LUIS ARMANDO GARCÍA SANJUAN, JOSÉ ANTONIO BONVINCINI RÚA y DANIEL RAMÓN IGLESIAS, representantes del ciudadano VITTORIO DE STEFANO VINVENZIO (sic) (…) de conformidad con lo establecido en el artículo 439, numeral 7, del Código Orgánico Procesal Penal, ambos en contra de la decisión dictada por el Juzgado Quinto (5°) de Primera Instancia en funciones (sic) de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 04 de diciembre de 2018, mediante la cual, decretó el SOBRESEIMIENTO por prescripción de la acción penal, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 300 y 301, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 108, ordinal 4° (sic) y 110, ambos del Código Penal, en la causa seguida en contra del ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI (…) por la presunta comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA (…). Se CONFIRMA LA DECISIÓN RECURRIDA (…)” (folios 72 al 104, pieza apelación identificada 19-4603).

De la citada decisión, se notificó en fecha 18 de octubre de 2019 a la representación de la Fiscalía Auxiliar Quincuagésima Octava Nacional Plena y Centésima Cuadragésima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con Competencia en Fase Intermedia y Juicio; en fecha 21 de octubre de 2019 a los abogados LUIS ARMANDO GARCÍA SAN JUANJOSÉ ANTONIO BONVICINI RÚA y DANIEL RAMÓN IGLESIAS, representantes legales de la víctima, la víctima VTTORIO DE STEFANO VIZENZIO; el abogado LUIS ARGENIS VIELMA, en su carácter de defensor del imputado y el imputado ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI.

Contra el referido fallo, los abogados LUIS ARMANDO GARCÍA SAN JUANJOSÉ ANTONIO BONVICINI RÚA y DANIEL RAMÓN IGLESIAS, representantes legales de la víctima, actuando en nombre y representación de la Sociedad Mercantil Coberturas Asfálticas Venezolanas C.A., (COBERVENCA) y su Director Principal ciudadano VITTORIO DE STEFANO VIZENZIO, ejercieron el recurso de casación en fecha 11 de noviembre de 2019, sin que diera contestación la defensa del ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, ni la representación del Ministerio Público.

El 27 de noviembre de 2019, se dio entrada al expediente en Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, siéndole asignado el alfanumérico AA30-P-2019-000256. En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En virtud de ello, designado para emitir pronunciamiento sobre el recurso de casación, se resuelve en los términos siguientes:

 I

DEL RECURSO DE CASACIÓN

Consta en las actas de la causa en estudio, que los abogados LUIS ARMANDO GARCÍA SAN JUANJOSÉ ANTONIO BONVICINI RÚA y DANIEL RAMÓN IGLESIAS, interpusieron recurso de casación, solicitando la admisión, posterior declaratoria con lugar del recurso, nulidad de la sentencia recurrida, y dictar decisión propia, tomando en consideración los alegatos con base a las comprobaciones de hecho fijadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal, en tres denuncias, de la manera siguiente:

(...) PRIMERA DENUNCIA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 452 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, DENUNCIAMOS LA VIOLACIÓN DE LEY POR ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 110 DEL CÓDIGO PENAL (…).

La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones en la sentencia (…) en la cual se decretó el sobreseimiento a favor del acusado procedió a interpretar erróneamente el contenido del artículo 110 del Código Penal, referidos a las formas de prescripción (…).

Para ser aplicada en forma correcta la norma contenida en el artículo 110 del Código Penal, específicamente en la materia de prescripción judicial extraordinaria, es indispensable que el transcurso del tiempo en el desarrollo del juicio no sea imputable al procesado y/o al reo.

 En este sentido, debemos señalar de forma expresa que, para posibilitar la interpretación precisa de esta norma, debe tenerse en cuenta que para poder aplicar la forma correcta el contenido [de] la prescripción judicial extraordinaria, la propia norma contenida en el artículo 110 del Código (…) Penal indica que el transcurso del lapso del tiempo no sea imputable al reo, y en este sentido se evidencia en autos que ha sido la actitud, la contumacia y el irrespeto a la justicia el norte que ha guiado a este estafador y a sus distintos abogados para lograr con ello la dilación  procesal, que en definitiva interrumpe como lo prevé el legislador la prescripción de la acción penal  para el caso en concreto, esto es, citemos: ´pero si el juicio, sin culpa del reo, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable, más la mitad de este, se declarará prescrita la acción penal´.

 (…) Debemos resaltar de forma enfática que además para que se produzca la declaración de prescripción judicial extraordinaria es necesario que el transcurso del tiempo no sea imputable a la conducta del reo o al procesado, estos supuestos debieron ser examinados por la Corte de Apelaciones, específicamente por la Sala Sexta (sic) este caso, se encuentra plagado de dilaciones atribuibles al procesado, tal y como puede evidenciarse en las numerosas evasivas, no presentaciones a las audiencias, el no encontrarse a derecho durante la solicitud formulada por sus abogados, debido que la Medida Cautelar (sic) Privativa de Libertad había sido suspendida.

 Ahora bien, resulta evidente que la Corte de Apelaciones no procedió a revisar en forma exhaustiva el expediente (confirmado la Decisión del Tribunal de Juicio) debido a que realiza una interpretación errónea del precepto contenido en el artículo 110 del Código Penal, esto observan en su propio pronunciamiento un acto interruptivos de la prescripción, cuando establece en el párrafo sexto del folio ciento ochenta y uno (181) establece uno de estos actos desde los cuales debió haberse contado la interrupción de la prescripción:

 ´En fecha 29-01-18 (sic), la Corte de Apelaciones, declaró la nulidad absoluta de la decisión dictada el 10 de agosto de 2017, ordenó reponer la causa al estado en que otro juez distinto al que produjo el auto anulado proceda a fijar la celebración del juicio oral y público (…)´.

 (…) Al examinar el contenido de la sentencia expresada por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, podemos precisar que incurre en un vicio de errónea interpretación de la norma, así como de la Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal y Sala Constitucional del Tribunal debido a que en su conclusión establece que: ´si el juicio se ha prolongado por causas imputables no ha dicho encausado´; (…)

 Hemos constatado que la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones ha realizado una errónea interpretación del artículo 110 del Código Penal en el cual hace clara referencia a que el tiempo de prescripción judicial extraordinaria no debe ser imputable al procesado o al reo, e incluso en uso de las propias jurisprudencia dictadas por la Alzada, podemos observar que reiteradamente se realiza alusión a que para decretar este tipo de prescripción, el transcurso del tiempo no puede no debe ser adjudicable al sometido al proceso, tal y como ocurre en el caso de marras, esta errónea interpretación ha conducido a que en el dispositivo del fallo, se decrete el sobreseimiento de la causa a favor del propio acusado a pesar de que este en todo momento del proceso ha desplegado conductas para evadir la acción de la justicia materializada en el juicio.

 En conclusión, como podrá apreciarse la (…) Corte de Apelaciones desacertó en su decisión, al considerar que en el presente caso había operado la ´prescripción judicial extraordinaria´ en favor del ciudadano ALFREDO (sic)  SCHIAVO (sic) LAVIERI, y en consecuencia haber producido el sobreseimiento de la causa, efectuando una errónea interpretación de la norma contenida en el artículo 110 del Código Penal, referido a la prescripción judicial extraordinaria, en consecuencia la Corte en una evidente violación de la ley por errónea interpretación de la norma jurídica tal y como lo preceptúa el artículo 452 de la norma penal adjetiva, en su pronunciamiento, desacierta en subsumir las conductas del ciudadano procesado en el primer aparte del artículo 110 del Código Penal, a los fines de justificar la decisión emitida por ese ente jurisdiccional, incidiendo de esta forma en el dispositivo del fallo al arribar a una sentencia errónea interpretación errada de la norma aplicable, todo en perjuicio de nuestro representado (…).

 SEGUNDA DENUNCIA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 452 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL DENUNCIAMOS LA VIOLACIÓN DE LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 300, NUMERAL 3, y 301 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL.

 Luego que la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones realizase una indebida aplicación de la norma jurídica explicada en el aparte anterior, procede en consecuencia a decretar el sobreseimiento de la causa aplicando indebidamente los artículos 300, numeral 3, 301 y 32 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el 108, numeral 4 y 110 del Código Penal, a favor del acusado (…).

 Tal y como lo establece el artículo 300, numeral 3 (sic) para proceder a establecer que el sobreseimiento se ha materializado, es necesario que se haya extinguido la acción penal o se hubiere producido la cosa juzgada, aspectos que en el presente caso no han acaecido, hemos determinado que no se ha extinguido la cosa juzgada porque no existe prescripción judicial extraordinaria que pretende otorgarle fundamento a la decisión de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, esto es al existir actos imputables al procesado que impiden la activación de la prescripción, es imposible que la acción se haya extinguido en el presente caso y mucho más aún resulta inaplicable el sobreseimiento en el caso de marras.

 Resulta imprescindible destacar que el vicio de infracción por indebida aplicación de la ley, se configura cuando el juez aplica una determinada norma a una situación de hecho que no es regulada por ella, es decir, el juzgador se equivoca en la subsunción de los hechos en la norma jurídica aplicable, tal es el caso, del presente vicio denunciado, la alzada se equivoca al apreciar los hechos, indicando que ha operado la prescripción debido a la extinción de la acción, lo cual no es cierto; la Corte de Apelaciones ha aplicado el contenido de los artículos 300, ordinal (sic) 3 y 301 del Código Orgánico Procesal Penal, de forma indebida al subsumir [los] hechos que no se ha producido en el proceso en la norma que regula el sobreseimiento, incurriendo en forma directa en lo preceptuado en el artículo 452 eiusdem, específicamente en el vicio de indebida aplicación de las normas descritas anteriormente.

 La relevancia del vicio, se centra en que se pretende extinguir un proceso por capricho y de esa forma desviar la justicia, y dejar impune la comisión de delitos, que se encuentran totalmente demostrados por parte del acusado que se pretende sustraer del proceso.

 Como consecuencia derivada de la anterior errónea interpretación de la norma adjetiva penal (descrita en el aparte anterior), la alzada procede a efectuar una indebida aplicación de la norma jurídica al pretender generar los efectos del sobreseimiento, obviando de manera fehaciente el no haber operado la prescripción judicial extraordinaria porque se ocasionado actos imputables al procesado, la Corte de Apelaciones (…), procede en vista de la solicitud formulada por los Abogados del acusado (sin que este se hubiere encontrado a derecho, porque no se había ejecutado la orden de aprehensión), procede a establecer el sobreseimiento de la causa, de conformidad con el artículo 300, numeral 3 y 301 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el [artículo] 108, numeral 4 y 110 del Código Penal, a favor del acusado (…); aplicando en forma expresa en la dispositiva una norma que no ha debido ser aplicada al caso de marras, esto es, una indebida aplicación de la norma.

 La Corte de Apelaciones al omitir de su pronunciamiento la consideración de haber aplicado la prescripción judicial extraordinaria sin observar que esta se debe a que el acusado realizó diversos actos para evadir la acción de la justicia y sustraerse del proceso penal, procedió a aplicar una norma bajo supuestos facticos jurídicos inexistentes; esto es, implementando una errónea interpretación, genera como consecuencia que se proceda, por conclusión errada a concluir que ha operado la prescripción judicial preceptuada en los artículos 108, ordinal (sic) 4 en concordancia, con el artículo 110 del Código Penal, todo lo cual al ser debidamente examinado nos demuestra que este Tribunal de Alzada ha incurrido en la indebida aplicación de la norma a un supuesto que no le corresponde.(…)

Esta apreciación errónea de los hechos y del derecho en el caso de marras por parte de la Corte de Apelaciones les conduce a aplicar en forma indebida los preceptos contenidos en los artículos 300, numeral (sic) y 301, [ambos] del Código Orgánico Procesal Penal, en conexión con lo previsto en las normas objetivas penales, específicamente los artículos 108, ordinal (sic) 4, en concordancia con el artículo 110 del Código Penal, estructurando de esta forma uno de los motivos de infracción de ley, todo esto armonizado con el criterio de la aludida Sala de Casación Penal, que viene sosteniendo, que solo conocerá de los fundamentos de derecho, aplicables por la alzada en relación a los hechos establecidos en el Tribunal de Inmediación. Sentencia n° 801 (…) Sala Constitucional del 19 de agosto de 2016 (…).

 En conclusión, la decisión de la referida (…) Corte de Apelaciones genera una indebida apreciación de los hechos, derivando de ella una indebida aplicación de las normas anteriormente citadas, ocasionando en el dispositivo del fallo una incidencia grave, debido a que otorga estatus de sentencia definitiva, utilizando el argumento normativo de la extinción de la acción penal, sin que esta se hubiere producido en el caso que nos ocupa, en consecuencia la conclusión a la que arriba la alzada se encuentra viciada debido a que de una indebida aplicación de ley deduce una aplicación de la norma que posibilita una consecuencia de generar un sobreseimiento a favor del procesado y causando perjuicio a la víctima a quien representamos, actuando en perjuicio de nuestro representado y violentando el ordenamiento jurídico al generar consecuencias que no se han materializado en la realidad procesal del expediente.

 TERCERA DENUNCIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 452 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL DENUNCIAMOS LA VIOLACIÓN DE LEY POR FALTA DE APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 120, 23, 327, 329 y 157 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 26, 30 y 49 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

 (…) procedemos a denunciar la falta de aplicación de los artículos 120 y 23 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación [con] los postulados constitucionales establecidos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativos al derecho de protección de las víctimas de delitos como objetivos del proceso penal.

(…) la sentencia de la Sala Quinta (…), que confirma la decisión de instancia, vulnera garantías que asisten a nuestros representados, en su calidad de víctima como una de las partes en el proceso penal, esto no ha obtenido la debida tutela sobre sus derechos, así como la protección a la cual debe ser amparada, hemos visto a lo largo de todo el proceso como el acusado ha obstaculizado, ha implementado formas de retraso procesal que le son imputables de forma alevosa y premeditada, hemos apreciado cantidad de decisiones viciadas que han contribuido a afectar los derechos de la víctima, y ahora la decisión que denunciamos simplemente pretende una interpretación forzada de la norma a efectos de beneficiar al acusado, dada la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones, al pretender posibilitar el sobreseimiento por una presunta prescripción que no es tal y que la prolongación del tiempo se ha ocasionado debido a sus actividades que pretenden sustraerse a la acción de la justicia, la decisión ni siquiera se pronuncia sobre la demostración del cuerpo del delito, a efectos de decretar la prescripción presunta.

 (…) incurre en falta de aplicación de los artículos 26 [y] 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 23 y 120 del Código Orgánico Procesal Penal, referidos a la tutela judicial efectiva y la protección de los derechos de la víctima como núcleo del proceso penal la cual no cesa con los efectos de la prescripción y así debe ser determinada en el cuerpo del fallo.

 La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones simplemente da por cierta la decisión del Tribunal de Juicio (donde nunca hubo juicio) y examina de forma somera los aspectos materiales que son invocados por la defensa del acusado, no verifica cada uno de los momentos en los cuales el mismo ha interrumpido el desarrollo armónico procesal, tampoco revisa la comprobación fáctica de que el acusado no se encontraba a derecho cuando sus abogados defensores realizaron la solicitud de prescripción, todo ello porque estaba pendiente una orden de aprehensión en su contra, no solo eso, además de decretar forzadamente la prescripción, no indica nada sobre la responsabilidad penal del imputado, violentándose de esta forma los derechos de la víctima, agravando su condición al afectarle con la doble victimización debido a que no fue suficiente sufrir el daño del hecho delictual, sino que además con este pronunciamiento se garantiza la impunidad y se hace nugatorio el derecho de nuestro representado  a obtener una tutela judicial efectiva (…).

 SEÑALAMOS CON ASOMBRO LA FALTA DE APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 327 y 329 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, YA QUE LA CORTE DE APELACIONES NO VERIFICÓ SIENDO MATERIA DE ORDEN PÚBLICO, QUE JAMÁS SE MATERIALIZÓ LA AUDIENCIA DE APERTURA A JUICIO, Y MUCHO MENOS EL PROCESADO PUDO HABER EXPUESTO DE FORMA ORAL EXCEPCIONES, DEJANDO AL MINISTERIO PÚBLICO Y A LA VÍCTIMA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL NO OÍRNOS, Y NO SE APLICA DE IGUAL FORMA EL ARTÍCULO 329 EJUSDEM, EN CUANTO A LA FORMA DE DARLE TRAMITE A LA INCIDENCIA EN CUESTIÓN. (…). MÁS GRAVE AÚN ES NO APLICAR IN EXTENSO EL ARTÍCULO 157 EJUSDEM, YA QUE DICHO ARTÍCULO ES MUY CLARO (…) EN EL SENTIDO QUE LAS DECISIONES SERÁN EMITIDAS MEDIANTE SENTENCIAS O AUTOS FUNDADOS Y ESE REQUISITO, BASÁNDOSE EN LA FUNDAMENTACIÓN Y/O MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA EN EL CASO IN CONCRETO; NO EXISTE EN CUANTO A LA DEMOSTRACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO EN UNA SENTENCIA QUE SE BASA EN LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y EL CONSECUENTE SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, ELEMENTO QUE LA SALA DE CASACIÓN PENAL DEBE CASAR O ESTUDIAR DE OFICIO POR SU REITERADA Y PACÍFICA JURISPRUDENCIA, YA QUE SE ESTÁ PRESCRIBIENDO LA ACCIÓN PENAL DE UN DELITO EN LA PRESENTE CAUSA y EN EL SUPUESTO NEGADO QUE NO SE HUBIERA COMETIDO DICHO DELITO ¿CÓMO PODRÍA LA CORTE DE APELACIONES HABLAR SOBRE PRESCRIPCIÓN DE UN ACTO ILÍCITO?.

(…) En conexión directa con lo anterior, luego de examinar la sentencia emitida la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, apreciamos que no se menciona este requerimiento específico sobre la demostración del cuerpo del delito o materialidad criminal, está totalmente claro (…) ya que previamente se había determinado en la investigación por parte del Ministerio Público al presentar su acto conclusivo acusatorio, luego en la audiencia preliminar en fase intermedia con la admisión de la acusación y el auto de apertura a juicio, por parte del Juez de Control, y se envía a juicio solo a los efectos de establecer la responsabilidad penal del autor y partícipes en el delito, y en esa misma instancia jurisdiccional lo que es obvio (…) el Juez de Juicio con problemas de visión forzada o congénita (MISMA ENFERMEDAD DE QUIENES INTEGRAN LA SALA DE LA CORTE DE APELACIONES), sólo debió haber hecho mención por ser una misma instancia, QUE SE ENCONTRABA DESMOTRANDO (sic) EL CUERPO DEL DELITO´.

 (…) la víctima no solo ha sido objeto de la violación de sus derechos que deben ser tutelados en forma debida por el estado, sino que además la sentencia de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, se burla de nuestros pedimentos en el Recurso de Apelación y los vulnera al emitir el pronunciamiento y omitiendo el referirse a los bienes que le han sido sustraídos (por la comisión del delito) de su esfera patrimonial, el fallo nada dice, suprime al declarar la inexistente prescripción judicial extraordinaria y sobre la estafa y el cuerpo delictivo de la misma no se dijo nada (…) en nuestra opinión dichos bienes (…) DEBEN RETORNAR A LA ESFERA PATRIMONIAL DE LA VÍCTIMA ESTAFADA (…).

PETITORIO

(…) a fin de solicitar lo siguiente: PRIMERO: Que se admita el presente RECURSO DE CASACIÓN (…). SEGUNDO: Que se CONVOQUE a la audiencia oral y pública (…). TERCERO: Que sea declarado CON LUGAR el RECURSO DE CASACIÓN que hemos interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones (…) solicitando de los Magistrados de la honorable Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que ha de conocer el presente recurso, declaren la nulidad de la referida sentencia y, en consecuencia se proceda a dictar decisión propia sobre el asunto tomándose en consideración los alegatos esgrimidos por la representación de la víctima, explanados debidamente de forma detallada y con base a las comprobaciones de hecho fijadas en el expediente (…). CUARTO: Solicitamos muy respetuosamente que con el presente recurso y a todo evento por ser materia de orden público, se case de oficio y se establezca en el supuesto de existir prescripción, la existencia del cuerpo del delito, ya que al haber estafa, los bienes objeto de la estafa deben regresar sin dilación alguna a la víctima, ya que de lo contrario se estaría doblemente victimizando a la víctima (…)”.

 II

COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL

La Sala de Casación Penal, previo a cualquier pronunciamiento, debe determinar su competencia para conocer del presente recurso de casación y al efecto, observa:

El numeral 8 del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone: (...) Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: (...) 8. Conocer del recurso de casación (...)”.

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, delimita las facultades y atribuciones de cada una de las Salas que integran el Máximo Tribunal. De manera específica, respecto a la Sala de Casación Penal, el numeral 2, del artículo 29, de la referida ley orgánica, establece: (...) Son competencias de la Sala [de Casación] Penal del Tribunal Supremo de Justicia: (…). 2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal (...)”. (Agregado de la Sala).

 

En el presente caso, los abogados LUIS ARMANDO GARCÍA SAN JUANJOSÉ ANTONIO BONVICINI RÚA y DANIEL RAMÓN IGLESIAS, en su carácter de representantes legales de la víctima, actuando en nombre y representación de la Sociedad Mercantil Coberturas Asfálticas Venezolanas C.A., (COBERVENCA) y su Director Principal ciudadano VITTORIO DE STEFANO VIZENZIO, interpusieron recurso de casación en el proceso penal seguido contra el ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, por la presunta comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADAtipificado en el artículo 462 último aparte, en concordancia con el artículo 99 del Código Penalen contra de la decisión dictada por la Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de apelación y en consecuencia, esta Sala declara su competencia para conocer del presente asunto. Así se declara.

III

NULIDAD DE OFICIO

Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso, esta Sala de Casación Penal, en atención a lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y previo al pronunciamiento sobre la admisibilidad o desestimación del recurso de casación, propuesto por la representación legal de la víctima, ha revisado las actuaciones constatando la existencia de un vicio de orden público constitucional como lo es la inmotivación del fallo que decretó el sobreseimiento del proceso penal; no alegado por la parte, de tal relevancia que hace procedente la anulación por violación del debido proceso, tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, consagrados en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal.

En este orden es menester traer a colación, el iter procesal del presente expediente. Al respecto, se corrobora a los autos, la presente causa, cursaba en el Tribunal Quinto de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para la realización del juicio oral y público pautada para el día 24 de octubre de 2018.

Siendo el caso, que en fecha 11 de octubre de 2018, el ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, en su condición de imputado consignó escrito por él suscrito, solicitando al Juzgado Quinto de Primera Instancia en función de Juicio del  Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la declaratoria de la prescripción extraordinaria judicial y como consecuencia jurídica el sobreseimiento de la causa, así como el levantamiento de todas las medidas, ratificado en fecha 8 de noviembre de 2018, conjuntamente con la defensa técnica representada por la abogada GRACIMAR D. FIERRO CH.

Sucesivamente, en fecha 4 de diciembre de 2018, el mencionado juzgado de juicio, decretó el sobreseimiento del proceso penal incoado contra el ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, de conformidad con lo establecido en el artículo 300, numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con lo previsto en el artículo 108, numeral 4 y 110, ambos del Código Penal, por extinción de la acción penal para perseguir el delito de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462, último aparte, en concordancia con el artículo 99 del Código Penal, así como el levantamiento de las medidas cautelares dictadas.

De la mencionada sentencia, recurrieron los abogados LUIS ARMANDO GARCÍA SAN JUAN, JOSÉ ANTONIO BONVINCINI RÚA y DANIEL RAMÓN IGLESIAS, representantes legales de la víctima, y los abogados MILAGROS QUINTANA ESQUEDA y JACHELINE MATA ROMERO, Fiscal Auxiliar Interina Quincuagésima Octava del Ministerio Público Nacional Plena y Fiscal Provisoria Centésima Cuadragésima Sexta del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, con Competencia en Fase Intermedia y Juicio.

 Siendo conocido posteriormente, en fecha 15 de octubre de 2019 por la Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declarando sin lugar los recursos de apelación interpuestos  por el Ministerio Público y por los abogados LUIS ARMANDO GARCÍA SANJUANJOSÉ ANTONIO BONVINCINI RÚA y DANIEL RAMÓN IGLESIAS, representantes del ciudadano VITTORIO DE STEFANO VINZENZIO, y confirmó la decisión que decretó el sobreseimiento del proceso penal, por prescripción de la acción penal, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 300 y 301, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 108, numeral 4 y 110, ambos del Código Penal.

En este sentido, observa la Sala, que el juzgado de juicio, dictó el sobreseimiento del proceso penal fijando las circunstancias del hecho y la presunta acreditación del delito de estafa agravada continuada, con la simple trascripción del íter procesal de la causa (3 de junio de 2010 hasta el 29 de enero de 2018), con  las múltiples incidencias suscitadas en el devenir del proceso, las solicitudes incoadas por las partes, y las decisiones dictadas en sus diferentes fechas por los órganos jurisdiccionales, sin precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar y la subsunción de los hechos en el derecho.

Consecutivamente, analizó los supuestos de procedencia de la prescripción de la acción penal para perseguir la presunta comisión del delito de estafa agravada continuada por el transcurso efectivo del tiempo necesario para la prescripción judicial o extraordinaria así alegada y solicitada por el acusado de autos.

  Observándose del fallo transcrito, que el mismo adolece de la debida fundamentación, conforme a las exigencias de los numerales 3 y 4 del artículo 306 del texto adjetivo penal, que exigen la determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el Tribunal estima acreditados y la exposición concisa y circunstanciada de los fundamentos de hecho y derecho en que se basa la sentencia, conforme a lo previsto en el artículo 306, numerales 2 y 3 del Código Orgánico Procesal Penal, incurriendo en el vicio de inmotivación.

Adicionalmente, no realizó el estudio respecto al hecho punible.

Impidiendo a los sujetos procesales la situación expuesta, obtener una resolución razonable, congruente y fundada en derecho, que les permitiera conocer los fundamentos en que fueron resueltas sus pretensiones. Circunstancias de interés público, que vulneran la garantía al debido proceso y tutela judicial efectiva, indispensables en todo proceso jurisdiccional.

Debiendo, el juez o jueza encontrándose el proceso en fase de juzgamiento, antes de proceder a declarar la prescripción de la acción penal (de ser el caso) debe determinarse la comprobación del hecho punible tipificado en la legislación penal, debiendo ser previo e indefectible para su calificación jurídica, lo cual sólo puede surgir con la debida motivación judicial, con la finalidad de tutelar  el derecho de la víctima a reclamar eventualmente el resarcimiento de los daños, en garantía de lo previsto en el último aparte del artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En tal virtud, la Sala declara de oficio la NULIDAD de la sentencia publicada en fecha 4 de diciembre de 2018, por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, consecutivamente, la decisión dictada por la Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por cuanto desatendió su función revisora inobservado la vulneración de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, por parte del juez de juicio. Se ANULA, la decisión que decretó el sobreseimiento de la causa y la decisión de la Alzada, que declaró sin lugar el recurso de apelación, se repone la causa al estado en que un juzgado de juicio, emita el pronunciamiento respecto de la solicitud incoada por el acusado ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, en fecha 11 de octubre de 2018 inserto a los folios 147 al 161 (inclusive) de la undécima pieza del expediente y, en tal sentido, se ORDENA la remisión del expediente a la Presidencia del mencionado Circuito Judicial Penal para su distribución en un Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide. 

IV

DECISIÓN

 Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, decide:

PRIMERO: ANULA DE OFICIO la sentencia publicada en fecha 4 de diciembre de 2018, por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que decretó el sobreseimiento del proceso penal, y los actos posteriores, consecutivamente, la sentencia publicada en fecha 15 de octubre de 2019, por la Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que confirmó la referida decisión, por cuanto desatendió su función revisora inobservado la vulneración de la tutela judicial efectiva y del debido proceso por parte del juez de juicio. Se REPONE la causa al estado en que un Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, emita el pronunciamiento respecto de la solicitud incoada por el acusado ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, en fecha 11 de octubre de 2018, inserto a los folios 147 al 161 de la undécima pieza del expediente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal.

SEGUNDOORDENA la remisión del expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para su posterior remisión a un Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Remítase copias certificadas de la presente decisión a la Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Publíquese, regístrese, ofíciese lo conducente y remítase el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los treinta (30) días del mes de  julio de 2020. Años 210º de la Independencia y 161º de la Federación.

El Magistrado Presidente,

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

(Ponente)

La Magistrada Vicepresidenta,

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

La Magistrada,

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ 

 El Magistrado,

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

La Magistrada,

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 La Secretaria

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 Exp. nro. AA30-P-2019-000256

MJMP

MAGISTRADO PONENTE: CALIXTO ORTEGA RIOS

El 15 de noviembre de 2018, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente de la Sala N.º 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento escrito y sus anexos que contiene el recurso de apelación, interpuesto por el abogado en ejercicio, José Antonio Campisi Fernández, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Caracas, Distrito Capital, titular de la Cédula de Identidad N.º V-9.416.320, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N.° 88.414, actuando como apoderado judicial de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS, venezolana, mayor de edad, domiciliada en Guatire, Estado Miranda y titular de la Cédula de Identidad N.° V-12.785.495, víctima en la causa penal contenida en el expediente identificado con el alfanumérico S4CM-0378-18, (nomenclatura del Tribunal Cuarto de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento), contra la sentencia, dictada el 25 de octubre de 2018, por la referida Corte de Apelaciones, con ocasión a la acción de amparo constitucional que declaró Inadmisible, la cual conoció bajo el expediente identificado con el alfanumérico 2Aa-1020-18, (nomenclatura de esa Corte de Apelaciones), habiendo sido interpuesta la referida acción de amparo constitucional por la misma apelante, contra la abogada Misleidy Bracamonte, Juez del antes mencionado Tribunal Cuarto de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, por la presunta violación de derechos constitucionales, en razón de que el referido órgano jurisdiccional no permitió el acceso de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS, a la audiencia de imputación que fue realizada a los ciudadanos Arthur Penas y Richard Oquendo, en representación de la Empresa Danibisk, C.A., el 18 de octubre de 2018, por la presunta comisión del delito de Desacato, tipificado en el artículo 538 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, por no acatar la orden de reenganche laboral de la ut supra mencionada, el accionante solicita que se declare la nulidad de la audiencia de imputación mencionada, y que se reponga la causa penal al estado de que se realice una nueva audiencia de imputación con la presencia de la víctima.

Dicha remisión se efectuó a los fines de que esta Sala se pronuncie respecto al recurso de apelación interpuesto, el 9 de noviembre de 2018, por el abogado en ejercicio, José Antonio Campisi Fernández, ya antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOScontra la decisión dictada, el 25 de octubre de 2018, por la Sala N.º 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, que declaró Inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por la misma apelante.

Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto, del 15 de noviembre de 2018, y se designó ponente al Magistrado doctor CALIXTO ORTEGA RIOS, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

El 25 de abril de 2019, mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sala, el abogado José Antonio Campisi Fernández, actuando en representación de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS, formula alegatos y efectúa pedimentos en el presente caso.

El 22 de mayo de 2019, mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sala, el abogado José Antonio Campisi Fernández, actuando en representación de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS, efectúa pedimento de celeridad en el presente caso.

El 22 de julio de 2019, mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sala, el abogado José Antonio Campisi Fernández, actuando en representación de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS, efectúa pedimento de celeridad en el presente caso.

El 17 de diciembre de 2019, mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sala, el abogado José Antonio Campisi Fernández, actuando en representación de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS, efectúa pedimento de celeridad en el presente caso.

El 5 de febrero de 2021, en virtud de la elección de la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia; se reconstituyó esta Sala Constitucional, en consecuencia quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, Presidenta; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente y los Magistrados y Magistradas Carmen Zuleta de Merchán, Juan José Mendoza Jover, Calixto Antonio Ortega Rios, Luis Fernando Damiani Bustillos y René Alberto Degraves Almarza; ratificándose en este expediente la condición de ponente al Magistrado Calixto Antonio Ortega Rios, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Efectuado el análisis del caso, esta Sala para decidir, pasa a hacer las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

El 24 de octubre de 2018, el abogado José Antonio Campisi Fernández, ya antes identificado, actuando en representación de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS, interpone ante la Sala N.º 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, acción de amparo constitucional contra la abogada Misleidy Bracamonte, Juez del Tribunal Cuarto de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, por la presunta violación de derechos constitucionales, en razón de que el referido órgano jurisdiccional no permitió el acceso de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS, a la audiencia de imputación que fue realizada el 18 de octubre de 2018, a los ciudadanos Arthur Penas y Richard Oquendo, en representación de la Empresa Danibisk, C.A., por la presunta comisión del delito de Desacato, tipificado en el artículo 538 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, por no acatar la orden de reenganche laboral de la ut supra mencionada, solicitud que formulaba la accionante por ser ella víctima en la causa penal contenida en el expediente identificado con el alfanumérico S4CM-0378-18, (nomenclatura del Tribunal Cuarto de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento).

El 24 de octubre de 2018, la mencionada Corte de Apelaciones le da entrada a las actuaciones que conforman la acción de amparo, provenientes de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de ese Circuito Judicial Penal, y lo hace bajo el expediente identificado con el alfanumérico 2Aa-1020-18, (nomenclatura de esa Corte de Apelaciones), y se designó como ponente del asunto, a la abogada Gledys Josefina Carpio Chaparro, Jueza Presidenta de esa referida alzada.

El 25 de octubre de 2018, la Sala N.º 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, dictó y publicó la decisión en el presente caso, con la cual declaró Inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado José Antonio Campisi Fernández, ya antes identificados, actuando en representación de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS.

El 9 de noviembre de 2018, el abogado José Antonio Campisi Fernández, ya antes identificado, actuando en representación de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS, interpuso recurso de apelación contra la decisión dictada y publicada, el 25 de octubre de 2018, por la Sala N.º 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, que declaró Inadmisible la accion de amparo constitucional interpuesta por la misma apelante.

El 15 de noviembre de 2018, desde la Sala N.º 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, se remite a esta Sala, el y sus anexos referidos al recurso de apelación y sus anexos, interpuesto por el abogado José Antonio Campisi Fernández, ya antes identificado, actuando en representación de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS, en relación a la acción de amparo que conoció bajo el expediente identificado con el alfanumérico 2Aa-1020-18, (nomenclatura de esa Corte de Apelaciones).

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Señaló la parte accionante del amparo, que denuncia que se ha cometido en su contra la presunta violación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho a la asistencia jurídica y a la oportuna y adecuada respuesta, que acarrean vicios de inconstitucionalidad, esgrimiendo los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Que, “Ciudadanos Magistrados de la Corte de Apelaciones de éste Circuito Judicial Penal del estado Miranda, actuando en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 26, 49.1.8 y 51, en relación con el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por violación de los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la asistencia jurídica y a la oportuna y adecuada respuesta, acudo ante este tribunal (sic) colegiado (sic) a fin de solicitar la restitución de la situación jurídica infringida por la ciudadana MISLEIDY BRACAMONTE(sic) Juez del Tribunal Cuarto de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control de éste mismo Circuito Judicial, quien el pasado día jueves 18 del corriente vulneró derechos y garantías de rango Constitucional, al impedirle como víctima el acceso a la audiencia de imputación y actas procesales, con ello lesionó su derecho a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la asistencia jurídica y a la oportuna y adecuada respuesta, establecidos en los artículos 26, 49.1.8 y 51 del Texto Constitucional, cuyo tenor considera esta parte accionante innecesarios reproducir en razón del principio iura novit curia, (sic)  así como por razones de economía y celeridad procesal”. (Negrillas y mayúsculas propias del escrito).

Indicó que, “Señores Jueces de ésta (sic) Corte de Apelaciones, hay acá dos cuestiones de derecho fundamentales previas a considerar, la primera es, si en realidad la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS (sic) se trata de una víctima; y la segunda, si la audiencia de imputación es, como afirma la ciudadana Juez, un acto personalísimo del imputado al que no tiene acceso la víctima, ambas premisas determinarán insoslayablemente si hubo o no, las violaciones que hoy se denuncian”. (Negrillas y mayúsculas propias del escrito).

Refirió que, “En este sentido tenemos que, como parte accionante, la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS (sic) se encuentra legitimada para accionar en amparo, como en efecto lo hace, por cuanto de conformidad con lo establecido en el artículo 121 numeral 1 de Código Orgánico Procesal Penal, es "La persona directamente ofendida por el delito", concepto que recoge y amplía la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales”. (Negrillas y mayúsculas propias del escrito).

Destacó que, “El hecho originario que se atribuye, viola la legislación penal vigente, el delito de DESACATO (sic) que imputa la Representación Fiscal del Ministerio Público en la causa S4CM-0378-18(sic) es el previsto y sancionado en el artículo 538 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. (sic)  Como puede apreciarse, es un tipo penal especial, relativamente novedoso, contenido en una Ley Orgánica de naturaleza laboral pero que remite directamente a la Jurisdicción Penal su conocimiento y tratamiento, y aunque es obvio que el bien jurídico tutelado es la administración de justicia, como en todos los casos de desacato, éste tipo penal en especial deja atrás una víctima directa, tal como lo define el antes citado artículo 5 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, en concatenación con el numeral 1 del artículo 121 del Código Orgánico Procesal Penal, y que en el presente caso no es otra que la persona directamente afectada por la desobediencia a la orden de reenganche, cuyos derechos no pueden verse desplazados por criterios soslayantes como el planteado en autos”. (Negrillas y mayúsculas propias del escrito).

Denunció que,“El segundo de los aspectos a considerar en la presente acción, es quizás el más importante de todos, pues es aquél, mediante el cual, se lesionan directamente los derechos y garantías aquí denunciados, en él, la ciudadana Juez ad quem, (sic) sostiene que la audiencia de imputación a la que se negó la presencia y acceso de la víctima hoy accionante, se trata de un acto personalísimo del Fiscal e imputado, a la que la citada víctima no tenía acceso, argumentando que anteriormente estos actos se realizaban en sede Fiscal y que por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia el mismo se judializó (sic) debiéndose realizar ahora ante los Tribunales”.

Finalmente, solicitó que Se recabe del juzgado antes mencionado el asunto S4CM-0378-18, (sic) al cual se nos negó el acceso, y DECLARE LA NULIDAD DE LA AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN, (sic) en caso de haberse celebrado la misma el pasado 18 de octubre de 2018, caso contrario se ORDENE (sic) al ad quem su celebración con presencia de la víctima y observancia de todos sus Derechos y Garantías Constitucionales, así como demás prerrogativas legales las cuales son de orden público”. (Negrillas y mayúsculas propias del escrito).

III

DEL FALLO APELADO

La Sala N.º 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, con sentencia del 25 de octubre de 2018, dictó y publicó la decisión en el presente caso, con la cual declaró Inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado José Antonio Campisi Fernández, ya antes identificado, actuando en representación de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS, la cual conoció con el expediente identificado con el alfanumérico 2Aa-1020-18, (nomenclatura de esa Corte de Apelaciones), siendo la decisión del siguiente tenor:

“(…)

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinada la competencia de este Tribunal de Alzada, es oportuno señalar que los derechos y garantías fundamentales y aquellos inherentes a todo ser humano, se encuentran tutelados efectivamente en nuestra Carta Magna, y para ello se contempló una acción con características excepcionales para la restitución expedita y eficaz de éstos, la cual es la acción de amparo constitucional, siendo un medio judicial breve y oportuno, a través del cual se protegen derechos fundamentales que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce, operando solo cuando se dan las condiciones establecidas como necesarias de esta institución de conformidad con la ley que rige la materia. 

En ese sentido, nuestro Texto Fundamental consagra en su artículo 27, lo siguiente:

(omissis)

 Del mismo modo, la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales prevé en su artículo 1, lo siguiente:

(omissis)

Con el fin de dar satisfacer a la pretensión del accionante, esta Instancia Constitucional, examinó el petitorio de la acción de amparo constitucional, observando que el profesional del derecho JOSÉ ANTONIO CAMPISI FERNANDEZ, denuncia como supuesto agraviante al Tribunal Cuarto (4o) de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control con Sede Territorial en el Municipio Plaza y Competencia en el Municipio Zamora, por la presunta violación de derechos constitucionales, en razón de que el referido Órgano Jurisdiccional no permitió el acceso de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS a la audiencia de imputación realizada en fecha 18/10/2018 a los ciudadanos Arthur Penas y Richard Oquendo, en representación de la Empresa Danibisk C.A., por el delito de Desacato, tipificado en el artículo 538 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, por no acatar la orden de reenganche laboral de la ut supra mencionada, por ende el accionante solicita sea recabada la causa № S4CM-0378-18 (nomenclatura del A-Quo), sea declarada la nulidad de la audiencia de imputación en el sentido que se reponga la causa al estado de que se realice una nueva audiencia de imputación con la presencia de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS. 

Así las cosas, es necesario traer a colación la definición emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en relación al amparo constitucional mediante sentencia № 24 de fecha 15/02/2000, con Ponencia del magistrado José Delgado Ocando, a saber:

(omissis)

 Ahora bien, con norte a lo anterior es necesario en Sede Constitucional verificar el contenido del numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual dispone lo siguiente:

(omissis)

 Dicha causal de inadmisibilidad del amparo ha sido interpretada por la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, mediante la Sentencia № 373 de fecha 17/05/2016 con ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, mediante la cual mantiene el criterio jurisprudencial contenido en el fallo 2369 del 23/11/2001, en el siguiente sentido:

(omissis)

 En consecuencia, en lo que respecta a la presente acción de amparo, según lo expuesto por el accionante, a su representada se le ha violado la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho a la asistencia jurídica y a la oportuna y adecuada respuesta, lo que constituye el motivo fundamental de la presente acción de amparo constitucional y al verificar esta Sala que la parte actora podía hacer uso de la vía procesal que disponía para el restablecimiento de la situación jurídica infringida -a saber- el recurso de apelación, la presente acción de amparo resulta inadmisible.

 Es menester para quienes aquí deciden citar el contenido del artículo 49 numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece lo siguiente:

(omissis)

 Refiere la precitada Norma Constitucional, la garantía del debido proceso consagrada en nuestra Carta Magna y definida por nuestro máximo Tribunal de Justicia: como principio madre o generatriz del cual emanan todos y cada uno de los principios del derecho procesal penal incluso el referido al Juez natural (Sala Constitucional, Francisco Carrasquero López, sentencia № 583 de fecha 30/03/2007).

 La garantía del debido proceso debe ser entendida en el sentido de que en todo proceso, sea judicial o administrativo, deben cumplirse las garantías indispensables para que se escuchen a las partes, que se les permita el tiempo necesario para presentar pruebas y ejercer plenamente la defensa de sus derechos e intereses, siempre de la manera prevista en la ley; de tal forma que la controversia sea resuelta conforme a derecho, en aras de una tutela judicial efectiva (Vid. Sent. № 2502/2005. SC/TSJ).

 Conforme lo anterior, y de acuerdo a lo sostenido por nuestro máximo Tribunal, no es posible sustituir a través de la acción de amparo constitucional el ejercicio de los recursos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico vigente, en el cual el legislador consagró un procedimiento especial donde se otorgan garantías procesales. Por tanto, con fundamento en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debe forzosamente declararse inadmisible la pretensión de amparo interpuesta.

 A la luz de las antecesoras argumentaciones, resulta claro que la parte a favor de quien se acciona dispone de la vía ordinaria como ruta idónea prevista en el ordenamiento jurídico para el restablecimiento de su derecho presuntamente infringido, debiendo interponerlo ante el Tribunal de Instancia señalado en la presente acción como agraviante. En consecuencia, se configura lo previsto en el artículo 6 numeral 5 Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 Así las cosas, estipulándose que la acción de amparo constitucional es de carácter extraordinaria, por cuanto no puede sustituir ninguna otra vía procesal al existir el medio idóneo con el que se pueda restablecerse la situación jurídica infringida o amenazada de infringir, a través de un procedimiento expedito y eficaz, no podrá accederse a la vía del amparo sin que previamente se haya agotado la misma; en el presente caso se evidencia que aún no se ha agotado la vía ordinaria, teniendo aún a disposición como garantía del acceso a la justicia, debido proceso y la posibilidad de instauración de la vía jurisdiccional, por lo que no resulta procedente intentar la acción de amparo; tales circunstancias condicionan el criterio de este Órgano Superior Colegiado en Sede Constitucional, siendo lo procedente y ajustado a derecho que la presente acción interpuesta DEBE DECLARARSE INADMISIBLE, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a saber, porque la parte a favor de quien se acciona y se considera agraviada, puede optar por recurrir a los medios judiciales preexistentes. Y ASÍ SE DECLARA.

 

IV

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos antes expuestos, esta Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, extensión Barlovento, actuando en sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara su  COMPETENCIA para conocer de  la acción  de  amparo  constitucional interpuesta por el abogado JOSÉ ANTONIO CAMPISI FERNÁNDEZ, a favor de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS; actuando como apoderado de la misma, contra el presunto agraviante Juzgado Cuarto (4o) de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control con Sede Territorial en el Municipio Plaza y Competencia en el Municipio Zamora, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. SEGUNDO: Se declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional, de conformidad al criterio pacífico y reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y en concordancia con lo establecido en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales”.  (Mayúsculas, subrayado y negrillas propias del escrito).

IV

DE LA COMPETENCIA

Previo a cualquier decisión, esta Sala debe pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente apelación, y en tal sentido se observa que con relación a los recursos de apelación en materia de amparo constitucional, establecen el artículo 25, cardinal 19, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al delimitar la competencia de esta Sala en materia de amparo constitucional, que le corresponde a esta Sala Constitucional conocer de las apelaciones de las sentencias provenientes de los juzgados superiores de la República, salvo contra las de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, y visto que, en el presente caso, la sentencia objeto del recurso de apelación ha sido dictada y publicada el 25 de octubre de 2018, por la Sala N.º 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, que conoció en primera instancia de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado José Antonio Campisi Fernández, ya antes identificado, actuando en representación de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS, la cual conoció con el expediente identificado con el alfanumérico 2Aa-1020-18, (nomenclatura de esa Corte de Apelaciones), por lo que esta Sala expresa que es competente y asume la competencia para conocer del asunto planteado y  resolver la presente apelación. Así se declara.

V

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

El abogado José Antonio Campisi Fernández, ya antes identificado, actuando en representación de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS, indicó como argumentos del recurso de apelación, lo que a continuación se transcribe:

Que “… ocurro ante ustedes respetuosamente a fin de interponer RECURSO DE APELACIÓN(sic)  de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en contra de la decisión dictada por la Sala N.° 2 de la Corte de Apelaciones del mencionado Circuito Judicial Penal, en fecha (sic) 25 de octubre de 2018, mediante la cual entre otras cosas declaró inadmisible la acción de Amparo Constitucional interpuesta contra la ciudadana MISLEIDY BRACAMONTE, (sic) Juez del antes mencionado Tribunal Cuarto de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control, conforme a lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 ejusdem (sic)”. (Negrillas y mayúsculas propias del escrito).

Que La Sala N.° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, Extensión Barlovento, en fecha (sic) 25 de octubre del corriente año, dictó decisión mediante la cual DECLARA SU COMPETENCIA (sic)  para conocer, e INADMISIBLE (sic)  la acción de Amparo Constitucional interpuesta contra la ciudadana MISLEIDY BRACAMONTE(sic) Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, Extensión Barlovento”.  (Negrillas y mayúsculas propias del escrito).

Que El fundamento jurídico utilizado por la mencionada Sala para llegar a la determinación, se encuentra establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Que Con base a la norma mencionada y al criterio jurisprudencial antes señalado, la Sala N.° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, Extensión Barlovento, en fecha (sic) 25 de octubre del corriente año, declaró: PRIMERO: SU COMPETENCIA (sic) para conocer la acción de Amparo Constitucional, SEGUNDOINADMISIBLE (sic) la acción de Amparo Constitucional interpuesta contra la ciudadana MISLEIDY BRACAMONTE(sic)  Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, Extensión Barlovento. (Negrillas, subrayado y mayúsculas propias del escrito)

Que Todo lo ocurrido en el asunto S4CM-0378-18 (sic) siempre fue una incógnita, desconocido el criterio de la Juez de que la víctima no podía estar presente en la audiencia de imputación, porque era un acto personalísimo del Fiscal y el Imputado, criterio que nos fue manifestado verbalmente, en consecuencia, no lo hacía susceptible de apelación, en razón de ello, y del desconocimiento de las actas al momento de accionar en amparo como única vía posible.  (Negrillas y mayúsculas propias del escrito).

Que “Queda claro entonces que la acción de amparo se ejerció contra un acto arbitrario de la titular del Tribunal Cuarto de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, Extensión Barlovento, violatorio de los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la asistencia jurídica y a la oportuna y adecuada respuesta, establecidos en los artículos 26, 49.1.8 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no susceptible de apelación, contra el cual el único recurso posible era el de Amparo Constitucional

Finalmente, expresaron que: En razón de todo lo antes expuesto, conforme a lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, SOLICITO (sic) de esta honorable Sala de Casación Penal (sic) del Tribunal Supremo de Justicia, DECLARE CON LUGAR (sic) el presente Recurso de Apelación, con sus consecuencias jurídicas subsiguientes (Negrillas y mayúsculas propias del escrito).

VI

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Debe esta Sala, como punto previo, pronunciarse sobre la tempestividad del recurso de apelación propuesto, en atención al criterio vinculante establecido en la decisión N.° 3.027 de 14 de octubre de 2005  (caso: “César Armando Caldera Oropeza”), y al efecto se observa que la decisión objeto de impugnación fue dictada el 25 de octubre de 2018, por la Sala N.º 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, que declaró Inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por la misma apelante, de conformidad con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

El abogado de la parte accionante se dio por notificado de la referida decisión, el 7 de noviembre de 2018, siendo luego el  9 de noviembre de 2018  cuando presentó el escrito contentivo del recurso de apelación, por lo que al haber sido interpuesta la apelación referida, dentro de los tres (3) días calendarios consecutivos, previstos en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y conteste al criterio de esta Sala sostenido en la decisión N.° 501 del 31 de mayo de 2000  (caso: “Seguros Los Andes C.A.”), se concluye que el recurso de apelación fue interpuesto tempestivamente. Asimismo se recibió el cómputo que practicó el 12 de noviembre de 2018, la Secretaría de la Sala N.º 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, y adicionalmente, se aprecia que en la misma oportunidad de interponer el recurso de apelación, la parte accionante consignó conjuntamente el escrito de fundamentación, razón por la cual, el mismo también resulta tempestivo, de conformidad con el criterio establecido por esta Sala en la sentencia N.° 442 del 4 de abril de 2001 (Caso:“Estación de Servicios Los Pinos S.R.L.”), razón por la cual se estimarán los alegatos contenidos en el mismo. Así se declara.

Para decidir, la Sala observa que:

El abogado José Antonio Campisi Fernández, ya antes identificado, actuando en representación de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS, interpone acción de amparo constitucional contra acción de amparo constitucional contra la abogada Misleidy Bracamonte, Juez del Tribunal Cuarto de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, por la presunta violación de derechos constitucionales, cometidos con su actuación o vías de hecho, en razón de que la referida juez del órgano jurisdiccional no permitió el acceso de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS, a la audiencia de imputación que fue realizada el 18 de octubre de 2018, a los ciudadanos Arthur Penas y Richard Oquendo, en representación de la Empresa Danibisk, C.A., por la presunta comisión del delito de Desacato, tipificado en el artículo 538 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, por no acatar la orden de reenganche laboral de la ut supra mencionada accionante, solicitud que formulaba ella por ser la víctima en la causa penal contenida en el expediente identificado con el alfanumérico S4CM-0378-18, (nomenclatura del Tribunal Cuarto de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento).

También refiere la demandante que la solicitud de amparo constitucional, la presenta porque: “Todo lo ocurrido en el asunto S4CM-0378-18 siempre fue una incógnita, desconociendo el criterio de la Juez por qué la víctima no podía estar presente en la audiencia de imputación, porque era un acto personalísimo del Fiscal y el Imputado, criterio que nos fue manifestado verbalmente, en consecuencia, no lo hacía susceptible de apelación, en razón de ello, accionar en amparo es la única vía posible”.

Asimismo, la accionante también destacó que: “Queda claro entonces que la acción de amparo se ejerció contra un acto arbitrario de la titular del Tribunal Cuarto de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, Extensión Barlovento, no susceptible de apelación, contra el cual el único recurso posible era el de Amparo Constitucional”.

La referida pretensión de tutela constitucional fue resuelta, el 25 de octubre de 2018, por la Sala N.º 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, cuando dictó y publicó la decisión en el presente caso, con la cual declaró Inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado José Antonio Campisi Fernández, ya antes identificado, actuando en representación de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que la supuesta agraviada disponía de medios procesales y judiciales preexistentes para recurrir a las vías judiciales ordinarias y atacar la actuación de la abogada Misleidy Bracamonte, Juez del Tribunal Cuarto de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, cuando el 18 de octubre de 2018, le negó el acceso a la audiencia de imputación  que le fue realizada a los ciudadanos Arthur Penas y Richard Oquendo, en representación de la Empresa Danibisk, C.A., ya que es una audiencia para imputar la comisión de delito en la cual estar presente el Juez, el imputado, el Fiscal del Ministerio Público quien hace la imputación y los abogados defensores públicos o privados que garantizarán los derechos constitucionales del imputado.

La demandante reveló que la referida acción de amparo constitucional debió ser admitida y declarada con lugar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y que disiente de la actuación de la mencionada Juez de instancia, por lo cual accionó el amparo, ya que a su decir,  genera inseguridad jurídica y denuncia la violación de derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva -artículo 26- y al debido proceso -artículo 49-, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su condición de víctima de un delito, al no darle acceso y estar presente  en la audiencia de imputación  que fue realizada a los ciudadanos Arthur Penas y Richard Oquendo, en representación de la Empresa Danibisk, C.A., el 18 de octubre de 2018, por la presunta comisión del delito de Desacato, tipificado en el artículo 538 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, por no acatar la orden de reenganche laboral de la ut supra mencionada accionante, además solicita que se declare la nulidad de la audiencia de imputación mencionada, y que se reponga la causa penal al estado de que se realice una nueva audiencia de imputación con la presencia de ella como víctima.

La Sala verificó en el caso de autos, que no consta que la accionante en amparo ejerciera el medio judicial preexistente, como lo es en este caso en concreto, el recurso de revocación, previsto en el artículo 436 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que se trataba de atacar con dicho recurso el auto de mero trámite o auto de sustanciación, que le era supuestamente desfavorable, ya que en su carácter de víctima tenía ese derecho, tal como lo establece el artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal, que instaura el criterio de la impugnabilidad objetiva de las decisiones judiciales, lo cual se  hará sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en el referido texto legal adjetivo.

El Código Orgánico Procesal Penal sobre el recurso de revocación establece lo siguiente:

“Procedencia.

Artículo 436. El recurso de revocación procederá solamente contra los autos de mera sustanciación, a fin de que el tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la decisión que corresponda.

 Recurso durante las Audiencias.

Artículo 437. Durante las audiencias sólo será admisible el recurso de revocación, el que será resuelto de inmediato sin suspenderlas.

 Procedimiento.

Artículo 438. Salvo en las audiencias orales, este recurso se interpondrá en escrito fundado, dentro de los tres días siguientes a la notificación. El tribunal resolverá dentro del plazo de tres días y la decisión que recaiga se ejecutará en el acto”.

Respecto a los autos de mero trámite o de sustanciación del proceso, esta Sala ha señalado que son inapelables, pero pueden ser revocados, criterio establecido en                  la Sentencia N.° 2 del 17 de enero de 2007 (Caso: “Inversiones Garden Place 002, C.A.”), en dicho fallo se señaló lo siguiente:

“Al respecto, se advierte que los autos de mero trámite o de sustanciación del proceso, son providencias interlocutorias que dicta el juez en el curso del proceso, en ejecución de normas procesales, dirigidas a asegurar la marcha del procedimiento, que no implican la decisión de una cuestión controvertida y, que, por no producir gravamen alguno a las partes, son inapelables, pero pueden ser revocados por contrario imperio a solicitud de parte o de oficio por el juez”.

Al momento de iniciarse el 18 de octubre de 2018, la audiencia de imputación que fue realizada a los ciudadanos Arthur Penas y Richard Oquendo, en representación de la Empresa Danibisk, C.A., por la presunta comisión del delito de Desacato, tipificado en el artículo 538 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, por el Ministerio Público ante el Tribunal Cuarto de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento en la causa penal contenida en el expediente identificado con el alfanumérico S4CM-0378-18 (nomenclatura de ese Juzgado), al decir del abogado José Antonio Campisi Fernández, ya antes identificado, apoderado de la víctima le fue negado el acceso a presenciar dicha audiencia de imputación a su representada MARIELA BOLLERO DE OSTOS.

Suponiéndose como cierta esa decisión o actuación de la Jueza del Tribunal Cuarto de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, sin lugar a dudas, es una decisión oral que constituye un auto de sustanciación o de mero trámite que conlleva a la organización del proceso penal, ya que la jueza solo dio acceso a dicha audiencia de imputación a las partes que la legislación adjetiva penal les da esa oportunidad, tal como se establece en el artículo 356 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual es del tenor siguiente:

“Audiencia De Imputación.

Artículo 356. Cuando el proceso se inicie mediante la interposición de una denuncia, querella o de oficio, el Ministerio Público luego de la investigación preliminar y la práctica de las diligencias tendientes a investigar y hacer constar la comisión del delito, las circunstancias que permitan establecer la calificación y la responsabilidad de los autores y demás partícipes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración; solicitará al tribunal de instancia municipal proceda a convocar al imputado o imputada debidamente individualizado o individualizada para la celebración de una audiencia de presentación, la cual se hará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su citación. En la audiencia de presentación, además de verificarse los extremos previstos en el artículo 236 de este código, la legitimidad de la aprehensión, y la medida de coerción personal a imponer; el ministerio público realizará el acto de imputación, informando al imputado o imputada del hecho delictivo que se le atribuye con mención de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su comisión, incluyendo aquellas de importancia para la calificación jurídica y las disposiciones legales que resulten aplicables. En esta audiencia, el juez o jueza de instancia municipal, deberá imponer al imputado del precepto constitucional que le exime de declarar en causa propia, e igualmente le informará de las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso, las cuales, de ser solicitadas, podrán acordarse desde esa misma oportunidad procesal, con excepción del procedimiento especial por admisión de los hechos. La resolución de todo lo planteado se dictará al término de la audiencia de presentación. Cuando el proceso se inicie con ocasión a la detención flagrante del imputado o imputada, la presentación del mismo se hará ante el juez o jueza de instancia municipal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su detención, siguiéndose lo dispuesto en el primer y segundo aparte de este artículo.

 El Ministerio Público, realizará el acto de imputación, informando al imputado del hecho delictivo que se atributa y se indicarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión del hecho punible donde se incluirán aquellas de importancia para la calificación jurídica y las disposiciones legales aplicables.

 En esta audiencia de presentación el Juez de Instancia Municipal deberá imponer al imputado del precepto constitucional que le exima declarar en su contra.

 También le informa el Juez al imputado de las fórmulas alternativas a la prosecución de proceso, las cuales deben ser solicitadas y podrán acordarse desde esa misma oportunidad procesal”.

Aunado a todo lo planteado, la accionante se abstuvo de expresar en su interposición del amparo constitucional las razones suficientes y valederas que justifiquen el por qué acudió a ese mecanismo constitucional, sin haber optado a concurrir a la vía ordinaria para el restablecimiento de la situación jurídica denunciada como infringida, tal como lo exige la jurisprudencia sostenida reiteradamente desde esta Sala Constitucional. (Vid. Sent. N.° 939 del 15 de febrero de 2000, caso: Stefan Mar, y específicamente la Sent. N.º 4.818 del 14 de diciembre de 2005, caso: Luis Márquez Marín).

En la presente causa, la apelante denuncia la supuesta lesión constitucional que le produjo la decisión del amparo, dictada el dictada el 25 de octubre de 2018, por la Sala N.º 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, ya que a su decir, esa decisión atenta contra el debido proceso, en su perjuicio, sin embargo analizados como han sido los hechos que rodean el presente caso, a la luz de la disposición legal y al criterio jurisprudencial señalado, esta Sala Constitucional, actuando como tribunal de alzada en el presente proceso de amparo, concluye que la sentencia dictada, se encuentra ajustada a derecho, ya que en el caso sub lite ha sido constatada la configuración de la causal de inadmisibilidad prevista en el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pues se verifica que la accionante no utilizó los mecanismos judiciales ordinarios para el logro de los fines que pretende ahora alcanzar con la presente acción de amparo, con lo cual se configura la causal de inadmisibilidad ya referida,  razón por la cual esta Sala, conforme a los argumentos que preceden,  declara sin lugar la apelación interpuesta y confirma por las razones expuestas, la sentencia apelada. Así se declara.

El artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales., enuncia lo siguiente:

Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:

(…)

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes…”.

La disposición antes transcrita, fue interpretada por esta Sala en la Sentencia N.° 2369 del 23 de noviembre de 2001 (Caso: “Mario Téllez García y otro), en dicho fallo se señaló lo siguiente:

“En concordancia con lo expuesto anteriormente, la Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo.

 Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.

No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad.

 En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los  artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de Moisés Nilve).

 Lo expuesto anteriormente, lleva a concluir, entonces, que la norma en análisis, no sólo autoriza la admisibilidad del llamado “amparo sobrevenido”, sino que es el fundamento de su inadmisibilidad, cuando se dispone de un medio idóneo para el logro de los fines que, a través del amparo, se pretende alcanzar”. (Subrayados del fallo y resaltado de la presente decisión).

En esta misma línea de criterio jurisprudencial, esta Sala Constitucional, en sentencia N.° 716, del 9 de julio de 2010, (Caso: Gimbet Transporte Marítimo de Cabotaje Nacional e Internacional S. A.) afirmó que:

“… el auto de juzgamiento que, en la presente causa, fue atacado, mediante la interposición de la demanda de amparo, era subsumible en el supuesto de auto impugnable mediante apelación que prescribe el artículo 447.5 del Código Orgánico Procesal Penal, tal como la misma accionante admitió;

 3.3. De acuerdo, entonces, con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la doctrina interpretativa de dicha norma legal que esta Sala ha sostenido desde muy antiguo –y, por el presente medio ratifica- de interpretación del artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (véase, por ejemplo, sentencia n.o 848, de 28 de julio de 2000, en armonía con la n.° 1496, de 13 de agosto de 2001), es inadmisible la acción de amparo cuando el quejoso, al tiempo de la interposición de la demanda, ya hubiera utilizado medios judiciales preexistentes y disponibles para los mismos fines que fundamentaron su ulterior presentación de dicha pretensión de tutela, o bien, que, no obstante la disponibilidad de vías jurídicas ordinarias o de medios judiciales preexistentes, para la provisión de adecuada y oportuna provisión de tutela a sus derechos fundamentales, opte por el ejercicio anticipado de la acción de amparo y no acredite la existencia de una situación en la cual tales medios ordinarios no sean suficientes para proveerle una tutela judicial eficaz y oportuna a sus derechos fundamentales … (Resaltado y subrayado del presente fallo)”

De la doctrina antes transcrita, se desprende que, la acción de amparo constitucional presupone la inexistencia de un medio procesal idóneo contra la providencia adversada en amparo o, en caso de existir éste, la imposibilidad de ejercerlo útilmente. En el caso de autos, la Sala observa que se encontraba a disposición de la accionante el recurso de revocación de autos, establecido en el artículo 436 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, medio idóneo y eficaz para hacer valer las razones invocadas contra la decisión cuestionada y, a pesar de ello, no consta que haya sido utilizado por ésta, ni constan si las hubo, las circunstancias que hayan imposibilitado su ejercicio.

De las transcripciones anteriores, observa la Sala que contradictoriamente a lo señalado por la impugnante, la decisión que dictó, el 25 de octubre de 2018, la Sala N.º 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, se encuentra ajustada a derecho y, cumple con el requisito de motivación y congruencia, pues en ella se precisa con toda claridad tanto  las razones que conllevaron al juzgado a quo constitucional a declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta, visto el carácter extraordinario de la institución del amparo constitucional, se desvirtuaría en el supuesto que sea utilizado este último como medio para satisfacer cualquier pretensión, lo cual vulneraría el equilibrio y subsistencia entre el amparo y los demás medios judiciales preexistentes, sustituyendo así la acción de amparo todo el ordenamiento procesal del derecho positivo. Existiendo en el ordenamiento jurídico vigente un medio ordinario, debe el amparo ceder ante la vía ordinaria. Así se declara.

Precisado lo anterior, estima esta Sala, que la Sala N.º 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, actuó ajustadamente al derecho y la jurisprudencia, ya que con su decisión no vulneró ningún derecho ni garantía constitucional a la apelante. Así se declara.

Finalmente, en fuerza de las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que dictó, el 25 de octubre de 2018, la Sala N.º 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, que declaró Inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado en ejercicio, José Antonio Campisi Fernández, ya antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS, de conformidad con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y como consecuencia se CONFIRMA la decisión dictada, por la mencionada Corte de Apelaciones. Así se decide.

VII

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley declara:

1.- Que esta Sala tiene COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación de amparo constitucional, interpuesto, el 9 de noviembre de 2018, por el abogado en ejercicio, José Antonio Campisi Fernández, ya antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOScontra el fallo dictado, el 25 de octubre de 2018, por la Sala N.º 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, que declaró Inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por la misma apelante, de conformidad con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado en ejercicio, José Antonio Campisi Fernández, ya antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS, contra la decisión dictada el 25 de octubre de 2018, por la Sala N.º 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento.

3.- CONFIRMA la mencionada decisión que declaró INADMISIBLE, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la pretensión de amparo incoada por el abogado en ejercicio, José Antonio Campisi Fernández, ya antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARIELA BOLLERO DE OSTOS.

Se ORDENA a la Secretaría de la Sala que notifique por vía telefónica a las partes del presente proceso penal, sobre el contenido de la presente decisión, conforme con lo señalado en el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 8 días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021). Años: 210° de la Independencia y 162° de la Federación.

La Presidenta,

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

El Vicepresidente,

ARCADIO DELGADO ROSALES

Los Magistrados,

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

CALIXTO ORTEGA RIOS

                (Ponente)

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

RENÉ ALBERTO DEGRAVES ALMARZA

 

El Secretario,

CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE

No firman la presente sentencia la magistrada Dra. Carmen Zuleta de Merchán por motivo justificado,

y el magistrado Dr.Juan José Mendoza Jover, quien no asistió por motivo justificado.

El Secretario (T),

CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE

 

 

18-0752

COR.

Derecho Adjetivo y Sustantivo Penal

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